Equilibrios. Ese es el mensaje que se ha encargado de transmitir el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la hora de definir su postura sobre los próximos ajustes que hará el Gobierno al proyecto de Reforma Laboral en el Senado.
Ese planteamiento Valdés también lo expresó en mayo, cuando hizo su debut en el primer trámite de la discusión de la iniciativa legal en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, lo que finalmente le generó aprensiones por parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
En esa línea es que los ministerios de Hacienda y del Trabajo vienen preparando las modificaciones, que según fuentes de Gobierno irían en el sentido de tratar de conceder reivindicaciones tanto a los privados como al mundo sindical en este debate.
Las mismas fuentes indican que además de la acotación de la duración de la huelga en las Pymes, como un claro gesto para llegar a un abuenamiento con el empresariado, en el Ejecutivo estudian reponer las sanciones por huelgas violentas en el marco del proceso de negociación colectiva.
Esta norma estaba contenida en el proyecto de ley original enviado al 29 de diciembre pasado al Congreso y ante las presiones de la CUT y del Partido Comunista fue retirada del texto legal que salió de la Cámara de Diputados.
La reincorporación de este tema volvería a generar el rechazo del mundo sindical, por lo que en el oficialismo indican que este no es un tema que esté totalmente zanjado.
Consciente de este escenario, para empatar las posiciones las fuentes del Ejecutivo dicen que la autoridad accedería a una de las demandas centrales de la multisindical: el retiro de los pactos de adaptabilidad laboral o de jornadas especiales de trabajo de los procedimientos de negociación colectiva.
Durante la discusión del proyecto la CUT ha flexibilizado su postura frente a este tema. En un comienzo pidió eliminar los pactos de la reforma para discutirlos en otro debate legislativo, sin embargo, en las últimas semanas ante el complejo escenario político y económico se abrió a la posibilidad que estudia el Ejecutivo, de al menos sacar la adaptabilidad laboral del proceso colectivo reglado.
En el sindicalismo señalan que la adaptabilidad tal como está en el proyecto de ley debilita el poder de negociación de los sindicatos, ya que dicen que el empleador utilizará el pago de bono de término de negociación para forzar la aceptación de la flexibilización de la jornada de trabajo.
En el Gobierno indican que las próximas dos semanas serán claves para el diseño final de las indicaciones que ingresarán a la Reforma Laboral en la Comisión de Trabajo del Senado.
Reunión con Unapyme
Ayer, antes de ir a la cuenta pública del Congreso, la ministra Ximena Rincón se reunión con la Unión Nacional de Pequeña y Mediana empresa (Unapyme) para zanjar temas de la reforma laboral.
En el lugar, el presidente de la organización, Victor Tejada, confirmó que la propuesta del Ejecutivo para favorecer a las Pyme sería el fin de la huelga al séptimo día y en ese minuto tener un arbitraje, aunque Tejada advierte que “la Dirección del Trabajo tiene, y es obvio, una disposición pro trabajador y eso le podría hacer perder objetividad”. En tanto, siguen preocupados por el piso mínimo de la negociación.
Fuente: Pulso
