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“La fiebre de los datos”: nuevas fuentes de riqueza y el rol público de las instituciones

por 29 septiembre, 2020

“La fiebre de los datos”: nuevas fuentes de riqueza y el rol público de las instituciones
Dicen que los datos son “el nuevo petróleo”, pero las autoridades no pueden cegarse ante las promesas de la innovación o de las nuevas formas de riqueza. Es absolutamente indispensable una perspectiva de derechos al abordar los desafíos tecnológicos, junto con impulsar una discusión y debate sobre las implicancias éticas, sociales y culturales que los avances tecnológicos están teniendo en nuestras vidas. La sociedad del conocimiento, discurso que abunda entre algunas autoridades, no se reduce al tratamiento de datos, búsqueda de soluciones de alta tecnología o desarrollo tecnológico, sino que hace referencia a una sociedad donde las personas participan en la generación del conocimiento, tienen acceso a este, son capaces de apropiarse de las tecnologías y beneficiarse de estas para mejorar su calidad de vida
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Hace varios días la Contraloría General de la República no tomó razón del decreto N° 14, de 2020, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el cual se creaba la Fundación Data Observatory. En el dictamen se hace referencia a dos problemas fundamentales: primero, la inexistencia de transparencia especialmente en la selección de las instituciones privadas –Universidad Adolfo Ibáñez y Amazon Web Services Inc.– que conformarían la fundación en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; segundo, que era posible que se generaran dobles remuneraciones para empleados públicos que también ejerzan como parte de dicha fundación.

Existen al menos tres elementos de este episodio que es necesario desarrollar y discutir públicamente. El primero tiene que ver con el carácter específico de la fundación, que se vincula al manejo de grandes cantidades de datos generados por instituciones públicas y privadas, y que serían utilizados “para fines de desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía”.

Sin embargo, en Chile no existe una legislación idónea que pueda regular el uso apropiado de los datos, asegurando, por ejemplo, el necesario resguardo de la privacidad de la persona que los genera. Y, por lo mismo, resulta sumamente problemático que se busque generar instancias como esta fundación, sin que exista primero una fórmula eficaz para resguardar a la sociedad de las posibles vulneraciones que puedan desarrollarse en el uso de estos datos. Esto, por cierto, solo evidencia la urgencia de avanzar en regulaciones de la materia en el corto plazo, especialmente cuando se está discutiendo una política de inteligencia artificial para el país.

En particular resulta muy preocupante que el derecho humano a la autodeterminación informativa pueda verse vulnerado por un uso inadecuado de los datos, pues en este caso sería el Estado el que actuaría en contradicción con su propósito fundamental: el bien común.

Por otro lado, un segundo elemento de esta situación es la falta de transparencia, cuestión que no solamente vulnera la confianza pública, sino que también es contradictoria con una perspectiva de derechos aplicada a la creación de políticas públicas, como se explicita en el punto 75 del informe Políticas públicas y Derechos Humanos de la CIDH. Y es que no existe ninguna claridad sobre el por qué de las instituciones seleccionadas para el desarrollo de la fundación e, incluso, si es que miramos exclusivamente desde la buena fe, queda la legítima duda de que empujar de esta manera una cooperación público-privada, con el objetivo de avanzar en cuestiones como la innovación o la investigación aplicada, produzca efectos más positivos que negativos.

Consideramos que avanzar en el diálogo entre el sector público, el mundo de la investigación y el sector privado es importante, pero esto debe realizarse de forma transparente y abierta, donde queden claros los objetivos de esa cooperación, pues en este caso el bien público y la promoción de los Derechos Humanos no parecen haber estado en el centro de la iniciativa. Es legítimo y necesario que existan diversas miradas en torno a ello, y lo adecuado de hacer, entonces, es procesar esas diferencias para construir una salida concreta a una necesidad para el país, como es el tratamiento moderno de los datos. Pero parece haberse decidido la vía de los hechos consumados, cuestión claramente reñida con la transparencia y la confianza pública de las instituciones involucradas.

Finalmente, creemos que es necesario dilucidar el rol específico del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, especialmente porque en la actualidad son varias las políticas y programas que se están intentando trabajar, y para las cuales se ha considerado importante el diálogo con agrupaciones diversas de la sociedad civil, especialmente de académicos e investigadores. Al menos los firmantes de esta columna valoramos dicha posibilidad, y hemos estado siempre abiertos a ella. Pero cuando aparecen episodios como el actual, no pueden sino minarse las confianzas existentes, y dejar un manto de duda sobre la sinceridad y utilidad del diálogo construido.

Esto último resulta aún más problemático para investigadores de áreas que históricamente han sido poco consideradas para discusiones sobre temas vinculados a cuestiones del mundo digital. Dicen que los datos son “el nuevo petróleo”, pero las autoridades no pueden cegarse ante las promesas de la innovación o de las nuevas formas de riqueza. Es absolutamente indispensable una perspectiva de derechos al abordar los desafíos tecnológicos, junto con impulsar una discusión y debate sobre las implicancias éticas, sociales y culturales que los avances tecnológicos están teniendo en nuestras vidas.

La sociedad del conocimiento, discurso que abunda entre algunas autoridades, no se reduce al tratamiento de datos, búsqueda de soluciones de alta tecnología o desarrollo tecnológico, sino que hace referencia a una sociedad donde las personas participan en la generación del conocimiento, tienen acceso a este, son capaces de apropiarse de las tecnologías y beneficiarse de estas para mejorar su calidad de vida. En este sentido, es fundamental que el Estado y los gobiernos se hagan cargo de abrir un debate público en torno a los caminos que tomaremos en este ámbito, junto con impulsar regulaciones al uso de las tecnologías, mayor educación de la ciudadanía y un tratamiento de datos personales que proteja el bien común y los derechos de las personas.     

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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