EDITORIAL
El Congreso debe hacer un esfuerzo por transparentar el proyecto y analizar con realismo las cifras, a partir de lo que existe y la realidad de la economía. Sobre todo, para enrielar una política sustentable en tiempos difíciles de crecimiento y empleo. Ello implica rigurosidad con el presupuesto que se ejecuta. Ya se sabe, gracias a los estudios de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal, que hay dineros de presupuestos anteriores que figuran ejecutados y rendidos, pero que son imposibles de rastrear. Así ocurre, por ejemplo, con el 40% de los destinados a gastos de publicidad y difusión. Esos muchos millones de dólares pudieron haber sido gastados de manera arbitraria o simplemente birlados. Imposible saberlo, y en las propias narices del Congreso –su Comisión Mixta de Presupuesto–, la Dipres, la Contraloría y la mentada Ley de Presupuestos. Así, es necesario no solo definir bien las cifras, sino también hacer lo necesario para que los gastos sean bien ejecutados y sometidos a las auditorías de respaldo.
Lejos del declarado objetivo gubernamental de equilibrio fiscal, el Presidente Piñera, en cadena nacional de TV, se refirió al Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para el año 2020, que ya empezó a analizar el Congreso Nacional. Este contiene un aumento del gasto público real del orden del 3%, es decir, unos US$ 2.133 millones adicionales en relación con el año anterior, pese a la tendencia a la baja del crecimiento de la economía. Pero no llega a ser contracíclico, y aun cuando el Mandatario inició su intervención refiriéndose al deterioro de la economía mundial y la guerra comercial de Estados Unidos con China, de a poco cambió el tono y terminó hablando en clave de programa.
Pero mirando con realismo las cifras con relación a las perspectivas de la economía nacional y los objetivos anunciados, no cabe duda que la alocución fue un poco exagerada y el proyecto debería bajar a tierra en el Congreso.
Parece claro que el Gobierno se inclinó por aplicar una óptica electoral al año fiscal que viene, en el que debutarán los gobernadores regionales elegidos de manera directa, y decidió anticiparse al rediseño de legitimidad política que vendrá después. Porque, una vez que esas nuevas autoridades entren en ejercicio, aunque sus competencias estén difusas y no sean suficientes, constituirán una barrera al centralismo político de Chile. Por tanto, el Jefe de Estado quiere apostar a que el oficialismo ganará las principales plazas electorales y a no ser el primer Presidente que deba enfrentar a dirigentes regionales con legitimidad de origen similar a la suya y que sean, además, opositores.
De ahí lo conveniente de auscultar el carácter del Presupuesto 2020, para ver hasta dónde está contaminado de cálculo electoral.
En esta perspectiva llama la atención el aumento del gasto central en un 6.7%, ya que este siempre está destinado a dar holgura a La Moneda para programas sin priorización sectorial, algo necesario para responder a requerimientos de coyuntura. Este gasto central, una vez elegidos los gobernadores provinciales, será un arma política en manos del Ejecutivo, e inevitablemente deberá ser analizada y regulada en el futuro.
El proyecto también apunta, según señaló el Primer Mandatario en su cadena televisiva, a fortalecer la seguridad de la población y la acción de las policías, entregando 34 mil millones de pesos más que el año pasado. La Seguridad es el primer tema de preocupación ciudadana. Pero su ejecución tiene muchos aspectos no resueltos de corrupción económica de mandos policiales, en especial de Carabineros, que continúan sin solución por parte de las autoridades. El dinero, que estaría destinado a fortalecer el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública se invertiría en “infraestructura, tecnología, vehículos y equipamiento” de la policía, para “recuperar las calles, plazas y parques” de las ciudades. Las señales resultan ambiguas.
Un aumento importante se da en el sector Salud, donde alcanza un 5.7% en relación con el presupuesto del año pasado. Ello es positivo, pues tal como señaló el Presidente, el sector requiere cirugía mayor. Sin embargo, tal aumento todavía será insuficiente para absorber la brecha de desinversión de los años anteriores por falta de recursos. De acuerdo a lo dicho por el Jefe de Estado, debe distribuirse en la ejecución de unos 75 proyectos de infraestructura hospitalaria y otros tantos de salud primaria en distintas regiones del país: hospital Alto Hospicio en Iquique; el Biprovincial de Quillota-Petorca; el Gustavo Fricke en la V Región; el hospital de La Serena; el de Angol; el Barros Luco y el Roberto del Río en la RM, entre varios otros. Todo ello, además de la necesidad de reforzar la adquisición de medicamentos en los convenios de compra directa de bioequivalentes y genéricos suscritos con la India y Brasil, fuera de los temas GES y AUGE.
De ahí que cuando el Presidente se refiere al Presupuesto 2020 como un instrumento para “fortalecer el crecimiento, la creación de empleos y oportunidades y mejorar los salarios,” y dice que es “reactivador para mantener y acelerar la marcha de la economía”, mediante la inversión en áreas claves como Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Urbanismo, Salud, Cultura y Deportes, parece bastante exagerado.
De todas ellas, las únicas que se pueden reactivar en el corto plazo son Obras Públicas y Vivienda, dependiendo del enfoque. En Transportes los proyectos son a largo plazo y en el corto tiempo de un año fiscal, con las recientes alzas de las tarifas de locomoción y electricidad, solo le darán al Gobierno merma de aprobación ciudadana, si no movilizaciones sociales y protestas. Salud siempre será un gasto inmediato neto, y Cultura y Deportes no tienen dimensión para incidir, excepto como imaginería en un discurso destinado a cadena nacional.
A su vez, las expectativas de crecimiento de la inversión con el Presupuesto 2020 solo pueden referirse a su rol de primera piedra financiera y aliciente para capitales privados. Pero no alcanza, ni por tiempo ni por volumen, para financiar 2 mil proyectos de inversión en todas las regiones de Chile, como se informó, menos si incluyen grandes obras.
El Congreso debe hacer un esfuerzo por transparentar el Proyecto y analizar con realismo las cifras, a partir de lo que existe y la realidad de la economía. Sobre todo, para enrielar una política sustentable en tiempos difíciles de crecimiento y empleo.
Ello implica rigurosidad con el presupuesto que se ejecuta. La fallida acusación constitucional contra la ministra de Educación tuvo entre sus capítulos uno de falta de Ejecución Presupuestaria relacionada con los Servicios Locales de Educación Pública, creados por la Ley 21.040. Hasta ahora la regla fiscal era que, presupuesto que no se ejecuta, se pierde. Solo bajo condiciones muy especiales puede constituir arrastre para la ejecución del año siguiente. No se conoce si Dipres actualmente aplica la regla. Pero se sabe –gracias a los estudios de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal– que hay dineros que figuran ejecutados y rendidos, pero son imposibles de rastrear.
Así ocurre con el 40% de los destinados a gastos de publicidad y comunicaciones. Esos varios millones de dólares pudieran haber sido gastados de manera arbitraria o simplemente birlados. Imposible saberlo, y en las propias narices del Congreso, Dipres y la mentada Ley de Presupuestos.
Es necesario no solo definir bien las cifras –lo que no se advierte en el Presupuesto 2020–, sino también que sea bien ejecutado y pueda ser sometido exitosamente a las auditorías de respaldo. Si algo debiera traer la nueva institucionalidad regional, es la capacidad real de auditar la ejecución presupuestaria de la totalidad de su región. Se requiere ley.
