Ante organismos internacionales gobierno apuesta por refutar duras críticas de relator ONU
El sábado partió rumbo a Ginebra el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda con una tarea nada fácil: defender lo hecho por el gobierno de Piñera en materia indígena y refutar las acusaciones del relator. Participará en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y fue acompañado por el director de la Conadi, Jorge Retamal, el jefe de Asuntos Indígenas, Matías Abogabir, y el delegado presidencial en Isla de Pascua, Carlos Yancaqueo. Todos pondrán el acento en el avance que —asegura el gobierno— se ha registrado en el respeto y conservación de la cultura indígena.
Las definiciones presidenciales en la derecha, el escándalo del fracaso del mejor censo de la historia y otros temas que se tomaron la agenda estos días ayudaron a eclipsar uno de los principales talones de Aquiles del gobierno: la forma en que enfrenta el conflicto mapuche. La muerte de Rodrigo Melinao la semana pasada —donde aún no se descarta que Carabineros esté libre de responsabilidades— tensionó una vez más el clima, todo en medio de cuestionamientos internacionales a la aplicación de la Ley Antiterrorista como herramienta para erradicar la violencia en la zona.
La visita e informe del relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien estuvo durante quince días en Chile, fue un verdadero traspié para La Moneda, ya que estaba invitado precisamente por el gobierno. Nunca se reunió —aunque cuando llegó en julio se anunció— ni con el ministro el Interior, Andrés Chadwick, ni con el canciller, Alfredo Moreno. Lo recibió el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries.
Antes de partir, Emmerson dio a conocer un duro informe sobre la normativa vigente para aplacar el conflicto mapuche, en el que conminó al Ejecutivo a suspender la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya que con ella el Estado de Chile —precisó— discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles una legislación “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”. Agregó que La Araucanía y Bío Bío tienen una situación “extremadamente volátil”, que puede “escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia”, porque la policía chilena “sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza”.
El martes 6, menos de una semana después que se difundiera ese informe, fue asesinado Rodrigo Melinao. “Que el pueblo, escuche, mataron a un mapuche”, rezaban los gritos en la manifestación que ese día se realizó en el centro para reprochar el homicidio. Murió por un balazo en el tórax, al interior de una parcela en la zona de Ercilla. Bastante acento se puso en el hecho de que desde el 24 de julio se encontraba prófugo de una condena de 5 años y un día de presidio por el delito de incendio de bosques. Desde el primer momento, las miradas cayeron en Carabineros, aunque en La Moneda aseguraron que no había responsabilidad policial e incluso, en privado, se comentaba que el tipo de arma con la que se mató a Melinao está descontinuada hace muchos años de la institución.
Pero la familia de Melinao insiste en señalar a Carabineros. El sábado fueron sus funerales a los que llegaron más de 4 mil personas para despedir al joven de 26 años, instancia en que se insistió en la tesis de intervención policial y el presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, apuntó al gobierno como responsable de la violencia en la zona: “Aquí hay guardias forestales, hay grupos que han amenazado que van a hacer uso de las armas de fuego, pero también esto ha sido respaldado por el Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, en varias oportunidades ha señalado la legítima defensa, que implica el uso de armas de fuego”.
[cita]El relator especial Ben Emmerson dio a conocer un duro informe sobre la normativa vigente para aplacar el conflicto mapuche, en el que conminó al Ejecutivo a suspender la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya que con ella el Estado de Chile —precisó— discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles una legislación “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”. Agregó que La Araucanía y Bío Bío tienen una situación “extremadamente volátil”, que puede “escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia”, porque la policía chilena “sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza”.[/cita]
A diferencia de lo que sucedió con el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes murieron quemados en su casa en Vilcún en el mes de enero, en el caso de Melinao no se vio el despliegue ni el énfasis que sí se mostró entonces, cuando hubo fuertes declaraciones desde La Moneda anunciando todo el rigor de la ley para los responsables e incluso, cortes de carreteras en el sur como protesta de algunos agricultores. Es más, pasaron varios días antes que el Ministerio del Interior —a través de la Intendencia de la IX Región— se querellara contra quienes resultaren responsables de la muerte de Melinao.
Para algunos una muestra de racismo, para otros es lisa y llanamente un doble estándar que explica las evidentes diferencias que hay en el Ejecutivo para abordar la muerte violenta de una persona, dependiendo si es mapuche o empresario. En esos días, Mónica Quezada —madre de Matías Catrileo asesinado el 2008 en un enfrentamiento con el GOPE— puso el acento en este punto: “Cuando mataron al Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar ellos muestran su real cara. Vienen con todo su despliegue tras la muerte de los agricultores “y esas cosas efectivamente (demuestran) cómo es que no funciona para todos igual”.
Los días siguientes a la muerte de Melinao se registraron varios enfrentamientos, quema de camiones en Ercilla y barricadas.
El viernes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con representantes del gremio de camioneros, para reforzar la seguridad en La Araucanía y aseguró de paso que, si los antecedentes lo ameritan, “no descartamos invocar la Ley Antiterrorista en la zona”.
Es que lejos de sentir incomodidad con las críticas internacionales sobre el manejo del conflicto mapuche, la administración Piñera defiende a raja tabla su accionar en la zona, sin importarle los cuestionamientos por el acento represivo. Es más, en estos días se optó por refutar al relator Emmerson, a quien el propio Chadwick consideró de una visión sesgada, que tiene “graves y serios y errores en la información como en el fundamento que invoca”.
Es más, el ministro hace solo unos días recalcó que “Chile tiene una Ley Antiterrorista con estándar internacional, aprobada en democracia y respaldada por el Congreso” y junto con asegurar que la normativa es “menos rigurosa que las que tienen países desarrollados como Francia, Estados Unidos y España”, acusó al relator de cometer “un acto de discriminación” al criticar a Chile en este ámbito.
El sábado partió rumbo a Ginebra el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, con una tarea nada fácil: defender lo hecho por el gobierno de Piñera en materia indígena y refutar las acusaciones del relator.
Baranda participará en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y fue acompañado por el director de la Conadi, Jorge Retamal, el jefe de Asuntos Indígenas, Matías Abogabir, y el delegado presidencial en Isla de Pascua, Carlos Yancaqueo. Todos pondrán el acento en el avance que —asegura el gobierno— se ha registrado en el respeto y conservación de la cultura indígena.
Pero claramente el objetivo es hacer descargos, tratar de hacer un gallito en Ginebra para poner sobre la mesa lo que La Moneda considera han sido sus aciertos en materia indígena y las políticas sociales desplegadas en la zona, con lo cual equilibraría la acusación de que “militariza y criminaliza” las demandas y la realidad del mundo mapuche.
“Vamos a hacer las refutaciones frente al informe del relator que estuvo de visita”, reconoció Chadwick el viernes pasado y, tras agregar que “existen las instancias donde hacer valer nuestra posición, dijo que en “la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas se verá el informe de Chile y el tema de La Araucanía estará sobre la mesa”.
El cómo salga parado Chile esta semana en Ginebra no es la última prueba que deberá pasar el gobierno en esta materia. En Enero —a dos meses de dejar La Moneda— debe sortear el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años y que en su última versión se discutió y aprobó el 2009.
Tres países son seleccionados para conducir el examen, que el Estado de Chile debe responder, elaborado en base a consultas realizadas por diversos gobiernos. El año 2009 las preguntas vinieron de Alemania, Argentina, Dinamarca, Hungría, Letonia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia.
El conflicto mapuche, sus implicancias y la crítica a cómo el Estado de Chile desarrolla el tema no es un punto negro sólo para un gobierno de derecha, aunque la faceta represiva resulta más sensible. En el informe del 2009, Chile acogió las recomendaciones que dio Naciones Unidas de “proseguir los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las cuestiones de la tierra y velar por que la Ley Antiterrorista (Ley Nº 18314) no menoscabe sus derechos”.
Asimismo aceptó “abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista a actos vinculados con las reclamaciones no violentas de los pueblos indígenas” y además, “adoptar las medidas necesarias para impedir que se proscriban o penalicen las actividades o reivindicaciones sociales legítimas”.
Es más, se acogió lo recomendado en cuanto a “reforzar la noción de que la Ley Antiterrorista debe circunscribirse a su ámbito de aplicación, sin hacerse extensiva a los actos no violentos de reivindicación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos”.
Chile entonces quedó de revisar “la Ley Antiterrorista y su aplicación, de modo que no pueda hacerse de ella un uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”.
Precisamente, qué se ha cumplido, cuánto y cómo es lo que se someterá a evaluación en enero.
