De lo necesario a lo justificable: la cultura en el nuevo gobierno

Hay algo inquietante, y a la vez elocuente, en el primer mes del gobierno de José Antonio Kast: la cultura no ha desaparecido del discurso, pero ha cambiado de lugar. Ya no ocupa el espacio simbólico de lo “necesario”, sino el terreno mucho más incómodo de lo “justificable”. Este pequeño desplazamiento semántico dice mucho.

Durante años, la política cultural en Chile, con todas sus fragilidades, excesos y también notorios avances, se sostuvo sobre una convicción tácita: que el Estado debía ser un actor central en la promoción de las artes, el patrimonio y la creación. No sólo como financista, sino como garante de acceso, diversidad y, en muchos de los casos, de sentido público. Hoy, esa premisa parece estar siendo reescrita.

El nuevo ministro de las Culturas, el ex diputado de Evópoli Francisco Undurraga, ha sido claro y reiterativo en instalar una narrativa donde el problema , a su juicio, no es la falta de recursos, sino su abundancia mal administrada. El “exceso de gasto cultural” se transforma así en una categoría política, pero también en una señal: el sector deberá aprender a sobrevivir con menos Estado y más mercado. Una salida viable, según él, a la que hay que echar mano. Esta no es una discusión nueva, pero sí es la primera vez en mucho tiempo que se plantea desde el centro mismo del poder.

El caso del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) es particularmente elocuente. Convertido en símbolo de la infraestructura cultural contemporánea, hoy vuelve a estar en disputa, no por su valor artístico, sino por su modelo de sostenibilidad. La idea de financiar complementariamente su gran sala mediante aportes privados, a través de la ley de donaciones culturales, no sólo responde a una necesidad presupuestaria, sino que instala una pregunta más profunda: ¿quién define hoy lo que vale la pena sostener?. Porque cuando el financiamiento cambia, también cambian las reglas del juego.

En ese contexto, lo planteado además desde el Centro Cultural Estación Mapocho por su nueva dirección ejecutiva introduce un matiz que complejiza y enriquece el debate. La invitación a ampliar la mirada, a vincularse de manera más decidida con el mundo privado y a profundizar esas relaciones aparece, a primera vista, como una salida razonable, incluso inevitable y como una solución para abordar la crisis de sostenibilidad que existe en el sector cultural. Pero hay una trampa en esa aparente claridad de la que no se habla ni aborda mucho.

Decir “hay que involucrar a los privados” es fácil cuando tienes redes, conexiones y vínculos permantes. Lo difícil es que si no existen esas condiciones previas, como en la mayoría de las instituciones culturales del país, el cómo atraer inversión privada para diversificar los ingresos se pone cuesta arriba. Más aún: lo realmente complejo es entender qué significa, en la práctica, construir una relación sostenible, equilibrada y estratégica con actores que operan bajo lógicas completamente distintas a las del campo cultural. Porque no se trata solo de conseguir financiamiento para salvar la operación a fin de mes. Se trata de traducir lenguajes, de alinear expectativas, de generar confianzas que no ocurren de manera automática. Se trata, también, de asumir que el tiempo del sector privado no es el tiempo de la creación artística, y que los incentivos que movilizan a uno no necesariamente conmueven al otro. Ahí es donde el entusiasmo suele chocar con la realidad que tenemos como país. Esta reflexión la abordamos desde 2023 en el Foro Sostenible, un intento todavia incipiente por tender puentes entre cultura y el mundo privado.

Y es aquí donde la lectura del sociólogo Eugenio Tironi se vuelve particularmente incómoda y pertinente. En su libro “La justificación de la empresa y el nuevo capitalismo”, el autor advierte que hemos entrado en una época donde ya no basta con afirmar el valor de algo: hay que demostrarlo. Ya no alcanza con la convicción; se exige evidencia. Todo debe ser explicado, validado, medido.La cultura entonces, no escapa a esa presión.

Durante décadas, bastaba, o parecía al menos, con sostener que el arte, el patrimonio y la creación eran esenciales para la vida en común. Hoy, en cambio, el entorno político y social, los escándalos de corrupción y faltas a la transparencia empuja a probarlo: en cifras, en impacto, en retornos. El problema es que el sector cultural no sólo no está del todo preparado para hacerlo, sino que muchas veces tampoco tiene muy claro bajo qué parámetros debería hacerlo sin traicionar su propia naturaleza.

¿Cómo se mide el valor de una obra que incomoda?

¿Cómo se traduce en indicadores la experiencia estética, la memoria o la identidad?

¿Cómo se “justifica” aquello que, precisamente, existe para escapar de la lógica utilitaria?

La paradoja es indiscutible: se exige evidencia en un campo que históricamente ha operado en otra dimensión de sentido.

El riesgo, nuevamente, no es solo la mercantilización, sino que la simplificación. Que en el esfuerzo por demostrar valor, terminemos reduciendo la cultura a aquello que es fácilmente medible, comunicable o financiable. Que lo invisible, lo más frágil, lo más experimental, lo más necesario, quede fuera de la ecuación.Y, sin embargo, tampoco hay espacio para la evasión.

El modelo chileno de financiamiento cultural, altamente dependiente del aparato público, mostró límites evidentes: fragmentación, precariedad laboral, proyectos que sobreviven más que se proyectan, y una relación todavía frágil con las audiencias que muta con velocidad insospechada. Ignorar eso sería tan irresponsable como negar los riesgos del nuevo escenario que nos desafía a la flexibilidad y a la reinvención en muchos casos.

Quizás lo más honesto sea asumir que estamos entrando en una zona de incertidumbre productiva. Un terreno donde ni el Estado ni el mercado, por sí solos, ofrecen respuestas suficientes. Donde las instituciones culturales, grandes, chicas, regionales o nacionales, deberán reinventar no sólo sus modelos de financiamiento, sino también sus formas de gestión, sus narrativas y su capacidad de interlocución con otros mundos. Y donde, además, deberán aprender, aunque sea incómodo, a justificar su existencia en un lenguaje que no les es propio.

Las primeras semanas del gobierno de Kast no cierran el debate: lo abren y lo transforman a su vez en una oportunidad que no será fácil. Y lo hacen en un momento particularmente tenso, donde las certezas del pasado ya no alcanzan, pero las exigencias del presente se vuelven cada vez más concretas. Ahí es donde aparecen las preguntas que probablemente marcarán el próximo ciclo político en cultura:

¿Puede el sector cultural construir una relación madura con el mundo privado sin subordinarse a él? ¿Puede la empresa privada financiar proyectos culturales por su valor último y no sólo por recibir algo a cambio?

¿Está el Estado dispuesto a redefinir su rol sin abandonar su responsabilidad pública?

¿Basta con tener la Ley de Donaciones Culturales para que desde el Estado se impulse y estimule a los privados a sumarse como actores relevantes en desarrollo cultural nacional y regional?

¿Somos capaces de generar nuevas formas de evidencia que no reduzcan la cultura a una planilla Excel?, ¿Tenemos, como campo cultural, las herramientas, los liderazgos y el tiempo para transitar hacia modelos más complejos, sin sacrificar lo esencial en el camino?

Porque, al final, el verdadero reto no es elegir entre más Estado o más mercado. Es decidir qué tipo de cultura estamos dispuestos a sostener cuando, además, ahora nos toca aprender a explicarla.