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La Contraloría formuló cargos en contra de seis generales activos del Alto Mando y un general en retiro por su responsabilidad administrativa en el control del orden público durante el estallido social. En medio de ese conflicto, Contraloría había decidido absolver a cuatro de los siete generales investigados: Jorge Valenzuela, jefe de Operaciones Policiales, ya retirado; Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Este; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Aysén, y Jean Matus, jefe de la Zona Metropolitana Este. En ese mismo requerimiento se solicitaba remover al subdirector de la institución, Mauricio Rodríguez, y al jefe de Operaciones Policiales, Enrique Bassaletti. El actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tenía que tomar la decisión. Pero antes de hacerlo, el 22º Juzgado de Garantía de Santiago los sorprendió con otra buena noticia: Se acogió a trámite la acción judicial de la institución, ordenando la suspensión del proceso hasta que se conozca el fondo del caso.
En medio del conflicto entre la Contraloría General de la República con Carabineros por levantar cargos en contra de siete generales de la institución por su responsabilidad administrativa en el control del orden público durante el estallido social, la institución uniformada obtuvo una victoria.
Vale recordar que la Contraloría formuló cargos en contra de seis generales activos del Alto Mando y un general en retiro. Los funcionarios acudieron a la Corte de Apelaciones para reclamar la ilegalidad del organismo fiscalizador, pero el requerimiento fue rechazado. Lo mismo pasó con la Corte Suprema, que desestimó los reclamos de los oficiales.
Sin embargo, de acuerdo a La Tercera, los abogados Jorge Martínez y Camila Motta tenían una última carta por jugar. Y es que el 15 de diciembre de 2020, ingresaron ante el 22º Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público, en la que señalan que «los cargos levantados por la CGR en contra de los generales resaltan por su falta de precisión, certeza, exactitud, lo que lo hace constituir una imputación general, abstracta, exenta de toda determinación en cuanto a los hechos y la normativa propia de Carabineros de Chile que se estima infringida».
Cuando la justicia aún no resolvía esta situación, Carabineros recibió una noticia el 3 de marzo, y es que el ente contralor había decidido absolver a cuatro de los siete generales investigados: Jorge Valenzuela, jefe de Operaciones Policiales, ya retirado; Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Este; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Aysén, y Jean Matus, jefe de la Zona Metropolitana Este. En ese mismo requerimiento se solicitaba remover al subdirector de la institución, Mauricio Rodríguez, y al jefe de Operaciones Policiales, Enrique Bassaletti.
El actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tenía que tomar la decisión. Pero antes de hacerlo, el 22º Juzgado de Garantía de Santiago los sorprendió con otra buena noticia: Se acogió a trámite la acción judicial de la institución, ordenando la suspensión del proceso hasta que se conozca el fondo del caso.
«La aplicación de las sanciones propuestas, como resultado a la actividad administrativa, son inciertas, desconociendo si efectivamente son aplicadas y su magnitud y alcance; lo cierto es que de aplicarse con anterioridad a que este tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la validez o nulidad de derecho público impetrado, podrá redundar -eventualmente- en hacer imposible de cumplir lo que se resuelva en definitiva, por cuanto en el supuesto de acogerse la demanda, las sanciones propuestas a consecuencia de la formulación de cargos realizadas en el procedimiento en cuestión podrán ser dejadas sin efecto, ocasionando además un perjuicio irreparable a los demandantes», dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.
Al respecto, el abogado del Alto Mando de Carabineros, Jorge Martínez, sostuvo que «el juez, teniendo en vista los antecedentes, protegiendo los derechos fundamentales del debido proceso, decidió ordenar que la Contraloría no puede seguir adelante con el proceso sancionatorio, mientras no se conozca el fondo de lo reclamado por los generales. Estamos muy contentos con esta resolución que, por supuesto, tendrá que ser revisada por la Corte de Santiago».
En tanto, desde la Contraloría indicaron que van a solicitar «al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que ejerza las acciones de revisión en el tribunal de alzada».
