Ministerio de las Culturas, sus manejos de turno y su “nulo” peso político

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, antes Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha oscilado en los cargos de ministros entre los gobiernos de Bachelet y Piñera (excepto la primera designación, de Weinstein, como primer ministro en el Consejo, en el Gobierno de Ricardo Lagos).

Pareciera ser que este ministerio es el de menor peso político y sus ministras y ministros lo asumen con una fuerte carga estratégica de escalamiento en sus propias carreras políticas personales. Lo cierto es que, si miramos en retrospectiva, desde la creación del Consejo hasta su cambio a ministerio, no se han constatado cambios en una política artística y cultural donde se pudiera apreciar que estos campos hayan logrado un anclaje y/o relación cualitativa en lo que concierne a los beneficios socioculturales y artísticos de un país entero. Claramente, por los cambios de períodos presidenciales de constantes enroques entre Bachelet y Piñera, no se ha propuesto una política estable que haya ido madurando los últimos casi 20 años desde su creación como Consejo. Lo que más se ha continuado, y potenciado, es la concursabilidad permanente a través de los Fondos de Cultura.

El primer ministro, José Weinstein, en el año 2003, fue designado por Ricardo Lagos. Weinstein, fuerte promotor de las industrias culturales (al menos en el discurso intelectual), como todo el discurso semiemergente del intento socialdemócrata de una nueva izquierda nacional y del tardío progresismo liberal de parte de la derecha. Este primer ministro fue duramente criticado, los dos primeros años de su gestión, por los tipos de inversión que se hicieron en televisión. 2003 y 2004 fueron marcadamente financiados para la transmisión de demasiados programas con una cero carga cultural seria, es decir, programas extremadamente livianos y desechables (como si ya no fuera poco lo que ha ocurrido en TV antes y, también, después). La decisión de financiar programación tan mediocre quizá pudo deberse a un plan de audiencias, pero esto sería peor, considerando la subestimación de las audiencias.

Paulina Urrutia (en el primer Gobierno de Bachelet) asume el año 2006, con una débil administración que no cambió sustancialmente. Lo que más marcó su gestión fue a la vez lo más polémico que realizó y consagró como ley, la cual fue una modificación del derecho de propiedad intelectual. Recordemos que durante su gestión estuvo muy cerca de imponer fuertes restricciones del bien común y público, amparada en el fortalecimiento del derecho de autor. Esta planificación se hizo a puertas cerradas con la organización SCD, donde escribieron una lista de restricciones a la libertad de accesos, usando el modelo de España, donde hasta se cobrarían cánones por el hecho de comprar un pendrive, un DVD virgen, papeles resmas, hasta prohibiendo a jardines infantiles el uso de canciones que no sean pagadas de acuerdo al derecho de autor más arcaico que se vio en Chile (es tratar a las personas como delincuentes antes de serlos). Las universidades y bibliotecas públicas no podrían sacar fotocopias de capítulos de libros, etc. Esta situación fue frenada, en gran parte, gracias a la intervención ciudadana, principalmente de actores ligados a la tecnología y conocedores del software libre.

Luciano Cruz-Coke (en el primer Gobierno de Piñera) asume el 2010. En principio marcaría una agenda no poco nutrida en gestión gracias a la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, con el cual se reacondicionaron más de 100 edificios de valor patrimonial dañados posterremoto de 2010. También implementó más de 50 centros culturales, intentó mejorar la Ley de Donaciones Culturales. Sin embargo, estas gestiones fueron empañadas por las licitaciones que fueron concedidas, las cuales nunca fueron explicadas por el ministro, a pesar de que estamos hablando de licitaciones de grandes escalas económicas. Mencionar el que no estaba al tanto de ellas es, prácticamente, desconocer su labor como ministro. También es recordado por la masiva cantidad de despidos que realizó al interior del Consejo, sin mediar argumentos válidos, y una reducción del 50% al CNTV.

En este período se crea el Área de Nuevos Medios, la cual se ha dado con ciertas polémicas para quienes investigamos los temas de ciencia y tecnología vinculados a las artes, pues los proyectos que se benefician (en general) y las actividades que se propagan, parecieran estar más ligadas al espectáculo mediático de mayor imponencia sobre lo tecnológico (que siempre llama mucho la atención a las audiencias, independientemente de la cualidad de los proyectos, por su atractivo mediático). Desde entonces, hasta hoy, no ha existido un debate profundo y vinculación interesante y potente sobre qué significa (en este caso políticamente) la relación entre arte y nuevos medios (de hecho, el término “nuevos medios” es muy “genérico”). A esto último se le suma que quienes han estado a cargo de esa área no han sido personas que conozcan e investiguen ciertas bases mínimas de la relación de análisis y crítica sobre las tecnologías, es decir, no han tenido competencias en el tema.

Roberto Ampuero (primer Gobierno de Piñera) asume en 2013. En este caso lo que se puede resumir es una mantención, sin avances, en el Consejo. Ciertas regulaciones y acomodos para mantener un consejo sin “movimientos de olas” en retroceso o avance. Ampuero nos parece más el tipo de operador que logra cambiarse de posición política de acuerdo a las conveniencias de los cargos políticos en que intenta estar; en este caso, el de ministro de las culturas no debió ser relevante para él más que como una escala para otras designaciones.

Claudia Barattini (segundo Gobierno de Bachelet) asume el 2014. Las mayores críticas comenzaron por su nula capacidad en el cargo, es decir, parecía estar de paso en un trámite político. No se le vio comprometida en prácticamente nada relacionado con su ministerio. Gremios del CNCA la acusaron de no transparentar el proceso que debía darse en su gestión con respecto al paso del Consejo a Ministerio (iniciado como proyecto por Cruz-Coke). Esta última gestión fue un fracaso, sumado esto a asignaciones muy altas de concursabilidad (Fondart) al proyecto CorpArtes (posibles conflictos de intereses). También la Contraloría inició una investigación por el financiamiento al programa “Verano para todos y todas”, el cual fue de sumas muy altas. Muchos problemas al interior de su gestión y críticas desde el mismo Gobierno obligaron su rápido cambio por Ernesto Ottone, quien asume en el 2015. Políticamente muy moderado, con contradicciones en lo referente a su postura centralista con respecto al traslado del Consejo a Santiago, su gestión también mantuvo una línea conservadora en lo que refiere a su cargo. Una de sus fuertes polémicas fue la forma de administrar el proceso de cambio del Consejo a Ministerio. Ottone, como muchos, nunca quiso trabajar en Valparaíso; sus costumbres son centralistas. Su gestión duró menos de un año.

Alejandra Pérez Lecaros (segundo Gobierno de Piñera) asume en 2018. Con una gestión también muy moderada y acorde a la línea de “movimiento de pocas olas”, esta ministra (segunda en el cargo ya como Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) había trabajado en la directiva de Canal 13 y tenía experiencia en marketing. Estuvo solo seis meses, marcando su polémica al despedir al director del Museo Histórico Nacional (Pablo Andrade) por incorporar una frase, en la exposición “Hijos de la Libertad: 200 años de Independencia”, donde se incorporó la imagen de Pinochet como parte de la “heroica lucha contra la dictadura marxista”. No es poco probable que la solicitud de su renuncia se haya visto marcada, en parte, por esto.

Mauricio Rojas Mullor reemplaza a la anterior ministra el mismo año, pero con un marcado tono derechista en su postura, cuasicontrario o compensando la polémica de la ministra anterior, pues realiza un serio cuestionamiento (antes de asumir como ministro) a la labor del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La polémica fue de tal magnitud que solo estuvo en el cargo cuatro días, siendo reemplazado por la actual ministra Consuelo Valdés Chadwick, la cual se ha mostrado como una continuadora de las mismas políticas generales del Consejo y posterior ministerio, no comprometiéndose con la generación de políticas que hagan de dicha repartición un real espacio crítico y con designaciones que cumplan méritos activos en el conocimiento y las propuestas políticas. Esto no ha sucedido nunca. En medio del momento más crítico de la actual pandemia, mostró que las ministras y los ministros de esta área no tienen un peso político en los gobiernos. Quizá esto formaría parte de las pocas o nulas gestiones de reales cambios y se configurarían como puestos solamente estratégicos. En plena crisis económica que se dio en ese peor momento de la pandemia, la actual ministra prácticamente estuvo invisibilizada a pesar de las múltiples y constantes declaraciones de muchas organizaciones artístico-culturales. Uno de los puntos álgidos de esta crisis es cuando se supo de la asignación millonaria a una serie de galerías comerciales del barrio alto de Santiago.

No cabe duda que el concepto de industria permea a todas las gestiones del Consejo y posterior Ministerio de las Culturas, quizá para poder justificar, de alguna manera, los recursos e inversión que se incorporan a dicho ministerio, pues de otra forma la mayoría de los políticos y las políticas de turno (presidencialmente hablando) aún no comprenden la real importancia de la estructuración de políticas contemporáneas a las necesidades de un hoy, en lo que concierne a todos los cambios que se están generando en el mundo en las materias culturales, las cuales inciden en lo educativo en lo que tiene que ver con las cosmovisiones y perspectivas de realidad que movilizarán a las ciudadanas y los ciudadanos en cualquiera de las materias y trabajos que realicen en sus vidas. El ministerio ha intentado, muy lentamente, asignar más recursos a lo largo de su breve historia, pero no asignar los roles de importancia que le competen en la actualidad, ya no solo como país, sino como mundo. Quizá, como menciona el profesor Francisco Brugnoli (miembro de la actual Asamblea de Arte Chile, junto a otras y otros artistas e investigadores), no debiese ser una instancia que dependa de los gobiernos de turno, sino una organización autónoma de carácter estatal, donde los presupuestos y decisiones no se decidan en mesas ministeriales de gobiernos.