MERCADOS
Crédito: ATON
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso ante la Comisión de Economía por la denuncia de un supuesto crédito entregado a las Administradoras de Fondos Previsionales. El presidente del BC recalcó que lo que hubo fue una venta de activos para el resguardo de la economía y de los ahorros previsionales.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió al presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel. El propósito fue abordar la denuncia referida a los préstamos o créditos que la entidad le habría otorgado a las AFP para cubrir los montos de los retiros del 10% de los fondos previsionales.
Recordemos que, el pasado 22 de septiembre, se generó una fuerte polémica por los dichos del diputado Guillermo Ramírez (UDI) en un matinal. Aseguró que los retiros de fondos de pensiones que se han realizado hasta ahora, no las han pagado las administradoras, sino el Banco Central.
En la ocasión, Mario Marcel aclaró que el principal objetivo del instituto emisor es preservar la estabilidad de la economía chilena. En esta línea, el mandato de la entidad se refiere a los impactos financieros y económicos que podrían tener los retiros de los AFP.
Sostuvo que la decisión fue generar las condiciones para que, una vez aprobados los retiros, estos se efectuaran con el menor impacto negativo para la economía y los propios afiliados. Explicó que ello se acordó luego de entregar los antecedentes en el proceso legislativo y junto a los reguladores pertinentes.
Aclaró que, en lugar de un préstamo, existió la compra de un activo, por el cual se pagó un precio que ingresa al patrimonio del comprador, en este caso, el BC. Esto se hace mediante una transferencia de dominio que se efectúa y registra a través de los sistemas de Depósito Central de Valores. Al mismo tiempo, la entidad vendedora compra a plazo al Banco Central un papel equivalente al anterior, obligándose a pagar su precio al vencimiento de dicho plazo.
Es así como el BC dispuso de programas especiales de Compra Contado y Venta a Plazo (CC-VP), compra de Depósitos a Plazo y la ventanilla REPO con empresas bancarias (es una operación en que dos partes acuerdan intercambiar un activo por un precio y un plazo acordado en el mismo momento).
Marcel recalcó que no hubo entrega de dinero de una parte a otra. Remarcó que se trató de una compra de activos, por la que se paga un precio y que ingresa al patrimonio del comprador (BC).
Sostuvo que estas medidas permitieron que las AFP entregaran a los afiliados los montos solicitados en los plazos establecidos por la Ley. Esto, sin tener que recurrir a una liquidación apresurada de un gran volumen de activos.
Para Mario Marcel, sin la intervención del BC, las AFP habrían tenido que liquidar activos por hasta $20.000 millones de dólares en cada retiro en el mercado internacional. Esto habría afectado el tipo cambio en el mercado local, impactando las tasas de interés en Chile.
Según el presidente del Banco Central estas alternativas habrían tenido un efecto negativo en el valor de los fondos de pensiones. Así como también en el valor de los fondos mutuos, las tasas de créditos hipotecarios, los retornos de las exportaciones y la economía en general.
En una segunda instancia, la Comisión analizó el proceso de licitación en la elaboración y fabricación de cédulas de identidad y pasaportes. El proceso, según se detalló, lo estaría liderando una empresa china denominada Alsino Corporation.
En el debate intervino la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile (Anfurcich), Nelly Díaz. Aseguró que, para ellos, resulta grave y delicado que una empresa extranjera y estatal acceda a datos personales de todos los chilenos.
Nelly Díaz lamentó que el director (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Sergio Mierzejewski, no estuviera presente en la sesión. Agregó que, mientras sea él quien esté a cargo de la licitación, esta no iría por buen camino. En tal plano, llamó a suspender el proceso hasta el próximo gobierno.
Participó también la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (Anercich), Paulina Vargas. Estimó que un tercero externo no puede tener dominio de estos datos sensibles para la sociedad chilena.
