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Su hermano, Eduardo Morel, asesoró proyecto de Colbún

HidroAysén salpica a la Primera Dama en medio de acusaciones de conflictos de interés

por 10 mayo 2011

HidroAysén salpica a la Primera Dama en medio de acusaciones de conflictos de interés
El dato incendió Twitter y los opositores a la megacentral -que se aprobó ayer- afirman que esto vulnera el principio de probidad administrativa. A esto se suma que hace dos semanas, Endesa, una de las empresas socias de la iniciativa energética, donó un millón de euros a la fundación que dirige Cecilia Morel. Por su parte, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, abrió ayer otro flanco al señalar que “para el país sería bueno que se aprobara HidroAysén”, lo que algunos leyeron como presión indebida sobre sus subalternos, los seremis que por la tarde votaron favorablemente la iniciativa.

La noche del domingo, un dato que casi había pasado al olvido incendió Twitter. A pocas horas de la votación clave de uno de los proyectos energéticos más controvertidos de los últimos años, el nombre del hermano de la Primera Dama, Eduardo Morel Montes, se convirtió en uno de los temas más comentados.

Morel, ingeniero civil de la Universidad de Chile, es director suplente de HidroAysén; además de ser gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún, empresa que junto a Endesa construirá 5 mega represas en la Patagonia; un proyecto que ayer vivió un día clave ya que luego de casi tres horas fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.

De esta forma, un nuevo “conflicto” caía en los patios de La Moneda.

Las críticas ya habían salpicado a Cecilia Morel hace dos semanas, cuando a días de la votación, la Fundación Endesa realizó un aporte de un millón de euros a la Iniciativa Desafío Levantemos Chile. ¿El objetivo?: reconstruir seis jardines infantiles de Fundación Integra que resultaron afectados por el terremoto y tsunami. En ese minuto, y en compañía del director general de Latinoamérica de Endesa, Ignacio Antoñanzas, dio las gracias por el aporte.

El vínculo con el hermano de la Primera Dama, es el nexo más cercano al presidente Sebastián Piñera con el polémico proyecto, en un momento en que diversos cuestionamientos por conflictos de interés y presiones indebidas han cuestionado la legitimidad del proceso de aprobación ambiental del mismo.

Eduardo Morel Montes es asesor del Grupo Matte hace más de 25 años. Ha supervisado directamente la ingeniería y construcción de más de 15 centrales del grupo. Fue nombrado director suplente en 2006 cuando se creó la empresa HidroAysén y ha asesorado al director de Colbún en HidroAysén –Bernardo Larraín Matte– en materias técnicas con respecto al polémico proyecto, según confirmaron en la misma compañía.

En HidroAysén debe reemplazar en sus cargos a Luis Felipe Gazitúa o a Bernardo Larraín Matte, directores titulares de la empresa, en caso de ausencia. Sin embargo, nunca ha tenido que cumplir con este rol. Colbún tiene el 49% del proyecto hidroeléctrico.

Su relación con el mega proyecto y el vínculo con el presidente Piñera ha sido cuestionado por los opositores, quienes esgrimen que según la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa situaciones como intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”.

En el  gabinete de la Primera Dama se informó que no se harían declaraciones sobre el punto.

Otros conflictos

No es el primer conflicto que acerca a La Moneda el mega proyecto, que cuenta con un 61% de rechazo a nivel nacional, según una encuesta IPSOS.

Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “para el país sería bueno que se apruebe HidroAysén”, despertando la ira de los opositores a las represas que vieron en esta acción una forma de presión. El jefe de bancada DC, Aldo Cornejo, señaló que es “una abierta presión indebida (…) más aún si consideramos que es el jefe directo de varios de los funcionarios que hoy deberán pronunciarse en la tarde en esta crucial votación”.

En cuanto a la ofensiva de los grupos ambientalistas para impugnar la decisión que da luz verde a las represas, estas pueden seguir tres caminos. Ayer el senador Juan Pablo Letelier (PS) mencionó uno: “Podemos ir a organismos internacionales por HidroAysén”, señaló.

Por su parte, Antonio Horvath (RN), senador por la zona, señaló frente a los dichos del jefe de gabinete que "le parecen muy desafortunados, porque él (Hinzpeter) en el fondo lo que hace ver es que le gustaría que aprueben a sus subordinados, y eso en nuestro país eso no puede pasar. La ley es para aplicarla bien y la institucionalidad es para que funcione, no para que se burlen de ella", dijo.

Además de esta situación que surgió en la mañana de ayer, en el camino la mayoría de los seremis que debían votar se inhabilitaron para hacerlo, por diversos conflictos de interés, aunque no se restaron de participar en las evaluaciones.

Uno de los cuestionamientos más serios se dirigió a Pablo Terrazas, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, quien posee terrenos que podrían ser inundados con el proyecto y por los que recibiría, eventualmente, una indemnización millonaria. Su hermano, Nicolás Terrazas, seremi de Vivienda de Aysén, debía votar la aprobación de las represas. Este último ha sido objetado por los grupos ambientalistas no sólo por la situación de su hermano, sino que también por las razones que dio para inhabilitarse: su padre asesoró a AG Río Baker, organización que ha negociado con la compañía.

En cuanto a la ofensiva de los grupos ambientalistas para impugnar la decisión que da luz verde a las represas, estas pueden seguir tres caminos. Ayer el senador Juan Pablo Letelier (PS) mencionó uno: “Podemos ir a organismos internacionales por HidroAysén”, señaló.

Sin embargo, grupos opositores aseguraron que apelarán a la decisión ante el Consejo de Ministros, integrado por 13 miembros y que en caso de ser convocado tiene 60 días de plazo –a partir del 16 de mayo– para pronunciarse. La otra vía es recurrir a la justicia.

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