¿Hasta cuándo restringimos el potencial de los gobiernos regionales?

Me tocó vivir la siguiente escena en una reunión multilateral: Contrapartes de algunas grandes capitales de Latinoamérica me preguntaron cuál es la diferencia en Chile entre una municipalidad, una delegación y un gobierno regional.

Explicar los detalles de ese entramado a una audiencia internacional es todo un desafío, especialmente cuando se trata de zonas metropolitanas como Santiago.

Uno de los ejemplos que di fue el rol que cumplen los gobiernos regionales en el diseño de los planes reguladores metropolitanos y la importancia de los trazados intercomunales.

Tres días después, el gobierno central decidió que no renovaría ese decreto y que devolvería esa competencia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este 2026 se cumplen cinco años desde la asunción de los primeros gobernadores electos democráticamente. Este hito prometió ser el inicio de una descentralización real, pero un primer balance revela que la promesa colisionó con un diseño legal deficiente, que fragmentó el poder entre dos representantes en el territorio.

Se dotó a estas autoridades de una innegable legitimidad democrática, pero se mantuvo la figura del delegado presidencial, dejando a voluntad de cada gobierno central (y de sus afinidades políticas) el nivel de autonomía que recibirían las regiones. Y si bien los presidentes Piñera y Boric avanzaron en permitirle a las gobernaciones tomar las riendas de su gestión, la actual administración retrocedió prácticamente a foja cero en la materia.

A esto se suma una asfixia financiera que opera como un límite estructural para nuestra inserción global. La evidencia empírica indica que el gasto público ejecutado por los gobiernos subnacionales en Chile representa apenas un 14,5% del total, una cifra que palidece frente al promedio de la OCDE, que oscila entre el 27% y el 29%.

Una región no puede sentarse a negociar de igual a igual con sus pares en el mundo si sus recursos constituyen una partida rígida, sujeta al constante tutelaje y visación del nivel central para las modificaciones más mínimas.

Si miramos la experiencia internacional, el camino de descentralización ya está trazado. En Francia, ante la crisis económica de la década pasada, la ley de modernización territorial asignó competencias exclusivas a las regiones —como el desarrollo económico y la innovación—, eliminando las duplicidades de funciones con el nivel central. En España, autonomías como Andalucía apostaron por un minucioso detalle jurídico en los estatutos para blindar sus competencias frente a intromisiones de los ministerios nacionales.

Ese es el estándar de certidumbre que necesitamos. La conversación sobre la modernización del Estado en Chile suele reducirse a cómo hacer más eficientes los ministerios, pero la verdadera modernización requiere también una consolidación de los gobiernos regionales.

Esto implica avanzar hacia un esquema de autonomía fiscal, como el que tímidamente propuso en el pasado el proyecto de “Regiones más fuertes”. Uno donde exista flexibilidad de gasto, permitiendo a las regiones apostar por sus fortalezas y volverse más competitivas, orientando la estrategia regional de desarrollo para tener impacto concreto en la economía.

El resultado podría permitir a las administraciones regionales poner los incentivos en sectores específicos, como turismo y cultura, para convertirlos en motores de empleo, atraer talento a las universidades locales para crear ciudades campus y retener la peregrinación de los jóvenes desde las provincias. O incluso, potenciar la coordinación de la seguridad ciudadana de distintas comunas para enfrentar a la delincuencia con una mirada verdaderamente territorial.

Por supuesto que exigir mayor poder conlleva asumir más responsabilidades. La crisis de probidad que manchó a diversas instituciones hace un par de años, demostró que no debe existir autonomía financiera sin control. La modernización exige que los gobiernos regionales adopten estándares de clase mundial: sistemas de trazabilidad tecnológica, fortalecimiento de unidades de compliance independientes y la consolidación de un Servicio Civil basado en el mérito.

Santiago y las regiones de Chile tienen el potencial, el talento y la voluntad para competir por la inversión y el conocimiento, pero podríamos avanzar al doble de velocidad si no tuviéramos que operar con las manos atadas por el centralismo.

Es hora de que el Estado, por fin, confíe en las regiones y su capacidad para salir a competir al mundo.