PAÍS
Crédito: Agencia Uno
En el marco de la reanudación de los diálogos del segundo tiempo del proceso constitucional, diversos personeros de la centro y centroizquierda presentaron un documento donde entregan sus propuestas para la elaboración de una nueva Constitución. El texto -de tres páginas- fue suscrito por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker; los exconvencionales Felipe Harboe y Fuad Chahin; la exmilitante de RD Javiera Parada; el exministro Andrés Velasco y el expresidente del PR Carlos Maldonado, entre otros.
En el marco de la continuación de los diálogos del segundo tiempo constitucional entre los partidos oficialistas, la oposición y la Democracia Cristiana, diversos personeros de centro y centroizquierda presentaron un documento donde comparten cómo debería configurarse el nuevo órgano encargado de la redacción de la nueva propuesta.
El texto -de tres páginas- fue suscrito por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker; los exconvencionales Felipe Harboe y Fuad Chahin; la exmilitante de RD Javiera Parada; el exministro Andrés Velasco y el expresidente del PR Carlos Maldonado.
El documento señala que el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre, «es una negativa a la propuesta ofrecida por la Convención Constitucional, pero sin eliminar el compromiso de elaborar una nueva Carta Fundamental, en línea con el contundente resultado del plebiscito de entrada de 2020, la voluntad declarada por la propia campaña del Rechazo, y los más recientes sondeos de opinión».
Asimismo defienden la continuidad del proceso constituyente hasta lograr una Constitución «satisfactoria en calidad, legitimidad y transversalidad».
Por otro lado, en cuanto a las bases de la nueva Carta Magna, sostienen que «aunque consideramos valioso que el nuevo texto recoja la tradición constitucional chilena y el aporte de sus instituciones republicanas a la separación y contrapeso de los poderes del Estado», «las bases o bordes del nuevo debate constituyente no deben suplantar ni limitar excesivamente el campo de deliberación democrática de los nuevos convencionales».
En esa línea, indican que «uno de los problemas, tanto en la Constitución de la dictadura como en la reciente propuesta de la Convención, es que las fuerzas mayoritarias plasmaron en el texto varias cuestiones que siguen siendo legítimamente discutidas por la sociedad chilena».
«No corresponde a la Constitución resolver esas controversias ideológicas, que pertenecen a la esfera del legítimo debate democrático. Por ejemplo, así como muchos consideraron un error consagrar una garantía para la interrupción del embarazo sin límites, sería caer en el mismo error establecer una limitación excesiva bajo el eufemismo del derecho a la vida», complementan.
En el segundo punto del documento advierten que los partidos políticos son «fundamentales para una democracia robusta y estable», y que dado las experiencias del último tiempo, «es clave que los partidos políticos sean cuidadosos en la selección de sus candidatos a la nueva Convención y tengan conciencia del rol que están llamado a cumplir».
En ese sentido, apoyan que la nueva Convención incluya la mirada de expertos, la que debe estar «alejada de las disputas ideológicas». «La institución de la Convención debe contar con asesoría experta sobre la experiencia comprada, las técnicas legislativas, la concordancia del texto e incluso las correcciones de estilo y uso adecuado del lenguaje».
«Dado un plazo de seis meses de funcionamiento, la Convención podría entregar una propuesta de texto durante el mes de diciembre de 2023,
«Para ello, las universidades, la Biblioteca del Congreso Nacional, las academias de ciencias, de la lengua y otras instituciones académicas podrían conformar un consejo consultivo permanente, el que podría prestar asesoría», adicionan.
Dicho comité -plantean- no debe tener más de 20 miembros y sus funciones deben limitarse a sólo preparar los insumos previos para una nueva Convención, observando así «oportunidades y falencias del texto recientemente propuesto como de anteriores constituciones en Chile y el mundo, y a asesorar como cuerpo permanente, con derecho a voz pero no a voto, a las comisiones de la Convención».
Otras de las propuestas es que se debe adoptar el reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado -con las modificaciones pertinentes-, para que la nueva Convención avance con mayor rapidez.
Para esto, apuntan que esta debe tener un plazo máximo de seis meses y adoptar los acuerdos por los 2/3 de sus miembros, tanto en comisiones como en el pleno. «Consideramos que no tiene sentido rebajar los quórums cuando justamente se trata de elaborar un texto lo más transversal y compartido posible», plantean.
En cuanto a los integrantes de esta nueva Convención, indican que esta debe estar en línea con las aspiraciones de austeridad fiscal de la población, por lo que podría funcionar con 60 convencionales más los escaños reservados de pueblos originarios, «lo que aún permite una representación diversa».
«Proponemos que 30 de los convencionales se elijan en listas nacionales cerradas presentadas por los partidos y las coaliciones legalmente registradas y 30 distritos uninominales, de tal forma de generar un sistema electoral mixto, con un elemento proporcional y otro mayoritario», detallan.
Asimismo, apuntan que «la regla de paridad deberá seguir operando en las listas nacionales. Los escaños de los pueblos originarios serán elegidos por distrito y su cantidad será proporcional a la votación obtenida, con un piso mínimo de elegibilidad del 5% de los votos del padrón habilitado para votar en el distrito respectivo. Proponemos que tanto para la elección de convencionales como el plebiscito de salida se aplique el voto obligatorio».
Sobre los plazos del proceso, el documento indica que «la instalación de la Convención sería 30 días después, en el curso del mes de mayo». »
«Dado un plazo de seis meses de funcionamiento, la Convención podría entregar una propuesta de texto durante el mes de diciembre de 2023, convocándose a plebiscito dentro de los 30 días siguientes», concluyen.
