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Calificándola de “improcedente”, el Gobierno y la Justicia de Chile abordó la carta divulgada por el influyente Grupo de Puebla, que reúne a numerosos y prestigiosos líderes políticos, quienes criticaron el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso SQM, que entre otros, tiene como imputado al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Entre los firmantes del escrito se encuentra el mandatario argentino Alberto Fernández, ante lo cual el Presidente Boric declaró: “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”. Esta es la segunda polémica con el gobierno trasandino en el último mes después de la filtración del audio que implicaba a la Cancillería chilena y a la Embajada de Argentina.
El Presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones del denominado Grupo de Puebla —integrado por 29 líderes iberoamericanos—, quienes dieron a conocer una carta donde expresan su apoyo a Marco Enríquez-Ominami —uno de los fundadores de la organización— y cuestionan el aplazamiento del juicio oral por el caso SQM. Entre los firmantes que cuestionan a la justicia chilena se encuentra el mandatario argentino Alberto Fernández, con quien recientemente hubo otra polémica.
“Me cuesta meterme en esas polémicas, desde acá, lo único que puedo decir es que yo respeto las instituciones y espero lo mismo de mis colegas”, sentenció el Presidente Boric, desde la Región del Biobío, hasta donde llegó para entregar las primeras viviendas de emergencia para damnificados por los incendios forestales que abrasan a la zona centro-sur del país.
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“Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, agregó el Presidente Boric, específicamente desde Punta Lavapié, comuna de Arauco.
Especialmente duro fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, que apuntó hacia el presidente de Argentina, Alberto Fernández, uno de los 29 líderes iberoamericanos que firmaron la carta, en la que se denunciaba una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente Sebastián Piñera para aplazar el juicio.
En declaraciones difundidas por radio Biobío, Cordero afirmó que no se “atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina”.
“Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”, afirmó el secretario de Estado.
Y añadió: “Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”.
Esta es la segunda polémica entre el Gobierno chileno y el Gobierno argentino en el último mes después de la filtración durante la última cumbre de la CELAC de un controvertido audio que implicaba a la Cancillería chilena y a la Embajada de Argentina en Chile.
En la carta, también firmada por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo denuncia que “desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
“Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, criticaron.
En este contexto, expresaron su desencanto por la decisión adoptada esta misma semana, en la que se volvió a aplazar la apertura de la vista oral con un argumento que consideraron peregrino.
La misiva concluía con dos párrafos en los que los firmantes decían estar seguros de que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.
Ademas de la del presidente argentino y el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la misiva aparecían las rúbricas de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales.
Igualmente firmaron Celso Amorim, ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, la presidenta de la Comisión de RR.EE. del Senado de México, Beatriz Paredes así como juristas del Clajud, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón.
El escándalo SQM estalló en 2015, durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
El caso comenzó a ser indagado a finales de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como “caso Penta”.
Según el citado medio, la polémica sobre la apertura del Juicio Oral “ya la zanjó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias”.
Quien también abordó el tema fue la Canciller Antonia Urrejola, confirmando que abordó el tema con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa y señaló que “nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”.
Pero el Gobierno del Presidente Boric no fue el único que respondió la carta del Grupo de Puebla. Desde el Ministerio Público también se refirieron a la misiva en apoyo a MEO y la calificaron de “improcedente”.
“Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país, quienes lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia”, se afirmó desde la Fiscalía.
En horas de esta tarde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en compañía del ministro enlace de la región del Biobío, Carlos Montes, y autoridades locales, llegó hasta el sector de Punta Lavapié en la comuna de Arauco, con la finalidad de revisar en terreno el avance de la instalación de las viviendas de emergencia que comenzaron a construirse desde el día martes.
Además, el Mandatario recorrió los restos de lo que fue la Escuela Jorge Iván Valenzuela, afectada en su totalidad y donde más de 140 niñas y niños perdieron su espacio de estudio.
“No podemos bajar la guardia. Esta misma semana se vienen altas temperaturas y tenemos alerta roja en ciertos sectores, en donde la prudencia nos indica que tenemos que mantenernos alerta”, señaló.
Y añadió: “No me cabe ninguna duda que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora, hay cosas que no se recuperan, las vidas de las 25 personas fallecidas, la historia, los recuerdos, los olores del hogar. Y por eso el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser también muy humano, no se trata solamente de números de personas, no son solamente las 63 viviendas de Punta Lavapié o los 3.242 damnificados. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay recuerdos, hay olores y sabores que también es importante empatizar”.
