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Para políticos, analistas y abogados ligados al mundo de los DDHH, la negativa del ministro de Interior a aceptar cualquier tipo de responsabilidad frente a las muertes de civiles producidas por agentes del Estado, durante el estado de emergencia, es la demostración de que no está dispuesto a asumir ningún tipo responsabilidad ni a reconocer que la crisis se salió de las manos cuando Chadwick todavía era el encargado de la seguridad pública. Si bien, sostienen analistas, la muertes se producen cuando la seguridad está en el poder del Ejército, por lo que estrictamente no tendría responsabilidad en ellas, no dudan que la oposición y que específicamente la calle harán insostenible su permanencia en el gabinete. «El ministro del Interior debiera tener los días contados», sostuvo el analista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.
Si la noche del martes fue una que buscó la reconciliación con la sociedad civil, tras el perdón emitido por el Jefe de Estado, sumado al paquete de medidas que buscaban bajar la temperatura de la calle, el amanecer del miércoles no fue lo que se esperaba para el ministro a cargo de la seguridad pública, Andrés Chadwick. Y es que las cifras puestas sobre la mesa, considerando que el estado de emergencia fue decretado el viernes pasado, dan cuenta –hasta el miércoles– de 18 víctimas fatales, cinco de ellas a manos de agentes del Estado, más de dos mil detenidos y cerca de cuatrocientas personas heridas.
En la casa de Gobierno este miércoles fue de pura tensión. Al mismo tiempo en que se sucedieron varias reuniones entre los propios inquilinos de Palacio, sumados a los encuentros presidenciales con analistas y exministros de la Concertación, como José Antonio Viera-Gallo, el ministro del Interior vivía en Valparaíso uno de sus más incómodos días en su cargo.
Presente en la sesión especial de la Cámara de Diputados para dar cuenta de los hechos, el jefe de Interior intentó ganar tiempo detallando la lista de propuestas anunciada por el Mandatario, situación que molestó sobremanera a varios al interior del hemiciclo. Fue la diputada Camila Vallejo quien primero alzó la voz, exigiendo que se hablase de los fallecidos en horas de control militar.
Los ánimos de ahí en más se enardecieron, empujones, y una tensión extrema que se dio luego de una inédita situación que involucró a personal del Parlamento, el que impidió el paso al ministro del Interior, quien buscó retirarse del lugar luego de una de las primeras suspensiones de la cita. Los mismos funcionarios levantaron pancartas con la frase: “Tus manos tienen sangre”.
Desde el Partido Comunista elevaron la puntería y el nombre del jefe de Interior no les fue suficiente, por lo que anunciaron iniciar la campaña para acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera. El presidente de la tienda, Guillermo Teillier, lanzó la primera piedra: “Nosotros pensamos no solo en una acusación contra el ministro Chadwick, sino incluso contra el Presidente de la República. Si lo pide la ciudadanía, nosotros lo vamos a hacer”.
Cuando la reunión había terminado, consultado directamente sobre su responsabilidad, el ministro sostuvo: «Yo asumo mis responsabilidades, pero no tengo ninguna responsabilidad política en esta situación». Desde el punto de vista constitucional, efectivamente no tendría responsabilidad, ya que los muertes se produjeron en estado de emergencia, donde el encargado de la seguridad es el Ejército.
Sin embargo, la negativa también implica eludir la responsabilidad política en el manejo de la crisis inicial que luego se le fue de las manos, al punto de llegar a la crisis general de hoy.
Al respecto, el director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que “es bien difícil para la oposición y para el ciudadano común, aceptar y tolerar que, en el marco de las movilizaciones y protestas ciudadanas, un miembro importante del régimen de Pinochet hoy día esté a cargo de la seguridad pública (…) la estrategia empleada por el Ejecutivo va a traer consecuencias políticas muy serias, el ministro del Interior debería tener los días contados, quizás no para el Presidente”.
A diferencia de las responsabilidades políticas, donde el ministro Andrés Chadwick ocupa el primer puesto en la lista de la oposición, existen también las responsabilidades institucionales. En este caso el responsable directo sería Estado como ente responsable.
Así lo explicó el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto: “Los que están ocasionando esta violación de los derechos humanos son los agentes estatales, funcionarios de carabineros, funcionarios militares, indudablemente que hay una responsabilidad civil del Estado en su conjunto, es decir, toda esta gente que ha sufrido, he leído, pérdida de sus ojos, otros de su vida a mano de los militares, otros gravemente lesionados, indudablemente que tiene una acción de reparación en contra del fisco de Chile (…) cuando actúan ellos, es el Estado el que está actuando, hay una responsabilidad penal para el ejecutor, pero hay una responsabilidad civil del Estado».
En tanto, para Cristián Cruz, también abogado de derechos humanos, “sí, hay una responsabilidad desde que el Presidente nos habla de guerra y envía la tropa a la calle, el Presidente está obligado, la administración está obligada, a tomar los resguardos para que se respeten los derechos fundamentales, esos resguardos claramente no se tomaron, no hay ninguna prueba de aquello y, por el contrario, pasan los días. Se ha visto públicamente, se han hecho las denuncias de los diferentes delitos, abusos, maltratos, y el Presidente solo ayer pide disculpas. Quiero decir que no ha cambiado el modelo previamente diseñado. Para nosotros, sí tiene una responsabilidad, en lo penal es complejo, pero en términos administrativos, se ceden la funciones intencionalmente por la administración a los militares, por lo tanto, son ellos los que tienen que responder por esta delegación, al final es una subcontratación».
