Opinión
En meses convulsionados, nos hemos olvidado de los más marginados. Nos hemos olvidado de la exclusión que viven más de 2 millones 600 mil personas con discapacidad. Ellos que no están en las marchas o en la primera línea, tampoco en los titulares de prensa.
Por décadas el país a tratado de empatizar con las personas con discapacidad. Pero a pesar de importantes avances, pareciera que quedan relegados, incluso en momentos donde la ciudadanía aboga y grita por terminar con la desigualdad. La exclusión es un tema que no ha sido abordado en profundidad, un problema generalizado de origen humano, de derechos humanos, y cuyas consecuencias van más allá del 18 de octubre.
La exclusión, provoca sufrimiento, empobrece, aísla. Afecta la autoestima, condena a las personas a la infelicidad y genera desesperanza. Como consecuencia, invisibiliza y anula, generando problemas de autoestima, de infelicidad y desesperanza. Lamentablemente, ¿qué hacemos cuando se violan los derechos de los más vulnerables? Miramos a otro lado y permitimos que se perpetúe y arraigue la exclusión. Esta realidad la vemos tácitamente en la vida de las personas con discapacidad.
Salir del estado de exclusión requiere esfuerzo. El Estado debe generar políticas públicas que apunten a cambios culturales. Crear espacios inclusivos e intencionar la participación, es un primer paso. Pero ¿cómo lo concretamos?
La rehabilitación no puede depender de los recursos de una campaña. Se requiere que sea un derecho que esté garantizado, con calidad y en el tiempo.
También es imprescindible abrir espacios para disminuir las brechas educacionales y el acceso a la educación regular. Es dramático que hoy la ley permita que los colegios puedan seleccionar, cuando hay de por medio una discapacidad. También lamentable que, apenas el 1% de las personas con discapacidad acceda a la educación superior.
Hay que abrir las oportunidades y generar instancias de formación para el trabajo, ligada a una cultura de competencias. En el caso de las personas con discapacidad, donde más del 70% no cuenta con un empleo formal, es importante el cumplimiento de la ley de cuotas, una gran política pública, pero que requiere fiscalización e incentivo al acompañamiento (mediación) para que las empresas y sus trabajadores se sumen a una cultura inclusiva.
Empleo, ingresos mínimos dignos sin distinción para que las personas vivan dignamente, adecuación de los espacios públicos para que sean inclusivos. Asegurar el acceso a viviendas con las adecuaciones que las personas requieran, son los mínimos de un país que quiere ser inclusivo.
La exclusión es la ausencia absoluta de derechos humanos, pero ser capaces de erradicarla, de mirar al otro como un igual, puede hacer la diferencia que Chile necesita para unirnos y cambiar la historia de nuestro país.
