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Ingresan proyecto que agrava sanciones en contra de dirigentes sindicales que participen en actos de violencia

El diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe aseguró que resulta “incomprensible” y “repudiable” el ataque perpetrado el 11 de octubre en contra de la sede parlamentaria de Van Rysselberghe, que fue encabezado por el presidente Regional de la CUT en Concepción, Alex Iturra».


El diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe ingresó al Parlamento un proyecto de ley que pretende agravar las sanciones en contra de aquellos dirigentes sindicales que participen en actos de violencia, ya sea a personas o daños a la propiedad pública y privada.

El parlamentario aseguró que resulta “incomprensible” y “repudiable” el ataque perpetrado el 11 de octubre «por un grupo de jóvenes de los partidos comunista y socialista en contra de la sede parlamentaria de Van Rysselberghe, el cual fue encabezado por el presidente Regional de la Central Unitaria de Trabajadores en Concepción, Alex Iturra».

“Las funciones sindicales tienen como objetivo defender los intereses de los trabajadores y no realizar activismo político ni actos de violencia contra las personas. Todos quienes tenemos un cargo de representación debemos ser particularmente cuidadosos en no caer en acciones que atenten contra la seguridad de las personas y que vayan en contra del pluralismo y la diversidad de opiniones que existen en nuestro país, situación que en el caso de los parlamentarios está prevista con la pérdida del cargo”, subrayó.

En concreto, el texto legal establece como circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, constituyendo como agravante de la misma, las acciones de dirigentes sindicales que en el ejercicio de su cargo  participen en actos que causen lesiones a personas ó daños a la propiedad pública o privada, situación que actualmente no se encuentra debidamente sancionada en nuestra legislación penal.

“Abrigo la esperanza que iniciativas como ésta promuevan una participación responsable de nuestros dirigentes sindicales en la vida laboral y social chilena, siempre en un plano de respeto al orden legítimamente establecido”, concluyó.

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