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Violencia, discriminación e impunidad impiden el pleno goce de los derechos de la mujer

por 8 marzo 2010

Violencia, discriminación e impunidad impiden el pleno goce de los derechos de la mujer
La discriminación es una de las principales causas de la violencia contra la mujer, que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, debido a la cultura machista y a los estereotipos sexistas que la subordinan.

En algunos países de América Latina, hasta 42% de las mujeres es víctima de violencia física y cerca de 60% sufre violencia psicológica; mientras tanto, hasta 11% de las mujeres dicen haber sido víctima de violencia sexual y un tercio puede sufrir violencia económica.

La discriminación es una de las principales causas de la violencia contra la mujer, que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, debido a la cultura machista y a los estereotipos sexistas que la subordinan.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señala que uno de los aspectos más graves que propicia la violencia contra la mujer es la impunidad (ver declaración adjunta). El Consejo de Derechos Humanos, en el contexto del Examen Periódico Universal, y otros órganos de protección, al examinar la situación de derechos humanos en la región, han expresado su preocupación  por los altos índices de impunidad para los casos de violencia contra la mujer.

La erradicación de la violencia contra la mujer debe convertirse en un objetivo central y prioritario de las políticas públicas, ya que se trata de una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Para ello, los Estados deben formular políticas públicas integrales que incluyan medidas administrativas, legislativas y judiciales para abordar las causas y consecuencias de las distintas formas de violencia, combatir la impunidad y asegurar la protección, reparación y asistencia para las víctimas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el cumplimiento de su mandato, promueve la aplicación de los estándares internacionales en materia de discriminación contra la mujer y el principio de  debida diligencia del Estado en relación con la violencia.

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