Responsabilidad penal adolescente: el riesgo de legislar desde la urgencia

Cada cierto tiempo, un delito especialmente violento cometido por un adolescente reinstala el mismo debate: si endurecer las penas, si reducir la edad de imputabilidad o si equiparar el tratamiento penal de los menores con el de los adultos.

Es una discusión comprensible desde la conmoción, pero precisamente por eso exige la mayor responsabilidad técnica. Las políticas penales no deberían construirse al calor de la indignación.

Chile tiene un problema serio con la delincuencia juvenil y con la creciente utilización de adolescentes por parte del crimen organizado. Eso no admite discusión. Pero pretender que la solución pasa únicamente por aumentar las sanciones es un error de enfoque.

No es posible tratar jurídicamente igual a un adolescente y a un adulto. No solo porque Chile está obligado por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino porque existe una diferencia evidente en el desarrollo, la madurez y la capacidad de comprensión de quienes no han alcanzado la mayoría de edad.

Si un joven de 16 o 17 años debe asumir exactamente la misma responsabilidad penal que un adulto, habría que reconocerle también la totalidad de los derechos de esa condición, como votar o casarse sin autorización. Esa inconsistencia muestra lo que ocurre cuando la discusión se reduce al ámbito penal.

Resulta preocupante, además, que el debate se concentre casi exclusivamente en el aumento de las penas, cuando el verdadero fracaso del sistema está en otro lugar. La reinserción de adolescentes infractores simplemente no está funcionando: los programas presentan enormes deficiencias y, en muchos casos, los centros terminan profundizando las trayectorias delictuales en lugar de corregirlas. Si el objetivo es disminuir la reiteración o la reincidencia, allí debería estar el principal esfuerzo.

El problema tampoco es solo la severidad de las condenas, sino la eficacia de la persecución penal. Para quien delinque, el efecto disuasivo de una pena mayor es prácticamente inexistente si percibe que las probabilidades de ser detenido, investigado y condenado siguen siendo bajas. A ello se suman las falencias prácticas del sistema: sanciones cuya aplicación efectiva se ve limitada por falta de infraestructura y recursos, y demoras en la tramitación que debilitan la respuesta frente a quienes reinciden una y otra vez.

La delincuencia juvenil tampoco puede analizarse aislada del crimen organizado. Muchos adolescentes son utilizados por bandas precisamente porque sus responsables conocen las diferencias del régimen sancionatorio. El verdadero desafío es perseguir con mayor eficacia a quienes instrumentalizan a menores, fortaleciendo las capacidades investigativas del Estado y la coordinación entre las instituciones de seguridad y persecución penal.

Nada de esto implica renunciar a la firmeza frente al delito. Significa entender que la seguridad pública requiere políticas integrales y no respuestas simbólicas. Prevenir, investigar oportunamente, sancionar eficazmente y ofrecer mecanismos reales de reinserción deben avanzar de manera conjunta.

Las reformas en materia de responsabilidad penal adolescente son necesarias, pero si se construyen desde el populismo penal o como respuesta inmediata a hechos de alta connotación pública, difícilmente resolverán el problema de fondo.

La seguridad exige políticas de Estado, inversión sostenida y la capacidad de mirar más allá de la coyuntura. Solo así será posible evitar que una nueva generación de adolescentes sea reclutada por el delito antes de que el Estado llegue, una vez más, demasiado tarde.