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Oficiales (r) del Ejército condenados por violación a los DD.HH. anuncian huelga de hambre

por 14 septiembre 2010

Oficiales (r) del Ejército condenados por violación a los DD.HH. anuncian huelga de hambre
Los militares admiten, por primera vez de forma pública y explícita, su responsabilidad y autoría en crímenes contra los derechos humanos.

Un grupo de nueve oficiales en retiro del Ejército, condenados por violaciones a los derechos humanos, anunciaron este martes el inicio de una huelga de hambre en demanda de beneficios carcelarios.

En una "proclama" enviada a algunos medios de comunicación, los reclusos, se consideran "presos políticos militares" y anuncian el comienzo de una huelga de hambre "irrenunciable e indeclinable".

Un punto novedoso del comunicado es que los militares admiten, por primera vez de forma pública y explícita, su responsabilidad y autoría en crímenes contra los derechos humanos.

Al comienzo de la proclama, señalan que son "miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en adelante "los presos políticos militares, que cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990".

En el texto, los represores exigen que se otorgue "inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos" a través de la modificación de sus penas.

También exigen que a todos los condenados se les aplique una pena única y máxima de diez años de prisión, "para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo".

En este punto, precisan que piden igualdad respecto de 282 presos políticos cuyas penas fueron conmutadas durante los gobiernos de los ex Presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos (2000-2006).

En ese período, fueron favorecidos con reducciones o conmutación de penas presos políticos de izquierda, pertenecientes a grupos que combatieron contra la dictadura del general Augusto Pinochet, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y Mapu Lautaro.

Lo anterior, según los el grupo de ex militares, supone una "notoria y evidente desigualdad con que el Estado de Chile ha tratado a los presos políticos militares, respecto de otros presos políticos habidos en estos últimos veinticinco años en el país".

También sostienen que existe una "injusta segregación contra los presos políticos militares", al estar al margen de "beneficios intrapenitenciarios ni de libertad condicional", pese a considerar que reúnen los requisitos para ello".

Citan los casos de ocho reclusos de la cárcel de Punta Peuco, construida especialmente para uniformados violadores de derechos humanos al norte de Santiago, que han pasado "más de 18 años en prisión" sin haber jamás recibido algún beneficio.

Los firmantes del documento, que precisan que en adelante sólo ingerirán algunos líquidos, son encabezados por el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974.

También firman los ex brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike, los dos últimos condenados también por el caso Prats y el primero por el homicidio del ciudadano argentino Ernesto Lejderman.

Otros son el coronel Juan Morales Salgado, también sentenciado por el caso Prats; el teniente coronel Emilio Neira Donoso, condenado por la ejecución de doce militantes de izquierda en 1987; el ex capitán Jorge Vargas Bories, condenado por el crimen del periodista José Carrasco Tapia en 1986.

Los restantes son el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, condenado a dos cadenas perpetuas por los homicidios del líder sindical Tucapel Jiménez y de un carpintero el teniente de la Marina Sergio Rivera, condenado por el crimen de un campesino en el sur del país.

La decisión de los ex militares se suma a la huelga de hambre que desde hace 65 días mantienen 34 comuneros mapuches presos en cárceles del sur del país, que exigen la no aplicación de la ley antiterrorista en sus casos ni ser sometidos a un doble proceso, ante tribunales civiles y militares.

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