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Crédito: ATON
A raíz de este fallido operativo es que la familia del ex funcionario de la PDI que resultó muerto, presentó una querella «en contra de todo aquel que conforme a la investigación resulte responsable, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor». Es así como en la acción judicial, a la que tuvo acceso el medio Interferencia, dos de los funcionarios de iniciales M.A. y R.M. señalaron al Ministerio Público los errores que se cometieron en el marco de este operativo. Para los familiares del funcionario asesinado y sus abogados, este se realizó «sin mayor planificación y preparación».
Luis Alberto Morales Balcázar (34 años) era subinspector de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Iquique de la Policía de Investigaciones (PDI). El policía perdió la vida luego de recibir un disparo en el rostro el 7 de enero de 2021. Ese día, 850 funcionarios entraron a la comunidad mapuche de Temucuicui para realizar un allanamiento en búsqueda de marihuana, donde Morales fue asesinado.
A raíz de este fallido operativo es que la familia del ex funcionario de la PDI presentó una querella «en contra de todo aquel que conforme a la investigación resulte responsable, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor».
Es así como en la acción judicial, a la que tuvo acceso el medio Interferencia, dos de los funcionarios de iniciales M.A. y R.M. señalaron al Ministerio Público los errores que se cometieron en el marco de este operativo. Para los familiares del funcionario asesinado y sus abogados, este se realizó «sin mayor planificación y preparación».
El detective M.R. señaló al Ministerio Público que el Equipo de Reacción Táctica (Erta) de Valdivia se comunicaba por radios de mano, pero aclaró que no tenían «equipos que nos permitieran comunicarnos con el centro de mando, helicóptero o los otros carros que conformaban la caravana, lo cual se suma a que la señal telefónica en ese sector era pésima».
Por su parte, M.A. dijo que solo algunos funcionarios recibieron instrucciones luego de ser desplegados en Angol. «Ese día martes [5 de enero] solamente a los tácticos nos dieron instrucciones, entrenamiento y unificación de procedimientos, dictada por la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana. Durante todo el día miércoles nos fueron dando información de a poco, y en la tarde ya teníamos claro que era un procedimiento por droga […]».
La querella señala que de acuerdo a la familia y sus abogados, los testimonios de estos dos funcionarios revelan que el operativo en Temucuicui no tuvo «mayor planificación y preparación de quienes pertenecían al Erta, y sin ninguna información directa a los otros funcionarios partícipes del procedimiento».
La acción judicial, además, da cuenta de otro antecedente: «Se hace presente que; conforme consta en las declaraciones vertidas en la carpeta de investigación; los policías no pudieron tener comunicación con el Centro de Mando a fin de dar cuenta de su condición, pedir auxilio, refuerzos, o simplemente coordinar el procedimiento».
Los familiares del funcionario muerto también solicitan al tribunal que autorice una serie de diligencias para determinar las responsabilidades de este hecho, y que apuntarían a responsabilidades de mando en el operativo.
En la primera diligencia solicitan a la PDI «que informe acerca de la existencia o no de algún manual o protocolo para efectuar allanamientos en lugares abiertos, en especifico a predios rurales. De existir, en su caso, se remita copia de aquel».
La otra diligencia que solicitan es identificar a todos los funcionarios que participaron en el operativo y la de «los superiores jerárquicos de la víctima».
Por otra parte, se solicita que se informe «sobre cómo se planificó la comunicación de ellos con las unidades que participaron en el procedimiento», mientras que el sexto solicita se informe «cuántos funcionarios de los que participaron en el procedimiento portaban armas de fuego; la descripción de ellas; y la cantidad de municiones con las que disponía cada uno de ellos».
