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La empresa en que coincidieron las más altas autoridades ambientales de Piñera

Los Infiltrados

por 1 septiembre 2010

Los Infiltrados
Todos los cargos clave de la institucionalidad ambiental tienen algo en común: trabajaron en Gestión Ambiental Consultores (GAC). No sólo eso: la ministra, el director ejecutivo de Conama, el jefe del Departamento de Recursos Naturales y un miembro del Consejo Consultivo de la Conama, desarrollaron el Estudio de Impacto Ambiental de la otra termoeléctrica que pretende instalarse al lado de Punta de Choros. Un conflicto de interés que implica a toda la línea de mando de la Conama.

El 31 de marzo de 2011 la Conama Regional de Coquimbo deberá finalizar la evaluación ambiental de la Central Termoeléctrica Cruz Grande, que pretende instalarse a 30 kilómetros de Punta de Choros.

A sólo cinco kilómetros de donde pretendía instalarse la polémica central Barrancones, de Suez-Energy -aprobada por la Corema de Coquimbo y luego rechazada por el Presidente Sebastián Piñera-, la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) tiene otro proyecto a carbón en carpeta. Y según anunció la compañía, “no está contemplado retirar el proyecto”.

Más allá de las consecuencias políticas o del destino de la iniciativa de US$ 460 millones, la institucionalidad ambiental que deberá evaluar y decidir si dar viabilidad o no al proyecto, enfrenta un duro dilema relacionado con conflictos de interés. Todos relacionados con Gestión Ambiental Consultores (GAC), firma encargada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Cruz Grande.

GAP-Amigos

La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue gestora de proyectos de GAC, la consultora propiedad del actual representante del Centro de Estudios Públicos (CEP) en el Consejo de la Conama,  Ricardo Katz.

Desde que Katz fundó GAC en 1992, Benítez trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas. En su cargo como jefa de proyectos formó parte del equipo que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande. Varios de sus profesionales ocupan hoy puestos claves en la institucionalidad ambiental.

Desde que Katz fundó GAC en 1992, Benítez trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas. En su cargo como jefa de proyectos formó parte del equipo que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande.

La ministra fue coordinadora del proyecto. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Ignacio Toro, participó en el área de modelación de descarga del efluente.

Ricardo Katz, en tanto, actuó como director y estuvo a cargo de la supervisión general. También participó el actual jefe del Departamento de Recursos Naturales, Leonel Sierralta, que supervisó la línea base de la iniciativa.

La directora de Conama de la Región de Coquimbo, donde pretende instalarse la central a carbón de CAP, Claudia Rivera, también trabajó en Gestión Ambiental Consultores. Actualmente su esposo continúa laborando allí.

El lunes, la senadora Soledad Alvear solicitó a la ministra Benítez que se inhabilite de pronunciarse sobre la factibilidad ambiental de Cruz Grande. Además, se entrevistó con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le expuso la situación de las autoridades ligadas al EIA de la termoeléctrica de GAC.

Crédito: Felipe Pimentel


El solucionador ambiental

Como gestora de proyectos en GAC, el rol de la ministra Benítez durante casi 20 años fue el de tramitar e impulsar iniciativas  energéticas. Algunas de las compañías en que ha liderado proyectos, además de CAP, son Endesa, Elecmetal, del grupo Claro y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte.

Familia a la que, según fuentes del sector, Ricardo Katz está muy ligado. De hecho se lo reconoce como “el consultor ambiental de los Matte. Lleva todos los temas de la papelera (CMPC)”. Pero además, es conocido por ser el “solucionador de problemas” ambientales complicados de grandes grupos económicos, como los Angelini y los Luksic “que varias veces han recurrido a él”.

Desde la década de los ’80 el ingeniero civil ha estado ligado al tema ambiental. Mientras trabajaba en la Intendencia Metropolitana y en la Comisión Nacional de Energía, conoció a Benítez, que trabajaba en la Oficina de Planificación (Odeplan).

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, formó parte de la primera comisión encargada de los problemas de contaminación de la capital, tras lo cual fundó GAC.

“Súper” conflicto de interés

Según un abogado experto en el tema, hay una serie de leyes relacionadas con conflictos de interés por los que las autoridades deben abstenerse. Entre ellos el artículo 12 y 11 de la ley de Procedimientos Administrativos. O el dictamen de la Contraloría que marca jurisprudencia al respecto.

Por lo tanto “todas estas autoridades deberían inhabilitarse”. Y en base a este dictamen “no sólo tendrían que abstenerse de decidir sino de participar de todo el procedimiento”, explica el abogado.

Y recalca que “este caso es una situación extrema de conflicto de interés. Hasta el momento todo el debate que ha existido ha recaído en una autoridad en particular,  pero cuando el nombramiento del equipo completo está ligado a una misma empresa se genera un lío de proporciones, porque podría dejar a un sector sin autoridades que decidan o que despierten sospechas frente a su imparcialidad. Y aquí tienes toda la línea de la Conama comprometida”.

En la práctica, los cargos más importantes de la institucionalidad ambiental deberían dejar el proceso de evaluación de Cruz Grande a subrogantes. “Se produce un problema de ética pública muy grande. ¿Cómo una consultora literalmente se instala en la autoridad ambiental?”.

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