Primero fue el ex subdirector jurídico del organismo, Rafael Marambio, quien sorprendió hace algunos días al reconocer que los abogados de la constructora le costearon en febrero pasado un viaje a Buenos Aires. Y luego declararon el renunciado director del Serviu, Antonio Llompart, y el ex subdirector de Pavimentación y Obras Viales, Franz Greve. Este último, compareció este miércoles por más de cuatro horas en dependencias del Ministerio Público.
Tres de los funcionarios del Serviu metropolitano que jugaron un rol clave en las negociaciones para indemnizar con 17.000 millones de pesos a la constructora Kodama, por los retrasos del corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, pago que fue visado y más tarde paralizado por la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, ya prestaron declaración ante el fiscal centro norte José Morales.
Al ex subdirector jurídico de la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Rafael Marambio, quien abrió una arista hace algunos días al reconocer que uno de los abogados de Kodama le financió un viaje a Buenos Aires -en momentos que la firma había demandado a la repartición estatal para exigir la abultada compensación económica- se sumaron el ex director del Serviu, Antonio Llompart (en la foto), y el ex subdirector de Pavimentación y Obras Viales, Franz Greve.
Este último, de profesión ingeniero civil, compareció este miércoles por más de cuatro horas ante Morales en dependencias del Ministerio Público. Al término de la diligencia, su abogado, José Ignacio Escobar, manifestó que hizo entrega de abundante documentación del caso. De hecho, su declaración no ha terminado y proseguirá el jueves a las 09:00 horas en la Fiscalía Centro Norte.
«Se aportó una gran cantidad de antecedentes y explicaciones de los hechos que se están investigando. Básicamente el fiscal quiere formarse una impresión de los hechos y mi cliente maneja una gran cantidad de antecedentes que pueden ayudar en ese sentido», dijo a Emol. Y enfatizó que «mi cliente tiene tranquilidad respecto de todo el proceder que tuvo en relación a los contratos y al corredor de Pedro Aguirre Cerda y se declara inocente».
Con el correr de las horas, el Ministerio Público ha recopilado una serie de antecedentes para establecer cómo se gestó el frustrado acuerdo indemnizatorio a Kodama y qué factores llevaron a la ministra Matte a paralizar el pago a la empresa, al que ya le había dado el visto bueno a través del decreto exento número 8 de su cartera.
31 de enero: Según detalló el vespertino La Segunda, fue este día cuando las alarmas se encendieron en el ministerio. Esto luego que el decreto rubricado por la secretaria de Estado llegó a manos de un ex asesor de la Subsecretaría de Vivienda y un jefe del área técnica, a quienes les llamó la atención el elevado desembolso fiscal que consideraba el dictamen ministerial, por lo que pusieron al corriente de la situación al subsecretario Andrés Iacobelli, quien convocó a una reunión para analizar el asunto a la que asistieron el jefe de Finanzas del Minvu, Daniel Johnson; el jefe del departamento de Fiscalización y Control, Ananías González; y por parte del Serviu el subdirector Jurídico Rafael Marambio y la subdirectora de Finanzas, Sandra Fuentes. En el encuentro se explicaron los problemas del corredor del Transantiago que motivó la demanda que había presentado Kodama y se pidieron explicaciones a Llompart.
2 de febrero: El director del Serviu envió al Ministerio el informe que elaboró el Dictuc de la Universidad Católica y que sirvió de base para establecer el monto de la indemnización. Pero luego de un análisis técnico, se determinó que los criterios utilizados no eran los adecuados.
6 de febrero: Se estableció que el corredor del Transantiago nació por un mandato del Minvu, por lo que el Serviu no tenía atribuciones para asumir ni defensa ni demanda alguna, ya que sólo estaba prestando un servicio.
7 de febrero: Fuentes, María José Ramírez y Marambio sostuvieron otra reunión con el equipo del Minvu, donde se indicó que el estudio técnico para el pago de la indemnización lo elaboró el subdirector de Pavimentación, Franz Greve, quien en esa fecha estaba de vacaciones. Marambio, además, dio cuenta de su cercanía con la constructora y de su papel activo en las negociaciones al señalar que Kodama tenía la disposición de revisar la transacción.
8 de febrero: Se realiza una nueva reunión para analizar el tema en la que sí estuvo presente Greve.
9 de febrero: El tema cobra mayor relevancia y se realiza una nueva reunión, esta vez encabezada por la ex ministra Matte y en la que participaron su asesor legal, Álvaro Baeza; la analista del gabinete Patricia Sepúlveda y el contralor interno, Guillermo Guzmán, además de técnicos de la cartera. En la oportunidad se analizó si el pago de la indemnización le correspondía al Serviu o al Ministerio de Obras Públicas. La información de La Segunda recoge testimonios que aseguran que en esa oportunidad Baeza podía demandar a quien estimara conveniente.
11 de febrero: El Minvu define una estrategia que considera paralizar el pago, al considerar que la demanda de Kodama no dfebía ser contra el Serviu sino que contra la cartera y que la defensa debía asumirla el Consejo de Defensa del Estado, todo lo cual quedó establecido en un oficio que fue enviado por Iacobelli, sin considerar las observaciones de Baeza en cuanto a que el monto pactado no le extrañaba.
8 de marzo: Luego de una serie de reuniones para tratar el tema durante febrero y principios de marzo, la jefa de la división jurídica del Minvu, Mirna Jugovic, informó en un nuevo encuentro que el subsecretario instruyó un oficio para frenar el pago. Baeza advirtió que había que tener cuidado sobre la manera de notificar a Kodama, ya que podía hacer efectivo el cobro del acuerdo previo. Ese mismo día, por la tarde, los abogados de Kodama Rodrigo Calderón y Rodrigo Alcaíno se reunierpn con Baeza, Llompart y Jugovic, entre otros funcionarios. Se indicó que fue Jugovic la que notificó Calderón que se anularía el pago y que el análisis técnico partiría de cero, a lo que el profesional respondió solicitando que se mantuviera vigente el acuerdo.
9 a 10 de marzo: Se evaluó la posibilidad de enregar el caso al Idiem de la Universidad de Chile para contrastar sus resultados con los del Dictuc. La entidad habría cobrado 50 millones por un informe desde cero. Sin embargo se optó por revisar el informe del organismo dependiente de la UC.
25 de marzo: Llega a la cartera el preinforme del Idiem, que establece que al menos el 65% de lo cobrado por Kodama no corersponde.
