En junio instó a los querellantes a plantear sus quejas a través de conductos formales, si es que las tenían. Habitat y Moneda tomaron el guante, acudieron a la Fiscalía Nacional planteando sus críticas por la demora de la investigación y provocaron su salida. Sus declaraciones en Qué Pasa y Diario Financiero habrían gatillado la decisión de Sabas Chahuán, aunque la justificó por la carga de trabajo de Morales. Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda, detalla parte de los reclamos.
A José Morales le sopló el viento en contra. “Si alguien tiene algo que plantear respecto de la disconformidad con esta Fiscalía, tiene las herramientas legales para hacerlo”. Eso dijo en junio a El Mostrador Mercados el ex fiscal del caso Cascada, cuando las críticas de los querellantes comenzaban a hacerse públicas, aunque todavía no se canalizaban a través de los conductos formales.
Y no pasó mucho tiempo para que inversionistas como AFP Habitat y Moneda tomaran el guante. A principios de julio la administradora de pensiones acudió a la Fiscalía Nacional planteando sendos cuestionamientos al proceso encabezado por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a los que se sumaron los que este lunes presentó la administradora presidida por Pablo Echeverría.
Morales perdió el caso Cascada. La razón que arguyó la Fiscalía Nacional radicó en su carga de trabajo, pues a partir de agosto se inicia la audiencia de preparación para el caso La Polar: «Se informa que atendida la especial complejidad de la investigación del llamado ‘Caso Cascadas’ y la necesidad de una racional y adecuada distribución de la carga de trabajo de los fiscales adjuntos, el Fiscal Nacional ha resuelto (…) designar al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”.
Que no existe una línea investigativa en el caso o que no se han hecho diligencias mínimas para perseguir a los presuntos delitos que cometieron los involucrados en el esquema fraudulento sancionado por la SVS, son parte de las recriminaciones que han efectuado los querellantes.
Hasta ahora, Jorge Bofill, abogado de Julio Ponce, ha sido el único que ha salido a defender Morales. ¿Ha sido parcial en esta causa? Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda, no lo cree así, sino que simplemente “no le ha dedicado a esta investigación todo el tiempo y energía que se requiere. Probablemente porque ha estado agobiado con otras cosas”.
Gutiérrez explica en parte las preocupaciones que pesaban sobre Morales. “Tenemos diferencias de opinión en algunas materias. Por ejemplo, dice que no ha habido antecedentes suficientes para formalizar a Julio Ponce y otros, pero nosotros creemos que sí. Él entiende que el señor Motta –Aldo Motta, ex gerente general en las sociedades cascada– ha prestado una colaboración eficaz en esta investigación, pero nosotros entendemos que no: no presta una colaboración eficaz quien cuando declara falta a la verdad y que además acompaña actas falsas. Este asunto no es menor, una colaboración eficaz puede ser un elemento que lo beneficie frente a eventuales penas”, dice el jurista a este medio.
El factor Qué Pasa y Diario Financiero
A los duros cuestionamientos que hizo Habitat, se sumaron nuevos antecedentes presentados por Moneda. El lunes acudieron a la Fiscalía Nacional pidiendo derechamente la remoción de Morales.
El fiscal participó en un reportaje que hizo la revista Qué Pasa, en el cual se abordaban las críticas que lo acechaban. En la nota, el fiscal Morales dijo: “No hay ninguna hoja donde Aldo Motta haya pedido autorización a Julio Ponce respecto a alguna operación. Si no tienes esto, no tienes caso contra Ponce (…). Formalizaremos a alguien solo en la medida que existan antecedentes para formalizarlo”, teniendo en cuenta que el controlador de la cascada aún no ha sido formalizado.
Y antes dio una entrevista a Diario Financiero en la que sostuvo lo siguiente: “La fiscalía jamás puede motivar su actuar por un afán populista o por caer en gracia a la población o a ciertos medios de comunicación”, al tiempo que agregó que “del cúmulo de antecedentes recopilados por la fiscalía, que incluye también la investigación administrativa de la SVS y otros antecedentes que se han podido recopilar por parte del Ministerio Público (MP) –estando aún pendiente un peritaje pagado por uno de los querellantes–, podemos darnos cuenta que estos , por ahora, solo son suficientes para formalizar a una persona (Motta)”.
Estas declaraciones habrían sido determinantes en el actuar de Moneda, pues la administradora de fondos argumentó ante el Ministerio Público que Morales estaba emitiendo opiniones sobre la causa que estaba investigando, razón por la cual debía inhabilitarse de inmediato. Esto, junto a otras razones de fondo, como las mencionadas anteriormente y que apuntan derechamente a cómo ha manejado la investigación.
Se le ha criticado, por ejemplo, que no ha requerido la información bancaria ni contable de los involucrados, mientras Morales se ha defendido diciendo a este medio y también a Diario Financiero que los libros contables de la cascada se incautaron hace bastante tiempo. Pero los querellantes no se refieren solo a estas sociedades, sino también a las firmas personales de Julio Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y otros, en los que se presume que habría terminado el ciclo de operaciones sancionadas por la SVS. Esa información Morales no la ha pedido, ¿por qué? “Hay empresas que la Fiscalía no considera necesarias para la investigación. No puedo responderle sobre las diligencias que hacemos o no, porque existe una carpeta investigativa”, dijo en junio a El Mostrador Mercados.
Como sea, Moneda pidió su remoción y que la causa la asuma algún fiscal de carácter regional, no necesariamente Montes, pero solicitando expresamente que Morales no sea parte de su equipo.
Los nuevos persecutores
La primera querella contra Julio Ponce fue en septiembre de 2012 y la causa la asumió Gonzalo De la Cerda, ex fiscal de la Zona Oriente. Alberto Ayala, tras su pasado en SQM (fue fiscal de la empresa durante 12 años), se inhabilitó y en septiembre de 2013 la tomó José Morales.
Esto, en parte, explica la lentitud del proceso. Sin embargo, con la asunción de Montes y las fiscales Macarena Cañas y Tania Sironvalle, Pedro Pablo Gutiérrez espera una “mayor celeridad y profundidad, porque va a permitir que haya una mayor dedicación”.
La decisión de la Fiscalía Nacional tomó a varios por sorpresa. Cuando pasado el mediodía de ayer el Ministerio Público comunicó esta decisión en la web, ninguno de los querellantes estaba notificado. Ignoramos si Chahuán le comunicó anticipadamente esta decisión a Morales; lo mismo respecto de Montes, con quien tiene muy buenas relaciones –este lo subroga como titular de la Fiscalía Centro Norte–. Sin embargo, algunos lo ven difícil, considerando que dicha institución tiene un carácter muy jerarquizado y, por lo demás, Morales se encontraba de vacaciones.
Conocedores sobre cómo funciona el Ministerio Público en estos asuntos, sostienen que si bien Montes aparece como el fiscal a cargo del caso, es probable que Macarena Cañas asuma un papel más protagónico en la investigación.
Abogados que los conocen advierten que el perfil de Cañas es un buen pergamino para el futuro del caso. Ella ha sido fiscal adjunta de la unidad de drogas de la Fiscalía, un área en la que los persecutores se caracterizan por requerir diligencias con rapidez, “golpear y después preguntar”, como dicen juristas cercanos al Ministerio Público. Entre las causas que más destacan a su haber está el caso Ceresita, que develó la red de corrupción que había en la Municipalidad de Recoleta con dicha empresa.
En el caso de Tania Sironvalle, se trata de una fiscal con años de servicio y muy valorada por la institución. Era la titular de la zona de Iquique y se sumó a la Metropolitana Centro Norte tras la salida de Luis Inostroza, quien actualmente representa a Habitat en el caso. Ha participado en delitos de alta complejidad junto con Morales, como el caso La Polar y Eurolatina II.
Morales, en tanto, calienta motores para preparar el juicio oral en el caso La Polar, el cual debería comenzar a retomar las portadas en la prensa durante las próximas semanas. Si la decisión de Chahuán lo afectaría en la carrera por la Fiscalía Nacional, es algo todavía incierto.
Mientras algunos sostienen que lo peor que le puede pasar a un fiscal es que le quiten una causa, otros sostienen que se trata de decisiones que son comunes dentro de la institución, por tanto, no debería afectarlo en una carrera que ni siquiera parte todavía. Habrá que ver.
