El lloriqueo de Abbott: documento de su defensa ante la Corte Suprema apela a persecución política de diputados

Luego de que la Corte Suprema declarara admisible la solicitud de remoción en contra del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ingresada con el respaldo de diez diputados de oposición y liderada por el Frente Amplio, los ánimos han estado movidos al interior del Ministerio Público.

La posibilidad de que -en un hecho inédito- la Corte Suprema pueda remover a la máxima autoridad del Ministerio Público han llevado a declarar “una tregua interna”, señalan desde la Fiscalía. Al mismo tiempo, el abogado representante del Fiscal Nacional, Luis Bates, arremetió en contra de los parlamentarios y recalcó que con la acción se “produce un efecto de socavar las instituciones”.

El pasado jueves 26 de julio, la defensa de Abbott presentó ante la Corte Suprema la respuesta al requerimiento ingresado a principios de mes, defensa a la que tuvo acceso El Mostrador. En 73 páginas, la máxima autoridad del Ministerio Público relata -en primera persona- los argumentos en contra de la “negligencia manifiesta” de su ejercicio, de la cual se lo acusa desde parte de la Cámara de Diputados.

Abbott solicita el rechazo del requerimiento “en todas sus partes” y exige el pago de las costas asociadas a la solicitud de remoción por parte de los parlamentarios que presentaron el recurso, principalmente debido al “carácter temerario” de la iniciativa.

En el ítem I de “Consideraciones previas y antecedentes” detalla una serie de sucesos donde interpreta la solicitud de remoción como una persecución política en su contra sin fundamentos jurídicos. Recalca, en reiteradas ocasiones, que la solicitud de remoción del Fiscal Nacional debe estar fundada en hechos jurídicos y no en “elementos de política contingente o de valores sobre el mérito o conveniencia de la gestión”.

El documento señala que existe una “instrumentalización” de la solicitud, y que los fundamentos dan origen a un juicio político y que “la instancia ante la Excelentísima Corte se utilizó únicamente cuando -una serie de instancias políticas- fracasaron”.

“El presente requerimiento se ha empleado como un medio que sirve a los solicitantes para expresar su disconformidad con el resultado de investigaciones y procesos judiciales seguidos en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, desconociendo la naturaleza de la responsabilidad perseguida en esta sede”, señala el texto.

Según la defensa de Abbott, existen distintos hechos que dan cuenta de una persecución política en su contra. Recuerda la solicitud de apertura de una comisión investigadora por parte de diputados del Frente Amplio, entre ellos, Tomás Hirsch (PH) y Claudia Mix, la cual no llegó a buen puerto. También destaca el proyecto de resolución que ingresó Revolución Democrática (RD) a la Cámara, el cual fue rechazado por el pleno de diputados.

También saca a relucir las diferencias al interior del frenteamplismo a la hora de solicitar la remoción. Destaca que hubo un “claro divisionismo y opiniones divergentes sobre la procedencia de plantear este requerimiento entre sectores políticos afines”. Como ejemplo, menciona la negativa de RD a sumarse a la iniciativa, además de la posición del abogado Enrique Aldunate, quien recomendó al Partido Socialista la “improcedencia” de los requerimientos.

“Mas de dos meses después y luego de verse frustrada la formación de una comisión investigadora y el proyecto de resolución, se ha presentado esta solicitud de remoción ante esta Excma. Corte, por sólo diez diputados, luego de que no lograron obtener el apoyo transversal de las fuerzas políticas para dichas iniciativas”, destaca el documento.

Agrega que los cuestionamientos de los diputados se dan respecto a decisiones “que escapan de mi competencia y facultades legales y constitucionales”, y surgen tras “varios meses de demoras y vacilaciones”. Recalca que el hecho de que se esperara la resolución del Caso Penta, para entablar iniciativa, “lo que revela este requerimiento de remoción es que esta sede, así como el procedimiento y sus causales, han sido instrumentalizados con una clara finalidad política, a la espera de que pueda apuntar con mayor fuerza a esa finalidad”, detalla el documento.

Respecto a la acusación por negligencia manifiesta -basada en Ley de Bases Generales para la Administración del Estado (N°18.575)-, el texto señala que se le acusa de “forma genérica e indeterminada” una supuesta infracción a la falta de probidad, sin referirse a ningún deber en específico. Además, destaca que no es posible aplicar la Ley de Bases Generales para la Administración del Estado, debido a que ésta no rige al Ministerio Público, como organismo autónomo.

Cabe recordar que los argumentos en los que se basa la solicitud de remoción de Abbott están basados en sus dichos en la cuenta pública de la Fiscalía; las reuniones entabladas con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), para tratar el caso del senador Iván Moreira, imputado por el caso Penta; el encuentro con dos abogados defensores de imputados por el caso Penta y SQM, con el fin de aunar ambas causas; y en su actuar ante dos casos laborales al interior del Ministerio Público.

La inhabilitación por caso Penta

Uno de los argumentos presentados en la solicitud de remoción hace referencia a la reunión que sostuvo el fiscal Abbott con el entonces senador Hernán Larraín (UDI), desarrollada en dependencias del Ministerio Público, el 18 de diciembre de 2017. El Fiscal Nacional reconoce que el objeto del encuentro fue acelerar el proceso del caso Penta, que incluye al senador Iván Moreira, quien se encontraba desaforado.

La reunión se concretó a pesar del compromiso adquirido por Abbott -durante el proceso de su nombramiento como Fiscal Nacional- de no intervenir en la causa Penta, debido a su parentesco con el actual ministro, Alfredo Moreno, quien fue miembro del directorio de Empresas Penta.

En el ítem II de sus argumentos, el fiscal Jorge Abbott explica que “la inhabilitación a la que me referí decía relación con no tener la dirección de la investigación de caso Penta”, lo que fue materializado el 30 de noviembre de 2015, luego de que el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán dejara la investigación a cargo del fiscal Manuel Guerra. “Ello explica mis dichos en la Comisión de Constitución -del Senado- en términos de no intervenir en el futuro”, detalla.

El Fiscal Nacional explica la forma en la que se llegó a concretar la reunión con Larraín, quien actualmente está a cargo de la cartera de Justicia. Señala que durante el año pasado, los entonces senadores, Hernán Larraín y Andrés Allamand -a nombre de los comités UDI y RN- solicitaron al ex vicepresidente del Senado, Guido Girardi, que enviara un requerimiento al Ministerio Público señalando la “conveniencia de afectar el menor tiempo posible los quórums necesarios para la aprobación de las leyes”. El oficio fue enviado por Girardi el 6 de diciembre de 2017.

A pesar de que ya se había enviado el requerimiento a nombre de la Cámara Alta, el senador Larraín solicitó una reunión especial con Abbott para tratar la situación del senador Moreira. El Fiscal Nacional recalca que en el encuentro del 18 de diciembre, Larraín sólo se refirió al caso de Moreira y que respondió que “de acuerdo a la información de que disponía, la causa seguiría adelante y que me estaba vedado decretar instrucciones particulares sobre cualquier causa”, detalla el fiscal.

Respecto al oficio del Senado, Jorge Abbott asegura que el 27 de diciembre dio respuesta a la Cámara Alta. Señala que indicó que “no es posible acceder a lo solicitado”, y que remitió la solicitud al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Recalca que el fiscal Guerra “en uso de sus atribuciones exclusivas y sin intervención alguna de mi parte, decidió solicitar una audiencia para proponer una suspensión condicional del procedimiento Senador Moreira”, la que terminó siendo acogida por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el 30 de enero de 2018.

En cuanto a la reunión con el senador Larraín, Abbott explica que accedió al encuentro, para otorgar una “igualdad de trato (…) ha sido una conducta sostenida y permanente la de recibir a todo aquél que lo ha solicitado”. Además destaca que ha recibido a todos los parlamentarios, “cualquiera que sea su color político”, incluyendo a tres de los firmantes en la solicitud de remoción.

Agrega que en la solicitud de Larraín se indicaba una demora o dilación en la tramitación del caso, lo que podía devenir en una sanción administrativa para el fiscal a cargo. Pero -agrega- que al darse cuenta que lo tratado tenía que ver con temas procesales “se rechazó lo pedido”. “Es claro que la sola reunión y acceder a la misma, no tiene contenido infraccional alguno” y no concluye en negligencia de carácter manifiesto, destaca el texto.

En el punto III de sus argumentos de defensa, el Fiscal Nacional se refiere a la reunión sostenida el 20 de enero de 2017, con los abogados Rodrigo Zegers, en representación del imputado por caso Penta, Rodrigo Valdés, y el abogado Samuel Donoso, quien asistió en nombre de Patricio Contesse, imputado por la causa SQM.

Aclara que existió una sola reunión, en la que estuvieron presentes los dos abogados, además de dos funcionarios del Ministerio Público. Asegura que en el encuentro respondió que se “resolvería por escrito” a la solicitud, la que finalmente se terminó rechazando el 24 de enero, hecho que fue informado por el Fiscal Nacional subrogante, Andrés Montes, tras consultar a los fiscales a cargo de cada causa. También, destaca que accedió a asistir a una reunión con 19 abogados del caso Penta, que denunciaban que se estaba vulnerando los derechos de sus representados, encuentro que nunca se realizó.

Según el Fiscal Nacional, la negativa a los requerimientos del ministro Larraín, y los abogados Zegers y Donoso, anulan el argumento de “negligencia manifiesta” presentada por los diputados que solicitan su remoción ante la Corte Suprema. Además, respecto a su parentesco con el ministro Moreno, señala que no cumple con los requisitos de grado establecidos en las ley y recalca que Moreno no se encontraba imputado en la causa.

La denominada doctrina Abbott fue sólo una opinión

Otro de los argumentos presentados en su contra se basan en sus declaraciones dadas en su última Cuenta Pública. En dicha instancia, el Fiscal Nacional se refirió a los casos de financiamiento irregular de la política, e hizo un guiño al Congreso. “Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas”. Además, hizo un llamado a “ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados” con el fin de “resguardar la voluntad popular expresada en las urnas, en lo que a la Fiscalía le corresponda o se le permita contribuir”.

Estas declaraciones fueron vistas como una advertencia para los fiscales que llevaban causas de financiamiento irregular a la política, principalmente aquellas que mantenían en desafuero a parlamentarios, como el senador UDI, Iván Moreira, imputado por la causa Penta. Sus palabras fueron ampliamente criticadas por el mundo político y distintos sectores de la sociedad, además de ser interpretadas como la consolidación de la denominada “doctrina Abbott”, respecto a estos casos. Un hecho que -según los diputados que solicitaron su remoción- es causa de una negligencia manifiesta por parte del Fiscal Nacional.

En su defensa, la cabeza del Ministerio Público recalca que sus declaraciones no tienen el carácter “retorcido” que se le ha intentado dar y es una “opinión, que en sí misma nada tuvo de ilegal, ni menos constituyó, ni puede constituir una infracción a los principios de probidad que siempre han guiado mi actuar”. Señala que vio como una “necesidad” dar su opinión para “que exista extremo rigor en la investigación, y a la vez, que se tenga también a la vista, que existe un grupo de ciudadanos que resulta afectado por la falta de representación”.

Destaca que tildar su postura de “doctrina” es “ilógico” y representa una “instrumentalización” para “alcanzar objetivos políticos absolutamente ajenos al carácter jurídico” que debe tener una solicitud de remoción. También, destaca que el objetivo de la Cuenta Pública es informar a la ciudadanía y no dar mensajes a los fiscales, que para ello existe una reglamentación formal, que no se cumple en una Cuenta Pública, y que sería “absurdo” que un fiscal entendiera su opinión como una instrucción.

“Los dichos de la cuenta pública han sido instrumentalizados por los solicitantes, construyendo a partir de ellos, interpretaciones que no sólo se alejan de mis más íntimas convicciones en materia de corrupción, sino que además, se han utilizado para llegar a esta instancia jurisdiccional como una medida de presión, frente a decisiones que, además de estar fuera de mi ámbito de competencia -y aún más en las que me está prohibido intervenir- simplemente no comparten”, concluye la defensa de Abbott en el documento.

Los otros casos

Los diputados que solicitaron la remoción de Abbott presentaron otros dos argumentos de índole laboral, en los que se presentaría un actuar negligente y manifiesto por parte del Fiscal Nacional.

Uno de ellos es el de Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público (FENAPI), quien señaló en una entrevista a CNN Chile, que al interior de la Fiscalía se violaban los derechos fundamentales de los trabajadores. A raíz de sus dichos, Abbott solicitó la apertura de una investigación penal, a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, conflicto que terminó tras una mediación entre ambas partes y el posterior archivo de la causa.

Según los argumentos de los parlamentarios, el actuar de Abbott es constitutivo de una persecución en contra de la dirigenta sindical. En su defensa, el Fiscal Nacional asegura que la investigación levantada no habría sido en contra de la dirigenta de FENAPI, sino que se ordenó investigar los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos por violación a los Derechos Fundamentales. Recalca que con este argumento “se ha torcido la realidad” y que el archivo de la investigación penal es responsabilidad del fiscal regional a cargo.

El otro caso es el de Claudia Muñoz. En octubre del año 2016, el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago determinó que el Ministerio Público había vulnerado las “garantías constitucionales” de la administradora pública, que se desempeñó cuatro años en el servicio.

Según la solicitud de remoción, la ex funcionaria denunció en dos ocasiones el acoso y el abuso recibidos por parte de otra trabajadora de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía. Claudia Muñoz terminó siendo despedida por “necesidades de su empleador”, a pesar de estar con licencia médica, a través de una carta firmada por el propio Jorge Abbott.

La defensa del Fiscal Nacional recalca que instó a una investigación interna respecto al tema, pero, que la persona a cargo de la indagatoria resolvió que si bien había “un mal clima laboral” no correspondía “formular cargos o aplicar sanciones disciplinarias”. Además, concluye que “no hay, ni pudo haber“, relación alguna entre su desvinculación y sus constantes denuncias por acoso laboral.

Abbott destaca que la licencia médica que tenía la funcionaria al momento de ser despedida no respondía a causas laborales, y que “no había antecedentes para afirmar que su salud había sido afectada en razón del maltrato de otra funcionaria”. Con posterioridad se conoció la resolución de la Asociación Chilena de Seguridad, y más tarde la resolución del Segundo Juzgado del Trabajo.

Tanto los diputados que solicitaron la remoción del Fiscal Nacional, como la defensa de Jorge Abbott se encuentran a la espera de la resolución de los jueces miembros de la Corte Suprema, veredicto que podría marcar un hecho inédito en el país, si define la salida de Abbott.