El fuerte gallito para evitar entregar datos solicitados por un particular, en que se dio parcialmente la razón a la banca, impulsaron a este sector a utilizar argumentos casi idénticos a los esgrimidos por el retail en el marco de la discusión del proyecto que consolida la información comercial al día de las multitiendas. La industria que más dinero gana en Chile dice que transparentar estos antecedentes sería un “abuso” y se opone a que se hagan públicas las auditorías que son parte del proceso de fiscalización de la SBIF.
Un amparo presentado por un ingeniero comercial ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) saca ronchas en el mundo de la banca, que alineada con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha liderado una férrea defensa corporativa para evitar transparentar información sobre el negocio.
El responsable de la solicitud de información que ha desatado un fuerte gallito entre la corporación liderada por Alejandro Ferreiro y el mundo bancario, es Marco Correa Pérez, quien en diciembre pasado requirió a la SBIF una serie de datos sobre las 23 instituciones que integran el sistema bancario para el período comprendido entre 2005 a 2011. Entre ellos, datos específicos sobre el mapa de procesos críticos, los riegos operacionales y financieros, así como detalles de los programas de auditorías anuales aplicadas por la superintendencia liderada por Raphael Bergoeing.
Su solicitud fue rechazada, por lo que en enero recurrió al Consejo —que acogió parcialmente el amparo —, ya que “las auditorías y mapas de riesgo permiten conocer las debilidades y fortalezas de un sistema de control, que por el sólo hecho de conocerlas no indican nada. Por ello la gestión que uno efectúe con esos riesgos —mitigarlos o no mitigarlos— es lo relevante. Es decir, las acciones que la SBIF ha adoptado para corregir riesgos que el sistema bancario tiene, y creo que mientras esos riesgos se conozcan en forma pública, cualquier ciudadano podrá contar con mayor información para tomar sus decisiones ya sean para endeudarse, para invertir o para formarse una idea de cómo la Superintendencia resguarda la información que refleja su información bancaria o financiera”, explica Correa a El Mostrador.
Y agrega que su objetivo esencial es “poder acortar la brecha que existe entre un simple ciudadano y una entidad como la SBIF”.
Pero la respuesta del sector a su requerimiento fue unánime: todos manifestaron su oposición a la entrega de la información y solicitaron al CPLT rechazar el amparo.
Para un ex superintendente de bancos, la relevancia de este caso es que refleja “una pugna de poder: la dura pelea que le está dando la banca al Consejo para la Transparencia para no revelar sus secretos y la arista principal es que sus argumentos son similares en parte a los que usa el retail”.
Y es que la disputa entre la SBIF y los bancos, por un lado, y el Consejo, por el otro, trasluce otro enfrentamiento de fondo en el mercado financiero: la lucha de la banca por acceder a la información de deuda al día de las casas comerciales.
Enfrentados a las exigencias de Marco Correa, los bancos defendieron lo mismo que se le ha cuestionado a las multitiendas en el marco de la discusión de proyecto que consolida la información comercial al día del retail con la del resto del sistema financiero, iniciativa que ingresó a fines del 2011 al Congreso.
Al igual que el retail, los bancos sostienen que “la información requerida era de su propiedad exclusiva, pues fue elaborada a sus instancias, implicó una inversión importante, recursos propios y constituye la base sobre la cual diseñan su modelo de negocio para competir en el mercado financiero-bancario”.
Para los bancos, según el informe del Consejo, “acceder a la información por vía de esta Ley (de Transparencia) implicaría, indefectiblemente, un abuso del derecho de acceso a la información. Excedería su contenido y permitiría a cualquiera aprovechar antijurídicamente este mecanismo para conseguir información que de otro modo sería imposible obtener”.
En sus argumentos ante el Consejo, la banca señala que “el mercado financiero-bancario posee un carácter “esencialmente competitivo”, por lo que el manejo de los flujos de información de los distintos actores del mercado —incluyendo en ello a la autoridad fiscalizadora quien requiere esa información para el desempeño de su labor—, constituye un activo en sí mismo. Incluso, desliza que si se hace pública la información obtenida por la SBIF en su actividad fiscalizadora “afectaría seriamente a esta autoridad, puesto que los bancos le proporcionan esta información bajo la legítima expectativa y/o confianza de que no será revelada a terceros”.
Los bancos no escatiman palabras para impedir que se acceda a los informes fiscalizadores de la SBIF. “Lo requerido es parte relevante de la información más crítica y sensible de las entidades bancarias, pues en base a sus mapas de procesos, sus matrices de riesgo y las auditorías de distinto tipo que les son practicadas, éstas definen su modelo de negocio, sus estrategias comerciales y sus políticas de competitividad para operar en el mercado financiero”, plantea el informe respecto de los argumentos que los bancos pusieron sobre la mesa.
Otra de las defensas de la banca se basa en que la divulgación de la información, dada su importancia económica, “sólo puede producir un perjuicio mayor al beneficio público que generaría su afectación”. Algunas entidades bancarias estiman plausible entregar la cantidad de auditorías planificadas por la SBIF, pero sin incluir los resultados de su labor fiscalizadora.
Estos argumentos tuvieron acogida. El Consejo resolvió que en lo referido a la posible afectación de sus derechos económicos o comerciales, “efectivamente revelar esta información supondría dar a conocer aspectos relevantes y específicos del desempeño económico de las entidades bancarias, a saber, la cantidad y tipología de sus procesos internos y la cantidad de riesgos internos que cada una considera que tiene en su actividad, incluyendo su criticidad, nivel de mitigación, controles asociados y la efectividad de éstos últimos”. Por ello, según el Consejo, “esto configuraría un riesgo cierto, probable y específico de afectación de los derechos comerciales de los bancos”.
Aunque en esta pasada, la banca logró el objetivo de que no se revele información detallada de su negocio, esta estrategia puede transformarse en un boomerang si el retail utiliza este fallo para impedir en el Congreso que la banca acceda a su información de deuda al día, idea que el retail ha calificado incluso, como un “subsidio” a los bancos.
Un ejecutivo del sector financiero destaca el hecho de que la banca argumente, del punto de vista jurídico, la propiedad de su información y que esto pasa a ser un activo relevante de su quehacer, argumento histórico del retail. “Aquí se produce una contradicción muy grande, en que la banca para ciertos momentos aplica un determinado criterio y en otros momentos aplica otros”, observa.
La fuente recuerda que la banca tuvo una visión distinta a la que defiende hoy ante el Consejo para la Transparencia, cuando se discutió la posibilidad de las carteras de créditos hipotecarios licitaran en bloque los seguros de desgravamen, incendio y sismo. “En ese momento, dijeron que se ponía en riesgo un activo relevante de la banca, como era su información; esto pasa a ser una constante de contradicciones”.
En el sistema financiero advierten que este impasse entre los bancos, la SBIF y el Consejo revela una “discusión de principios”, pues para cualquier empresa “revelar sus sistemas de scoring (evaluación de riesgo) obviamente es algo demasiado importante”. “El dato puro, el registro, es del titular, lo que ha planteado históricamente el retail es que el procesamiento, la inteligencia de mercado está en el sistema de compilación y procesamiento de información para poder realizar de mejor manera su tarea con su cliente. Hay similitud con lo que defiende la banca con sus sistema de scoring y análisis de riesgo”, enfatiza la fuente.
Si bien el CPLT respaldó parte de la argumentación de los bancos, decidió acoger parcialmente el amparo de Correa, con el voto concurrente del consejero Jorge Jaraquemada.
Por ello ordena a Raphael Bergoeing, titular de la SBIF, “entregar diversa información calificada como estadística o meramente referencial relativa al programa de auditorías anual aplicado por dicha entidad y sobre las auditorías legales, operativas, financieras e informáticas. Rechazando la petición sobre procesos y riesgos de las entidades bancarias, que incluían mapas de procesos y matrices de riesgo”.
Frente a esto, Marco Antonio Correa, concluye: “Aunque sólo se acoge mi requerimiento sobre información estadística, es un avance. Es mi convicción que queda mucho por redefinir y analizar, como por ejemplo si es conveniente que la información y datos que procesa la SBIF, esté regulada por una norma que viene del año 1925”.
