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“Se estima que en los últimos 20 años, tan solo los denominados paños de las familias Rabat y Matte dejaron de pagar contribuciones por más de 30 mil millones de pesos”, acusó el diputado comunista, quien interpuso una denuncia penal para indagar las responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos por la evasión de pago de contribuciones en viviendas consideradas “de lujo”.
Hasta la sede de la Fiscalía Nacional llegó el diputado comunista Hugo Gutiérrez junto al abogado Fernando Monsalve, para solicitar al jefe del Ministerio Público Jorge Abbott, indagar el caso del no pago de contribuciones en sectores acomodados, denunciado por El Mostrador y ahora reflotado por un reportaje de Informe Especial de TVN.
En concreto, el diputado exige la clarificación de responsabilidades de los últimos siete directores del Servicio de Impuestos Internos y otros funcionarios de la entidad, señalando que podrían haber generado una política para que los “súper ricos” pagaran montos irrisorios por concepto de contribuciones al inscribir sus propiedades como terrenos eriazos o «agrícolas», pese a que no presentan actividad de este tipo.
En concreto, los funcionarios apuntados por el parlamentario PC son Fernando Barraza y sus antecesores Michel Jorrat, Alejandro Burr, Julio Pereira, Ricardo Escobar, Juan Toro y Javier Etcheberry.
“Hemos estimado que en consideración a los antecedentes entregados por sendos reportajes, en cuanto a que hay cientos de personas que evaden el pago de sus contribuciones, el impuesto territorial, es necesario saber si en lo denunciado hay una política determinada del Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay un lucro que debieron haber recibido tanto las municipalidades como el Fondo Común Municipal y eso tiene implicancias en lo presupuestario de las municipalidades”, detalló Hugo Gutiérrez.
En esta línea, salieron al paso de los descargos que han intentado el SII y el Gobierno. Según el servicio, “es imposible fiscalizar el total de las propiedades», mientras el Ejecutivo también ha apelado a la falta de recursos para optimizar la fiscalización.
Según el abogado Fernando Monsalve, la excusa del SII “no puede ser la falta de personal, porque el país sabe que se fiscaliza a algunas personas y a otras no. En este caso no se estaba fiscalizando, pese a denuncias previas desde el año 2012 a los denominados súper ricos. Esto implicaría necesariamente dejar de percibir miles de millones de pesos”.
El parlamentario complementó la idea, señalando que “creemos que hay la ocurrencia de ilícitos penales de fraude al fisco, porque entiendo que si en su oportunidad cuando se denunciaron estos hechos por primera vez y no se hizo nada y siguió hasta el día de hoy, prefiriendo cobrarle a la dueña de un quiosco y no ir a cobrarle los impuestos territoriales a Vitacura, creo que en esa decisión algo huele a delito”.
En esa línea, Gutiérrez remarcó que “cuando se determina que es mejor cobrarle al panadero por no entregar la boleta y no ir a cobrarle a quien hace pasar su territorio como terreno agrícola y así no pagar los impuestos correspondientes, hay delitos que deben ser investigados”.
El reportaje sostiene que, por ejemplo, una casona de 1800 metros cuadrados, paga 566 mil pesos cada trimestre por el simple hecho de ser «agrícola», cuando un terreno de esas características, debería pagar en contribuciones entre 2 y 733 millones anuales. Una parte de la propiedad en cuestión pertenece a los hermanos Rabat.
“Se estima que en los últimos 20 años, tan solo los denominados paños de las familias Rabat y Matte dejaron de pagar contribuciones por más de 30 mil millones de pesos. Todo lo antes señalado bajo la atenta mirada y por un incumplimiento de las funciones de los respectivos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos”, señala el escrito ingresado por el parlamentario PC. De hecho, esos 30 mil millones de pesos son equivalentes, por ejemplo, al presupuesto total de la municipalidad de Recoleta.
