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Cooperativa está vinculada a personajes ligados a la DC y grupo Norte Sur

Las interrogantes que abre la demanda de Economía contra Financoop por el rol de la auditora KPMG y el gobierno

por 22 septiembre, 2017

Las interrogantes que abre la demanda de Economía contra Financoop por el rol de la auditora KPMG y el gobierno
El departamento de cooperativas del Ministerio de Economía presentó la demanda de disolución forzada contra la cooperativa ligada a los ex controladores del Banco del Desarrollo, en la cual señalan que la subsegmentación de carteras de crédito y la manipulación de información sobre provisiones partió en 2010 con acuerdo del consejo de administración de la época. Advierte de la “insuficiente” labor de la auditora KPMG que revisó sus estados financieros en 2015 y 2016 y que sólo conoció de la situación real en julio pasado. Surgen dudas por el rol del gobierno, que al menos desde abril de este año fue advertida por la propia administración de Financoop y planeaba autorizarles el traslado de la cartera vencida a una fundación.
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Nadie parece hacerse cargo de lo ocurrido con la cooperativa Financoop, la firma que habría ocultado una cartera riesgosa de al menos 13 mil millones de pesos y que sólo declaró pérdidas netas de casi 1.600 millones en los últimos años debiendo evidenciar pérdidas de 10 mil millones, según estimaciones del gobierno.

El jueves pasado el Departamento de Cooperativas (Decoop) del Ministerio de Economía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaron ante el 23 juzgado civil de Santiago la demanda de disolución forzada contra Financoop, paso previo al juicio que busca terminar con la existencia de la cooperativa, acusada por el gobierno de vulnerar distintas disposiciones de la Ley de Cooperativas, normas de la propia Decoop y los reglamentos internos de la empresa.

El caso generó revuelo en la industria financiera pues sus socios y ejecutivos están vinculados a quienes controlaron el Banco del Desarrollo hasta que en 2007 fue vendido a Scotiabank, varios de ellos ligados a la Democracia Cristiana (DC)  y de hecho parte del proyecto del ex presidente de dicha entidad, Vicente Caruz, incluía la consolidación de esta y otros cooperativas donde estaban tomando presencia, como reveló Ciper.

En su escrito, el Decoop detalla el origen del mal manejo de la principal cartera de créditos con problemas de pago (Ref. cobranza) en mayo de 2010, cuando el propio consejo de administración crea esta fórmula para enfrentar el impacto de préstamos anteriores a ese año y que hoy acumulan $ 8.186 millones, debiendo haber sido provisionada casi por completo (7.367 millones). En la práctica, dice el organismo, se trató de líneas de crédito sin fecha de vencimiento, que permitían dar la impresión de tratarse de créditos al día.

Según el acta de mayo de ese año, refiere el Decoop, la propia cooperativa en su máximo órgano de administración ya entones conocía de las dificultades de su cartera pues el entonces gerente general de entonces, Patricio Riquelme, lo advirtió señalando que producto del aumento en las provisiones (20%) por la disminución de los descuentos por planilla (derivada de dictamenes de Contraloría de la fecha), podría significar en los siguiente cuatro a seis meses, una pérdida patrimonial del 50%. Esa realidad trae consigo la decisión de implementar las llamadas Ref. Cobranza.

Allí cifra el inicio de los problemas la entidad de gobierno. Desde entonces, hasta abril de 2017, al parecer nadie vio nada. Esto, pese a que según fuentes cercanas al caso habría comunicaciones desde Corfo en 2014 a Economía, en las que se advertiría de situaciones financieras débiles en algunas cooperativas, en particular Financoop, lo cual hasta ahora no se ha verificado en el proceso.

Lo cierto es que a partir de abril de 2017 la pelota se la lanzan entre la cooperativa y el gobierno. Financoop ha advertido ante los propios tribunales y ha señalado públicamente que conocieron de la situación desde que hubo cambios en el consejo de administración de la cooperativa, cuando ingresaron al Consejo en 2016 el ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y aliado histórico de Vicente Caruz, Ernesto Livacic, y el ex gerente general del Banco del Desarrollo, Daniel Albarrán, quienes comenzaron a detectar deficiencias en la gestión de la cartera de créditos.

Coinciden con el gobierno en que a comienzos de abril de este año –un año después del cambio en la mesa- representantes del Consejo de Administración hacen las primeras revelaciones al Deccop, lo cual trae consigo numerosas reuniones en los siguientes días y semanas.

Financoop presenta una propuesta para salvar la situación que era grave. El problema es que según la información que entregó la cooperativa, existían pérdidas de 1.600 millones de pesos entre 2015 y 2016 y una utilidad mínima (poco más de 20 millones de pesos) en 2017. Esto distaba de la realidad según el gobierno. En su demanda presentada la semana pasada Economía precisa que lo real debió ser que la cooperativa indicara casi 9.500 millones de pesos en pérdidas (casi cinco veces lo reflejado en los estados financieros), hecho que habría significado una pérdida de 171% de su patrimonio.

Las cifras de Economía surgen de lo que conoció entre el 6 y 7 de julio pasado. Y es que desde abril de este año y con la información que entregaba el equipo de Financoop, Economía asegura que comenzaron a surgir las dudas. Por eso, el 4 de mayo realizan una solicitud de información a la auditora KPMG, otro actor clave en la historia y que hasta ahora no ha sido involucrada en el caso pero cuya responsabilidad estaría siendo analizada por quienes tomarán decisiones sobre el rumbo jurídico del caso.

Decoop describe la solicitud de información y la calidad de lo que recibió. Afirma que vía oficio pidió a KPMG los Informes de Control Interno relativos a las auditorías a los estados financieros realizadas a Financoop los años 2015 y 2016, además de pedir “una serie de información adicional relacionada con las provisiones por activos riesgosos y mayor detalle sobre la cartera que presentaba 91 días o más de mora”.

La respuesta de KPMG se concretó el 5 de junio de 2017 y el gobierno no quedó conforme pues si bien contenía los informes referidos “no se pronunció sobre las restantes materias requeridas en el Oficio antes singularizado, bajo el argumento que dichos antecedentes ‘eran de responsabilidad directa de la Administración de la Cooperativa’, y debían ser solicitados directamente a dicha entidad”, señala en la demanda el Decoop.

Aparentemente, los documentos adicionales que pide a KPMG y que ésta le recomendó solicitar a la administración de Financoop, sólo fueron conseguidos en la fiscalización in situ, a comienzos de julio, entre ellos, el informe de Sergio Alvarez, que Financoop conoció en mayo. Cercanos a la cooperativa aseguran que es falso que el gobierno no hubiera tenido acceso a ese informe antes de julio.

Lo cierto es que el contenido de dicho trabajo se convirtió en sostén de la demanda para detallar la manipulación que habría hecho la gestión de Patricio Riquelme en los últimos años sin que la plana directiva lo detectara sino hasta este año. De hecho, Riquelme fue despedido a fines de abril de este año, arguyéndose “falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanas del contrato de trabajo”.

Tampoco el gobierno detectó las irregularidades sino hasta este año pues, según Decoop, la cooperativa los engañó. En ello no contribuyeron los sistemas de fiscalización, con información insuficiente para realizar su labor. Así lo explica en la demanda Decoop, que asegura que complejizó aún más la detección de las irregularidades en Financoop el hecho que el informe de control interno que acompaña los estados financieros anuales no es acompañado en estos últimos. Ese documento se lo dio a conocer por primera vez KPMG, a solicitud de la Decoop, el 5 de junio de 2017, un mes después que lo pidiera la autoridad.

Cercanos a la auditora aseguran que la diligencia de su labor en el caso de las cooperativas, que tienen su propia regulación, no es revisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que no era la auditora la que debía entregar la información adicional que les requirieron.

Por eso el 6 de julio el gobierno llegó a las oficinas de la cooperativa. Pero desde la entidad que preside Daniel Albarrán aseguran que el gobierno estuvo siempre informado de todo y que ahora sospechosamente se quieren desdecir de su actuación.

La subsecretaria de Economía Natalia Piergentili dijo a Ciper el 4 de septiembre pasado que el Decoop “revisó exhaustivamente desde 2010 hasta 2017, y se encontró que entre 2013 y 2014 ya existían señales de una mala práctica en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos, y por ende de las provisiones. Se les solicitó rectificar, lo que se hizo efectivo. Pero es solo hasta el año 2017 que se encuentra claramente un deterioro de la cartera de Financoop”.

Pero el Ejecutivo también está expuesto. La propia cooperativa ha detallado los planes que venía conversando con Economía desde abril, los que incluso ya tenían una fórmula de salvación que era el traslado de parte de la cartera vencida a una fundación.

Pero es la propia entidad de gobierno la que invierte el hecho y asegura que justamente prohibieron ejecutar a la cooperativa cualquiera de los acuerdos alcanzados el 2 de junio en las juntas de socios, aduciendo algunos aspectos formales, como el hecho que se objetara la cesión de cartera proyectada porque el cesionario era una persona jurídica (Fundación para la Acción Cooperativa) que al momento de la adopción de ese acuerdo no existía, pues se encontraba recién en trámite de constitución. Decoop explica el fondo de dicha actuación, como una fórmula para forzar la develación de la verdad financiera de la empresa.

“Con la medida recién señalada, el Decoop, en su carácter de órgano fiscalizador, velaba porque la entidad sincerase su realidad económico-patrimonial, situación que no se produjo de manera efectiva por parte de la administración de la Cooperativa, no obstante haber existido previamente reuniones formales de trabajo entre éstos y representantes del Decoop en que esta materia fue abordada”, señala el libelo.

La dificultad para detectar lo que ocurría parece dejar expuesto también a KPMG. En la demanda, el gobierno califica como insuficiente la información de los informes de la auditora.

“(…) es dable mencionar que los informes elaborados anualmente por los auditores independientes de la Cooperativa no daban cuenta de gran parte de las infracciones que se relatarán a lo largo de esta demanda, lo que contribuyó a mantener en el tiempo las prácticas contrarias a la normativa”, señala en la parte inicial de la demanda.

Luego afirma que “si bien es cierto los denominados Informes de Control Interno de los ejercicios 2015 y 2016 efectuados por los auditores externos registraban algunas de las debilidades de control existentes al interior de Financoop, éstos no fueron suficientes para diagnosticar el impacto financiero-contable por el que actualmente atraviesa la entidad”.

El caso por ahora se mantiene en la arista civil, tras la decisión del 30° juzgado civil que rechazó la solicitud de reorganización judicial que pidió Financoop, en la práctica la quiebra o el antiguo convenio preventivo, este último que era el escenario ideal para Caruz y compañía, quienes planeaban levantar un proyecto bancario uniendo los negocios de varias cooperativas. Dicha decisión ya fue recurrida por Rodrigo Zegers abogado de la cooperativa, quien dijo no haber visto la demanda aun por lo que se abstuvo de comentarla con este medio.

Además, está pendiente conocer la sentencia del 29° juzgado respecto de si Financoop debe entregar la nómina de depositantes de la cooperativa, factor clave pues los créditos se entregaban a socios de la firma, los que además eran parte de la propiedad de la misma, fórmula que no está en discusión, pero respecto de la cual el gobierno tiene dudas en su composición.

La propia autoridad señala en la demanda que si se sincerara la realidad financiera de la cooperativa, ni las cuotas de los socios tendrían valor como para ejercer la propiedad, dado que las pérdidas superan largamente el patrimonio.

Fuentes del caso aseguran que en el futuro podría abrirse una arista penal pero para eso tendría que acreditarse el uso de recursos públicos y en ello Corfo jugó un rol clave pues en 2014 suspendió las líneas de crédito a través del Fogain, tras la caída en la clasificación de riesgo de la firma. Si se confirma que hubo recursos públicos comprometidos en los delitos denunciados, el CDE podría iniciar acciones penales. También si se detectan posibles delitos funcionarios de quienes les correspondía fiscalizar a la cooperativa desde el gobierno, desde 2014 en el caso de la administración de Bachelet, y de Piñera, entre 2010 y 2014.

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