domingo, 17 de febrero de 2019 Actualizado a las 09:34

EDITORIAL

Los verdugos voluntarios en el magnicidio casi perfecto de Frei Montalva

por 5 febrero, 2019

Los verdugos voluntarios en el magnicidio casi perfecto de Frei Montalva
En esto no cabe espacio al error ni a la interpretación. El asesinato de Frei fue una operación homicida de inteligencia de los servicios secretos de un Estado de Seguridad Nacional y, a su vez, un ejemplo clásico de cómo opera una dictadura civil-militar. En ella, miembros de la elite se mojaron las manos, mientras la socialité dictatorial, dominadora de imágenes y de medios, actuó como una horda cultural impune, creando ambigüedades y falsas verdades. Y que ahora, nuevamente, trata de escamotear su responsabilidad poniendo dudas sobre la evidencia social del asesinato. Este no es el resultado solo de algunos cómplices pasivos, sino de los verdugos voluntarios de la dictadura, que vuelven a actuar.
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La sentencia dictada hace pocos días en la que se calificó la muerte de Eduardo Frei Montalva como un asesinato, ha remecido a la opinión pública y ha vuelto a cuestionar la consciencia institucional, política y moral de la sociedad chilena. No solo en relación con los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, sino también al promedio cultural de aceptación o rechazo de la gente en relación con los hechos de ese Gobierno, dada la forma en que muchos han reaccionado al hecho.

Después de 19 años de una difícil y a contracorriente investigación judicial, que debió enfrentar todos los obstáculos posibles en la indagación de un hecho penal, como la destrucción y ocultamiento de pruebas y una generalizada complicidad de silencio de sus autores, cómplices y encubridores, el juez instructor –gracias a su tesón y perseverancia– logró reconstruir la ecología política y doméstica en que se produjo la cruel muerte del ex Mandatario, mientras recibía “atención médica” en la Clínica Santa María de Santiago.

Dictada la sentencia, estamos presenciando un nuevo acto de mala conciencia, con la aparición de argumentos que relativizan los resultados de la investigación judicial, y una forma elíptica de expresar un negacionismo de este grave delito.

A eso apuntan las declaraciones de abogados y comentaristas cuando insinúan que no se ha arribado a una verdad jurídica, para ellos impoluta y atemporal, en la que poco o nada considera que hubieron de transcurrir décadas para poder armar el difícil rompecabezas, con influyentes personas e importantes instituciones intentando impedirlo, como fue el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile y varios de sus connotados médicos y autoridades.

Sin perjuicio de los necesarios esfuerzos judiciales por arribar a la mayor certeza jurídica posible en el proceso de apelación que han decidido enfrentar las partes, algo esencial es que está perfectamente acreditado que el asesinato fue organizado y realizado nutriéndose de la complicidad voluntaria de miembros de la elite que, cultural e ideológicamente, apoyaba a la dictadura. No se trata aquí de gatilleros violentos y agentes brutales –que por cierto también los hubo– sino de un magnicidio cometido por gente fina y culta, profesionales de alto nivel, capaces de producir venenos y sustancias tóxicas de alta peligrosidad y complejidad, de moverse en ambientes selectos como la Clínica Santa María, y generar aislamiento e indefensión de la víctima, exactamente allí donde esta creía que la iban a curar.

Actuando en lo microsocial y como expresión de una subjetividad culposa, la mala conciencia nacional sigue escondiendo pruebas, niega accesos de información  y relativiza: “El juez no arribó a hechos irrebatibles”, han dicho algunos. No identificó exactamente qué sustancia venenosa de las encontradas en su cuerpo (halladas no obstante todos los esfuerzos de los victimarios para que no las detectaran) fue la que “realmente” le quitó la vida y no determinó, el sentenciador, quién dio la orden de matarlo, han dicho también. Olvidando que en el sistema penal muchas veces los homicidios se tienen que probar por presunciones, porque no existe otra posibilidad, en la medida que el juez llegue a la convicción de que hubo un hecho punible y quiénes participaron en el mismo, sea como autores, cómplices o encubridores, cosa que acá efectivamente ocurrió.

Sin perjuicio de los necesarios esfuerzos judiciales por arribar a la mayor certeza jurídica posible en el proceso de apelación que han decidido enfrentar las partes, algo esencial es que está perfectamente acreditado que el asesinato fue organizado y realizado nutriéndose de la complicidad voluntaria de miembros de la elite que, cultural e ideológicamente, apoyaba a la dictadura. No se trata aquí de gatilleros violentos y agentes brutales –que por cierto también los hubo– sino de un magnicidio cometido por gente fina y culta, profesionales de alto nivel, capaces de producir venenos y sustancias tóxicas de alta peligrosidad y complejidad, de moverse en ambientes selectos como la Clínica Santa María, y generar aislamiento e indefensión de la víctima, exactamente allí donde esta creía que la iban a curar.

Son verdugos voluntarios para ejecutar un crimen de sistema, al que concurren por ser parte del poder y tener la confianza de este.

Lo actuado por el grupo hechor, en el cual existe gente muy cercana al ex Primer Mandatario asesinado y a su partido, la Democracia Cristiana, recuerda el debate alemán sobre el conocimiento, tolerancia o ignorancia que la sociedad alemana tuvo sobre el Holocausto y la afirmación de que este fue posible por la “complicidad activa y voluntaria de miles de alemanes comunes y corrientes en la mayor empresa criminal del siglo: el exterminio a escala industrial de los judíos europeos por la dictadura hitleriana”. Lo que, a juicio de Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, indicaba que “los monstruos existen, pero son pocos en número, para ser verdaderamente peligrosos. Los más peligrosos son las personas normales, funcionarios dispuestos a creer y actuar, sin hacer preguntas". La “banalidad del mal”, lo denominó Hannah Arendt.

La actividad judicial fue una investigación especialmente difícil, porque recayó sobre algo que casi nadie quería hablar, incluso varios miembros de la familia de la víctima, y se parece mucho a una lucha por una verdad en medio de una conspiración de silencio.

El asesinato de Frei Montalva tiene en gran medida toda la carga de las tragedias políticas shakesperianas. Un poco de El Rey Lear por las tensiones en la familia, y mucho de Macbeth, pues la historia gira en torno al poder, los peligros que entraña la acción política, las  traiciones entre amigos, en un ambiente vicioso de la política, llena de daños físicos, morales y psicológicos, en este caso causados por la dictadura.

Como todo drama histórico en desarrollo, aún hay espacio para que alguien cuente la verdad y quede de manera expresa sentado el hecho de que este magnicidio es un homicidio calificado, posible de cometer bajo las circunstancias en que ocurrió por el control político y social ejercido por el Gobierno dictatorial de la época y la adhesión política y doctrinaria que recibió de aquellos que fueron sus verdugos voluntarios.

En lo que no debe haber error, es en que el asesinato de Frei fue una operación homicida de inteligencia de los servicios secretos de un Estado de Seguridad Nacional y que es el ejemplo clásico de cómo opera una dictadura civil-militar. En ella, miembros de la elite se mojaron las manos, mientras la socialité dictatorial, dominadora de imágenes y de medios, actuó como una horda cultural impune, creando ambigüedades y falsas verdades. Y que ahora, nuevamente, trata de escamotear su responsabilidad, poniendo dudas sobre la evidencia social del asesinato. Este no es el resultado solo de algunos cómplices pasivos, sino de los verdugos voluntarios de la dictadura, que vuelven a actuar.

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