La Corporación acusa al empresario de haber vulnerado los deberes de probidad administrativas establecidos en la Ley, luego de que dejara el Consejo de la Corfo y asumiera la presidencia de las sociedades cascada, en circunstancias de que se encuentra abierta la disputa entre la estatal y SQM.
Lejos de calmarse está el conflicto entre la Corfo y SQM. La reciente salida de Rafael Guilisasti del Consejo de la estatal y su asunción como presidente de las sociedades cascada ha remecido el mundo empresarial y político, abriendo la discusión no sólo por un conflicto de interés que parece evidente, sino por el futuro de los intereses de la estatal en la pugna que enfrenta con la minera por los contratos de arriendo de pertenencias mineras en el Salar de Atacama; cuestión que hoy pretende remendar la Corporación ante la Contraloría General de la República.
Tal como lo había advertido, el vicepresidente de la Corfo, Eduardo Bitrán, llevó esta última coyuntura al plano legal. Esta vez, acudiendo ante el contralor para que se pronuncie “en torno a si el proceder del ahora ex Consejero satisface o no los deberes de probidad administrativa establecidos en la Ley”, según dice un documento presentado por la estatal.
A juicio de la Corporación, “tales deberes han sido gravemente vulnerados, en particular el deber de probidad, lo que nos motiva a requerir a Contraloría un urgente pronunciamiento en relación al tema”; situación que desde ya presenta ciertas similitudes con el caso Kodama, cuando la misma Contraloría elaboró un informe respecto de las actuaciones de Magdalena Matte –quien ya había renunciado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo–, catalogando a Álvaro Baeza, abogado y estrecho colaborador de Matte, como agente público.
Precisamente la calidad de haber ejercido una función pública es lo que quiere esclarecer la Corfo, con el objetivo de evidenciar el conflicto de interés que pesa sobre Guilisasti y los deberes de probidad que habría infringido.
Por ello es que, según un documento firmado por Bitrán, solicitó cuatro pronunciamientos concretos por parte de la Contraloría: “i) Que el Sr. Guilisasti, en tanto Consejero de Corfo, ejerció una función pública; ii) Que, en tanto autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado, le son aplicables las normas sobre probidad administrativa; o actuación exenta de conflictos de interés; y de reserva consagradas en la normativa ya comentada, en especial en sus artículos 52,53 y 62; iii) Si las conductas del señor Guilisasti son constitutivas de un conflicto de interés y si ellas pugnan con los deberes de probidad que le son exigibles; y iv) Si la renuncia al Consejero de Corfo e inmediata asunción en las Sociedades Cascadas, a través de las cuales se ejerce el control de SQM Salar S.A. y SQM S.A., constituye una infracción a los deberes que contrajo como Consejero”.
Las denuncias de la Corfo
Para la Corfo, Guilisasti “estaba dotado de diversas atribuciones y funciones, incluyendo facultades de orden resolutivo, razón por la cual no cabe sino concluir que en dicha calidad ejerció una función pública y tuvo el carácter de autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado”.
Dicho eso, la Corporación prosigue denunciando que Guilisasti “durante el ejercicio del cargo de Consejero de esta Corporación tuvo acceso a información reservada y confidencial, constando este hecho, entre otros, en la discusión relativa al proceso de arbitraje seguido contra SQM Salar y SQM S.A. sobre el término anticipado del contrato con indemnización de perjuicios”.
“El ex consejero posee información privilegiada y de carácter confidencial, respecto de la cual tiene un deber de reserva. Esta situación y su renuncia para asumir las denominadas ‘Cascadas’, a nuestro entender, lo ha puesto en un evidente conflicto de interés. Se trata de intereses absolutamente irreconciliables. ¿Cómo responder a los deberes de lealtad que asumió para con las Cascadas sino renunciando a los deberes previamente comprometidos con Corfo?”
Según relata la estatal, “en diferentes sesiones del Consejo de Corfo se debatieron aspectos relacionados con dicho litigio, y se expuso la situación legal y la estrategia judicial de Corfo en el proceso destinado a respaldar su posición en dicho juicio, y se analizaron diferentes escenarios en la materia y demás antecedentes y datos económicos y comerciales que, atendido el resultado incierto del Juicio Arbitral, permitirían a la Corporación ponderar y resolver, al término del proceso mencionado, la adopción de decisiones relacionadas con sus pertenencias mineras en el Salar de Atacama”.
“En este contexto, es dable concluir que al tenor de los fundamentos expuestos en la renuncia de don Rafael Guilisasti, inició las negociaciones para asumir los cargos que hoy detenta en las sociedades Norte Grande S.A.; Sociedad Pampa Calichera S.A.; y Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., paralelamente con su desempeño en el Consejo de Corfo, teniendo conocimiento de información confidencial y privilegiada infringiendo principios básicos de probidad y reserva, haciendo prevalecer su interés particular sobre el general apartándose del recto y correcto ejercicio que la función pública exige”.
