Yo opino
En el último Censo, un 12,4% de las mujeres del país se reconoce como mujer indígena, como descendiente de los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley chilena, mujeres mapuche, aimara, rapanui, lican antai, quechuas, collas, diaguitas, kawesqar y yaganes.
Desde el 2016, un grupo importante de mujeres se ha reunido en instancias nacionales demandando la necesidad de generar una agenda de largo plazo en materias tan relevantes que van desde derechos humanos, salud, educación, acceso a la justicia, medio ambiente y territorio, cultura, energía, desarrollo productivo; acceso a la política pública y representación política. Estos temas y otros han sido abordados en el Primer y Segundo Encuentro Nacional de Lideresas Indígenas, realizados en el 2017 y el 2018, respectivamente. Estas instancias han sido convocadas por la Conadi, ONU Mujeres Chile y apoyadas por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Hoy, luego de dos años de trabajo, las mujeres cuentan con una agenda política para el desarrollo de las mujeres indígenas en Chile y han definido prioridades para su implementación.
La actual condición de la mujer indígena en Chile se inserta en un contexto histórico de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, del ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos. Esta situación resulta agravada por desigualdades de género que frecuentemente interactúan con brechas y barreras territoriales y que se expresan en tendencias nacionales que caracterizan la situación de la mujer indígena; altas tasas de pobreza, baja participación laboral y escasa representación política. Las mujeres indígenas sufren la prevalencia de una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
Según datos del Observatorio de Mujeres y Territorios, de Rimisp y Casen 2015, las mujeres indígenas son más de un millón, representando casi el 51% de la población indígena de Chile, siendo más de la mitad niñas y jóvenes, pues el 52% tiene de 0 a 29 años. A nivel de residencia, se concentran en la Región Metropolitana, La Araucanía, y Los Lagos; sin embargo, representan porcentajes relevantes de la población regional de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Los Ríos, Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota y el 23,4% sigue residiendo en zonas rurales, casi el doble del promedio nacional de población rural.
Solo el 47% de las mujeres indígenas participan en el mercado laboral, frente al 71% de los hombres, con una tasa de desempleo de un 45% mayor; cerca del 30% de ellas son jefas de hogar y el acceso al trabajo es frecuentemente informal e inestable, con ingresos más bajos de lo que perciben los hombres. Asimismo, presentan un 50% más de pobreza por ingresos y un 48% más de pobreza multidimensional que el promedio de las mujeres a nivel nacional.
Si bien el acceso a la educación ha mejorado en las últimas décadas, los índices de alfabetización y escolaridad siguen siendo más bajos que los de las mujeres no indígenas, sobre todo en las áreas rurales, donde es más evidente la intersección entre las brechas de género, étnicas y territoriales.
Estos datos se acompañan de desafíos compartidos. La participación política y en instancias de liderazgo al interior de las comunidades se hace cada vez más notoria. La creciente participación y organización en la lucha para la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas ha fortalecido el rol tradicional de las mujeres como transmisoras y gestoras de un sistema de conocimientos tradicional y, al igual que las mujeres no indígenas, la escasa participación política representativa y en cargos públicos invisibiliza sus demandas.
Además, en los territorios rurales, donde la mayoría vive de la agricultura, las mujeres enfrentan una preocupación permanente con respecto a la tutela de los derechos de propiedad de tierra, agua y semillas frente a las empresas extractivas y al Estado.
En este contexto, y a partir de la discusión y de los acuerdos sostenidos en ambos encuentros nacionales, las mujeres han expuestos urgencias y aportes para la construcción de una nueva agenda nacional para el desarrollo de la mujer indígena en voz de sus lideresas. Estos son algunos temas y acciones urgentes que definen las mujeres indígenas:
Reparar las deudas históricas del Estado chileno con los pueblos indígenas implica, en el corto plazo, el reconocimiento constitucional en el marco de un Estado plurinacional, en paridad de condiciones para todos los pueblos originarios de Chile. Crear por parte del Estado las condiciones jurídicas, políticas, sociales y culturales para la aplicación efectiva de acuerdos y normativas internacionales que protejan y promuevan los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 OIT.
Aún puesto en debate y tensión las miradas sobre la identidad cultural y el género, las mujeres indígenas comparten y exigen la existencia de un Estado atento a las particularidades culturales y territoriales en que viven las mujeres indígenas y sus comunidades. El Estado de Chile debe avanzar en todos sus frentes, adoptando una política pública con pertinencia cultural y de género que promueva igualdad e inclusión.
Además, se señalan varias iniciativas necesarias en el corto plazo, como la creación de un sello identitario para los productos de las mujeres indígenas, la revisión de la normativa institucional chilena sobre los derechos de propiedad de las comunidades y el reconocimiento y protección del patrimonio cultural indígena, incluido, como eje central, las lenguas indígenas.
Asimismo, se requiere avanzar en la tutela de los territorios ancestrales y sus recursos, modificando las normativas ambientales con un enfoque de pertenencia cultural que asegure una participación vinculante del sistema de evaluación ambiental que integre la visión de desarrollo de las comunidades ancestrales de los territorios.
Las mujeres indígenas avanzan en una doble lucha; por una parte, promover el reconocimiento de los derechos de sus comunidades dentro de sus naciones y, al interior de sus propias comunidades, promover igualdad en sus roles de mujeres; con ello, ampliar la representatividad de las lideresas indígenas en espacios comunitarios, territoriales multinivel y sectoriales fortalecerá la pertinencia de las acciones públicas y la efectividad de las agendas. Así, los procesos de empoderamiento político y autonomía económica son resultados clave en las agendas de cambio.
Por último, los altos niveles de violencia que sufren las mujeres indígenas no solo ocurren en la esfera de lo intrafamiliar, sino también se identifica una sostenida violencia institucional asociada a la lucha por sus territorios y recursos naturales y culturales. La erradicación de la violencia contra la mujer es exigible para toda agenda de trabajo.
La política pública, la academia y organismos de desarrollo requieren reconocer esta agenda y ajustar procesos de trabajo de todo orden, levantando y profundizando la participación de las mujeres indígenas como sujetos de derecho en las definiciones que afectan sus procesos de cambio y transformación.
Una agenda programática que sea permeada por la voz y participación de las mujeres indígenas es requisito fundamental para abordar las amplias exclusiones y discriminaciones hacia las mujeres indígenas. Hoy, no hay otra manera de avanzar.
