Por segundo año consecutivo: la reducción de cesáreas como compromiso de gestión en la salud pública

Chile arrastra históricamente tasas de cesáreas muy superiores al 40%, acercándose incluso al 60% si se considera el sector público y el privado, lo que nos ubica entre los países con cifras más altas de la OCDE. Frente a esto, el país se ha propuesto una meta ambiciosa: reducirlas a un 30% al año 2030 (al menos en el sector público).

En este contexto, por segundo año consecutivo, la red pública incorpora la reducción de cesáreas como un compromiso formal de gestión. Esto significa que los establecimientos no solo deben medir sus tasas, sino también mostrar avances concretos en su disminución.

Este indicador no es neutro: su cumplimiento recae directamente en los equipos directivos, en particular en los directores de los servicios de salud, quienes tienen la responsabilidad de impulsar las condiciones, decisiones y cambios necesarios para avanzar en esta materia.

No es un detalle administrativo. Es una señal de política pública.

La evidencia es clara: tasas de cesárea por sobre el 10–15% no mejoran los resultados en salud materno-infantil. Por el contrario, su uso innecesario expone a mujeres y recién nacidos a riesgos evitables.

Sostener este compromiso en el tiempo importa. Porque instala una dirección: avanzar hacia un modelo que promueva el parto fisiológico, en condiciones seguras, y con un uso más adecuado de los recursos del sistema público.

Pero hay una brecha que no podemos ignorar.

Hoy, donde más cesáreas ocurren es en el sector privado, sin que exista una obligación equivalente de rendir cuentas ni compromisos de gestión en esta materia. ¿Por qué el lugar donde nace un niño o niña sigue determinando la probabilidad de una intervención quirúrgica?

Para que este compromiso no se agote en la medición, es fundamental avanzar en estrategias que han demostrado resultados. Promover modelos de atención del parto personalizados, donde el rol de la matrona sea central, permite resguardar el carácter fisiológico del proceso y reducir intervenciones innecesarias. Asimismo, la auditoría clínica de las cesáreas en tiempos acotados —idealmente dentro de las primeras 24 horas—
favorece la reflexión de los equipos sobre la pertinencia de las indicaciones y genera aprendizaje continuo en la práctica.

A esto se suma un desafío creciente: abordar de manera sistémica la cesárea a petición materna. Esto requiere comenzar desde la atención primaria, fortaleciendo la educación prenatal, la entrega de información clara y basada en evidencia, y la consejería oportuna cuando una mujer expresa su preferencia por una cesárea sin indicación clínica. No se trata de restringir decisiones, sino de asegurar que estas se tomen en un contexto de información adecuada y acompañamiento efectivo.

Finalmente, es clave mirar y aprender de quienes lo están haciendo mejor. Existen establecimientos en la red pública que han logrado tasas de cesárea significativamente más bajas, sin comprometer resultados sanitarios. Identificar esas experiencias, comprender sus prácticas y avanzar en su replicabilidad es una oportunidad concreta para acelerar el cambio a nivel país.

Desde la Fundación OVO Chile, creemos que este desafío requiere una mirada sistémica. Durante 2026, seguiremos impulsando y apoyando a prestadores públicos y privados, así como a la autoridad sanitaria, en la búsqueda de estrategias, modelos de atención y soluciones concretas que permitan reducir las cesáreas innecesarias. Este es un foco prioritario para nuestro trabajo.

Valoramos que la reducción de cesáreas se mantenga como indicador en el sector público y estaremos atentos a los resultados de este compromiso de gestión durante este año. Urge reducir las alarmantes tasas de cesáreas que hemos alcanzado.