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PAÍS

Diputados DC piden a Piñera cumplimiento de Convenio 169: "Nuestro país mantiene deudas relevantes e históricas con los pueblos originarios"

por 13 agosto, 2020

Diputados DC piden a Piñera cumplimiento de Convenio 169:

Crédito: ATON

Demanda fue enviada al Presidente de la República, “con sentido de urgencia para contribuir en la construcción de un diálogo real y sincero, y como una muestra concreta de disposición para avanzar en la solución al conflicto que se prolonga en esta zona del país”.
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Este miércoles, los diputados de la Democracia Cristiana Joanna Pérez, Gabriel Ascencio, Mario Venegas y Matías Walker, enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera, en donde le piden que garantice el pleno cumplimiento del Convenio 169, como una forma de “contribuir, con sentido de urgencia, a destrabar un conflicto que hoy preocupa a gran parte de la ciudadanía y que requiere de un diálogo real y sincero para avanzar hacia soluciones de fondo, con voluntad política y convicción”.

Lo anterior, para destrabar la crítica situación que se vive en la zona sur del país y contribuir a abrir espacios de confianza y diálogo real. Para ello, insisten "en la creación de unidades penales especiales compatibles el deber de garantizar el respeto y promoción de su cultura, costumbres y tradiciones que conforman su identidad; en definitiva, su cosmovisión".

En la carta precisan que “considerando la urgente necesidad de reestablecer el diálogo y la paz en la Araucanía, solicitamos que, a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se garantice el inmediato y pleno cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, en el sistema procesal penal y su ejecución de sentencias, incluyendo la creación de unidades penales especiales compatibles el deber de garantizar el respeto y promoción de su cultura, costumbres y tradiciones que conforman su identidad; en definitiva, su cosmovisión".

“Asimismo, demandamos con urgencia procurar, mediante la Comisión Nacional de Coordinación de Justicia Penal y sus instancias regionales, creadas en virtud de la Ley Num. 20,534, que los intervinientes de las distintas etapas procesales del sistema penal cuenten con formación especializada a la luz de los Convenios Internacionales", agregan.

También demandan "con urgencia, procurar, mediante la Comisión Nacional de Coordinación de Justicia Penal y sus instancias regionales, creadas en virtud de la Ley Num. 20,534, que los intervinientes de las distintas etapas procesales del sistema penal cuenten con formación especializada a la luz de los Convenios Internacionales”.

“Nos preocupa, como a todas y todos los ciudadanos de Chile, la situación que se encuentra viviendo la región de la Araucanía, principalmente respecto de los hechos de violencia y de enfrentamientos de los últimos días, donde debe prontamente alcanzarse un clima de tranquilidad, resultando imperativo para el Estado promover la paz social en todo el territorio. Dicha zona representa de forma palpable nuestra historia, cultura e identidad y donde el Estado de Chile debe responder sólo respecto a sus obligaciones internacionales contraídas, sino que, principalmente, al compromiso que tiene por proteger los derechos del pueblo mapuche", explican.

“Sin dudarlo, el sistema de justicia penal consagrado por nuestro ordenamiento jurídico constitucional, encuentra un punto importante de conexión en el conflicto social que hoy se está viviendo y es por ello, que se debe propender a fortalecer el sistema vigente y adecuarlo a las exigencias contenidas, especialmente, en los artículos 8° y 9° del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política", recalcan.

Finalmente, agregan que “nuestro país mantiene deudas relevantes e históricas con los pueblos originarios, entre ellas, el pleno respeto al Convenio 169; urge avanzar, por lo tanto, para adecuar nuestra legislación procesal penal y de ejecución de penal a los estándares internacionales, principalmente el fortalecer que tanto los intervinientes del sistema penal, como las medidas penales que se dispongan en virtud de las sentencias condenatorias, principalmente, respecto de las privativas de libertad puedan cumplir con garantizar el ejercicio de sus costumbres y tradiciones".

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