La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara Baja despachó un oficio dirigido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que solicita crear una fórmula para devolver a las municipalidades los gastos producidos por la alarma de tsunami y la evacuación masiva el pasado 11 de marzo, junto con pedir el estudio de una ley que establezca un mecanismo permanente de financiamiento para estos eventos.
Esto a petición del diputado PPD del distrito 43 Talcahuano-Hualpén, Cristián Campos, quien solicitó el acuerdo de la comisión y el envío de este oficio a la Subdere, luego de reclamar por lo que calificó como una «apropiación del Gobierno del éxito de una ‘Operación Deyse o Plan Cooper’ a escala país que fue ordenado por el Ministerio del Interior».
«Pero cuyos costos humanos, técnicos, profesionales, políticos, administrativos y financieros fueron asumidos completamente por las municipalidades, encargados de localizar los sitios de riesgo, evaluar las evacuaciones, coordinar a organismos de seguridad como Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, luego habilitar alberges y proveer de condiciones como comida, agua, techo, calefacción, etapas en que la OREMI, en el caso de Hualpén no fue capaz de enviar ni siquiera un saco de carbón al campamento habilitado por la municipalidad», explicó Campos.
Así sumó el respaldo de toda la comisión y el apoyo del diputado del distrito 46, Manuel Monsalve, con quien solicitaron a la Subdere, además, la creación de una ley de carácter permanente que, según señaló el parlamentario socialista, «dé garantías a todas las comunidades del país, de tener una protección legal del financiamiento de cualquier emergencia, dejando atrás la cultura chilena de la improvisación».
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