Opinión
La nueva ola migratoria que tiene como epicentro la ciudad de Colchane, en el extremo norte de Chile, vuelve a poner sobre la palestra pública la delicada situación que vive la niñez migrante en nuestro país. Se trata de una materia de especial relevancia, pero que, lamentable e injustamente, suele ser invisibilizada.
En esa línea y con el objeto de entender a fondo este fenómeno cada vez más recurrente, organismos especializados y la sociedad civil, junto al Centro Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Colunga y UNICEF Chile se ha publicado un estudio que indaga respecto de la situación en que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) inmigrantes y las dificultades que enfrentan en este proceso siempre complejo, pues la migración, en muchos casos, implica historias de separación entre los hijos y sus padres, lo que evidentemente conlleva la vulneración de derechos fundamentales de NNA.
Entre los resultados más prominentes, la investigación da cuenta que el 57% de los niños consultados considera que su familia está mejor que en su país de origen. Y la mayoría, tanto chilenos (59%) como extranjeros (57%), siente que vive en barrios seguros. Asimismo, poco más de un tercio (35%) de los niños haitianos cree residir en un sector seguro, similar a los peruanos (38%). Esto sube entre los bolivianos (59%), venezolanos (65%) y colombianos (76%).
En materia educacional, un 77% de los NNA chilenos asistía, al momento del sondeo, a recintos educacionales, mientras que en el caso de migrantes el acceso a un establecimiento educacional alcanza el 72%. Y en salud, uno de cada tres niños migrantes que llegó hace menos de tres años no tiene previsión (29%), mientras que entre quienes lo hicieron hace siete o más años la falta de cobertura es similar a los chilenos (1%).
El proceso migratorio supone un conjunto de realidades diversas. Así, mientras las familias venezolanas llegan a Chile con más recursos socioeconómicos, principalmente con mayores niveles de estudios y en familias generalmente completas, las familias haitianas enfrentan dificultades propias de la barrera idiomática, los prejuicios por la discriminación por su afro descendencia y menores recursos monetarios, los que probablemente vienen dados por sus menores niveles educacionales.
Al tener necesidades distintas a las de los adultos, niños, niñas y adolescentes migrantes requieren de una protección especial, considerando también la protección especial de sus familias para que puedan propiciarles un cuidado apropiado. Esta protección especial no puede estar supeditada a su nacionalidad, ni a su estatus migratorio o al de sus padres o cuidadores. En otras palabras: el Estado tiene el deber de diseñar políticas y leyes que proporcionen una protección integral a los niños y a sus familias en el contexto migratorio, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas.
