«Los conflictos medioambientales del país son uno de los peores espejos de la desigualdad, la injusticia social y la violación sistemática de derechos humanos de mujeres, niños y hombres que por años ha estado invisibilizada», sostiene la ONG ambientalista.
En una declaración pública emitida por Greenpeace, la organización ambientalista da su visión sobre lograr un gran acuerdo social. «Chile está viviendo la expresión de uno de los movimientos ciudadanos más grandes que hayamos conocido en su historia, que evidencia la necesidad de avanzar en una mejora en la calidad de vida de las personas», sostiene.
«Estas desigualdades denunciadas reflejan precisamente las problemáticas ambientales que hemos denunciado», afirman.
Sobre la realización de la COP25, «un estado de excepción como el que estamos viviendo hoy, con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, no entrega las garantías de seguridad suficientes para que la sociedad civil pueda hacer valer el derecho de protestar y expresarse pacíficamente, con el objetivo de exigirle a los tomadores de decisión que aborden la ambición climática frente a la crisis ecológica que vivimos», manifiesta la ONG.
Para esta «es urgente que el gobierno restablezca las garantías y derechos constitucionales, reconocidos también a nivel internacional, para que esta conferencia tenga lugar en nuestro país, en un escenario de paz y acuerdos sociales».
Además de señalar que «La academia, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto deben participar en la construcción de un nuevo Chile», solicitan a las autoridades, organizaciones sociales y medios de comunicación masiva «incorporar de forma urgente los conflictos medioambientales del país, que hoy son uno de los peores espejos de la desigualdad, la injusticia social y la violación sistemática de derechos humanos de mujeres, niños y hombres que por años ha estado invisibilizada».
Para Greenpeace «es imperioso dar solución definitiva a la situación que miles de chilenos viven hoy, habitando las llamadas ‘zonas de sacrificio’, víctimas de la descontrolada acción de empresas que, amparadas en la falta de regulación y fiscalización, han mantenido por décadas una progresiva degradación social, económica y ambiental de territorios completos».
Además aseguran que «el fin de las seis plantas a carbón más antiguas en Chile no es sólo una demanda ambiental y climática urgente, es parte de la mínima restitución de derechos que se les debe a quienes por años han sido omitidos de un trato justo y digno».
Lo mismo ocurre con el agua. «Se requiere con urgencia que se reconozca su acceso como un derecho humano y la función ambiental de la mismas como soporte de nuestros ecosistemas. Del mismo modo, la protección de glaciares, humedales, ríos y cuencas en su conjunto para impedir que sean irremediablemente afectados, es una prioridad nacional que sobrepasa con creces cualquier cálculo económico de corto plazo».
Por último, parte del modelo extractivista es inaceptable «en un contexto de crisis ecológica y sostenemos que la única vía suficiente para canalizar estos cambios es la elaboración participativa, democrática y abierta de una nueva constitución para Chile, que permita resolver las brechas sociales y las injusticias, integrando los derechos ambientales como parte de las garantías mínimas de convivencia justa y digna».