Opinión
Es el candidato de la derecha quien más problemas ha tenido durante el proceso de tramitación del cuarto retiro. Sichel se posicionó tempranamente en contra del cuarto retiro. Su primer error fue intentar disciplinar a los parlamentarios de Chile Vamos para que no votaran a favor: “Voy a estar mirando a quienes apoyan el cuarto retiro para cuando después pidan apoyo de vuelta en las campaña”, sentenció en una oportunidad, generando fricciones innecesarias que aumentaron sus decibeles cuando la Cámara finalmente aprobó el martes 28 de noviembre la propuesta con 18 votos oficialistas, gran parte de ellos provenientes de RN. El liderazgo de Sebastián Sichel se vio nuevamente cuestionado, tras el debate televisivo que mostró a José Antonio Kast infringiéndole una hemorragia por derecha que algunos en la UDI ya comienzan a olfatear.
Antes de analizar las consecuencias que ha provocado el debate en torno al cuarto retiro del 10% en el desempeño de las candidaturas presidenciales, donde el caso más sobresaliente lo representa Sebastián Sichel, resulta conveniente hacer una recapitulación de los acontecimientos que explicarían por qué la aprobación de los retiros en el Congreso se termina imponiendo tan contundentemente en el campo político como la ley de gravedad se impone a los cuerpos en el espacio físico. Más allá de toda demagogia, e incluso, la propia voluntad de los actores políticos.
Bien vale situar como punto de partida el 24 de julio del 2016, día en que se congregó una de las marchas más multitudinarias desde la irrupción de los movimientos sociales el año 2011. Esta nueva oleada de movilizaciones alzaría una breve y demoledora consigna: “No + AFP”.
Con ello, la indignación social ejecutaba un desplazamiento desde la crítica al lucro en el sistema educativo a un ataque frontal en contra de uno de los pilares del modelo neoliberal instaurado en Chile bajo régimen dictatorial: el sistema de las AFP. Como todo fenómeno anclado a matrices estructurales, el repudio social contra las AFP se había “cocinado a fuego lento” por más de tres décadas. Todo bien, hasta que comenzó a salir una primera camada de pensionados que en su mayoría recibían ingresos que rayaban en la línea de la pobreza.
Fue en noviembre de 1980 cuando fueron publicados en el Diario Oficial los decretos leyes 3.500 y 3.501 que instauraron el modelo de capitalización individual diseñado por el ministro del Trabajo y Previsión Social de ese entonces, José Piñera, hermano del actual presidente de la República, Sebastián Piñera. Las “externalidades negativas” que el modelo provee a nuestra “polarizada” sociedad requerían de un tiempo de maduración.
A pesar de que la acción política de los hermanos Piñera Echeñique se ejecutó en momentos distintos de nuestra historia, ambos han contribuido con más de un “granito de arena” a desatar la crisis actual. José, modelando un sistema previsional y laboral que ha funcionado como un pilar fundamental para la utilización de los fondos de las y los trabajadores en el mercado financiero más que como un sistema de seguridad social. Sebastián, desatando las furias del Estado de excepción cuando su propia incapacidad de otorgar gobernabilidad fue develada por la protesta social. José y Sebastián, una combinación explosiva que también hizo estallar a su propio sector político, la derecha.
El estallido por supuesto aumentó la ilegitimidad del sistema de pensiones de las AFP. No por nada el primer punto de las concesiones que el gobierno de Sebastián Piñera cedía ante el avance de la agitación callejera se refería precisamente al tema de las pensiones. La “Nueva Agenda Social” fue anunciada el martes 22 de Octubre, un día después de su imborrable y bélica intervención: “estamos en Guerra”.
Por otro lado, la vía constituyente desencadenada por la exposición social tampoco resolvería en lo inmediato el problema de la ilegitimidad en torno al sistema de pensiones.
Cuando la pandemia arribó a Chile en marzo del 2020, el terreno político estaba perfectamente abonado para que el modelo de las AFP comenzara su doloroso proceso de agonía y muerte. Pero faltaba algo más. La respuesta del ejecutivo. Experto con el garrote (aplicando un Estado de excepción y toque de queda que duró 560 días). Austero con la zanahoria.
Tras los primeros confinamientos en las ciudades apareció sobre la superficie de los medios la precariedad que subyace al mundo del trabajo en Chile, sobre todo el informal. También, un flagelo que habíamos pretendido superado: el hambre. El ejecutivo respondió con un paquete de medidas, siendo la tramitación en el Congreso de un Ingreso Familiar de Emergencia de 65 mil pesos que beneficiaba a casi 5 millones de personas uno de sus productos estrella. La aprobación del beneficio fue celebrada como una victoria por los ministros de Hacienda de ese entonces, Ignacio Briones, y de Desarrollo Social, hoy candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel.
Mientras ambos ministros descorchaban los brebajes para celebrar el IFE en mayo del 2020, un grupo de parlamentarios comenzaron a plantear la necesidad de efectuar un primer retiro del 10% de las AFP a fin de paliar el déficit en el ingreso de las familias producto de la pandemia. Una ecuación perfecta para ganar popularidad, likes y votos.
El desenlace de la historia ya lo sabemos. El primer retiro fue aprobado en julio del 2020. El segundo en diciembre de ese mismo año. El tercero en abril del 2021. El conjunto de estos tres retiros equivale a US $50 mil millones, cerca de un 25% del total acumulado en el sistema (un cuarto retiro aumentaría la cifra en cerca de US $20 mil millones más).
Más allá de las cifras, y de cómo este caudal de ingresos ha permitido dinamizar los circuitos de la economía neoliberal, en el registro de la política contingente el retiro que provocó mayores repercusiones fue sin lugar a duda el tercero (abril de este año). En aquella oportunidad, la rebelión de los parlamentarios oficialistas en contra de las directrices de su propio gobierno y, posteriormente, la decisión del ejecutivo de acudir al Tribunal Constitucional para detener el tercer retiro a días de la elección más importante desde el plebiscito de 1988 fue un error catastrófico, que seguramente la derecha lamentará por varios años más.
Efectos en la carrera presidencial
Es toda esta trayectoria y contexto previo el que vuelve inevitable que las candidaturas presidenciales no asuman las implicancias de la tramitación en el Congreso del cuarto retiro, así como también, el proceso de agonía que experimenta el sistema de las AFP.
Por supuesto, no todas las candidaturas en competencia asumen con la misma centralidad esta discusión. Lo que marca la diferencia estriba en aquellas candidaturas que son respaldadas por fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso, y que por tanto podrían influir en la tramitación legislativa, y aquellas que no.
En efecto, las candidaturas con base parlamentaria relevante son solo tres: Gabriel Boric – Apruebo Dignidad, Yasna Provoste – Nuevo Pacto Social, y Sebastián Sichel – Chile Podemos +.
Gabriel Boric, quien se había mostrado contrario en una primera instancia a la aprobación de un cuarto retiro asumió posteriormente una posición pragmática: no entrar en colisión con el arrollador avance de la tramitación del cuarto retiro ni con los parlamentarios de la bancada de Apruebo Dignidad que ya estaban decididos a votar a favor de la iniciativa.
Para ello, cambió de posición, pasó a apoyar la medida, e intentó introducir algunas indicaciones al interior de la comisión de Constitución a fin de mitigar los efectos negativos que el cuarto retiro podría tener en la economía y sus implicancias inflacionarias. La táctica no dio los frutos esperados ya que no logró alinear a la totalidad de la bancada detrás de la propuesta, ni tampoco las indicaciones se lograron aprobar en la comisión de Constitución, siendo tildadas por el resto del espectro político como “letra chica”. Más allá del revés, la tramitación del cuarto retiro no ha producido muchos problemas para Boric. Sobre todo si es que se compara su situación con la de su principal contendor, que comienza a perder terreno, Sebastián Sichel.
Es el candidato de la derecha quien más problemas ha tenido durante el proceso de tramitación. Sichel se posicionó tempranamente en contra del cuarto retiro. Su primer error fue intentar disciplinar a los parlamentarios de Chile Vamos para que no votaran a favor: “Voy a estar mirando a quienes apoyan el cuarto retiro para cuando después pidan apoyo de vuelta en las campaña”, sentenció en una oportunidad, generando fricciones innecesarias que aumentaron sus decibeles cuando la Cámara finalmente aprobó el martes 28 de noviembre la propuesta con 18 votos oficialistas, gran parte de ellos provenientes de RN. El liderazgo de Sebastián Sichel se vio nuevamente cuestionado, tras el debate televisivo que mostró a José Antonio Kast infringiéndole una hemorragia por derecha que algunos en la UDI ya comienzan a olfatear.
No obstante, lo que más perjudicaría a Sichel en estas circunstancias sería la variante “moral” que en un principio intentó esquivar, además de la persistente secuencia de errores que muestra que su campaña no atraviesa por un buen momento. Así, cuando el candidato fue consultado por la prensa si había sacado alguno de los retiros el candidato se negó a responder tildando la discusión de un “falso debate moral”. La respuesta al emplazamiento demoró tres días en llegar. A través de un video subido a redes sociales el candidato reconocía haber retirado el primer 10% para ingresarlo a su APV.
En esta pasada, no sólo el liderazgo de Sebastián Sichel al interior de su coalición ha quedado en entredicho. También su credibilidad a nivel social. Por ello, la única vía posible para salir del atolladero era plantear una contraofensiva inesperada: en el caso de aprobarse el cuarto retiro en el Congreso, proponer retirar el 100% de los fondos (60% restante) con el objetivo de evitar que estos sean “expropiados”. La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei fue la que llevó a un extremo la idea del presidenciable: “Efectivamente lo que deben hacer, es que todo el mundo retire el 100% porque se lo van a robar”.
Por su parte, la candidata Yasna Provoste, que había resistido pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa hasta que esta no llegase al Senado, tuvo que adelantar su posicionamiento a favor para el debate televisivo. La espera podría rendir algunos frutos en esta nueva fase de tramitación en el Senado, siempre y cuando logre alinear los cinco descuelgues de Nuevo Pacto Social que estarían en contra del cuarto retiro: 3 DC (Carolina Goic, Ximena Rincón y Jorge Pizarro) y 2 PS (Carlos Montes y José Miguel Insulza). Por otro lado, Provoste ha resaltado el proyecto de ley que presentó antes de ser candidata, el cual deroga el DL 3.500 que dio inicio a las AFP. Lo cual, ya marca su posición en el debate por venir.
El cuarto retiro abrió la compuerta para la muerte definitiva de las AFP, y fue el propio candidato de la derecha el que aceleró el proceso de su extinción. De ahora en más, el partido comienza a jugarse también en el debate programático respecto al fin o mantención de las AFP y el nuevo sistema de pensiones que debiese superarlo. Por todo ello, es muy probable que la carrera presidencial siga recibiendo los coletazos del cuarto retiro en medio de la agonía de las AFP.
