MERCADOS
Entre los aspectos más criticados por la ciudadanía están su percepción de un aporte nulo a la dignidad de las personas (39%), la colusión y evasión de impuestos por parte de los privados (25%), el nivel de corrupción entre las organizaciones y los funcionarios públicos (21%), y el débil rol fiscalizador que posee el Estado frente a su desempeño (15%).
En medio del conflicto social que vive Chile, un 84% de la ciudadanía tiene una percepción negativa de las empresas y su quehacer, de acuerdo a un estudio digital realizado por la consultora INC Inteligencia Reputacional que analizó cerca de 30.000 conversaciones entre el 14 y 27 de octubre. El 8% de la muestra tiene una postura neutral y otro 8% restante tiene una percepción positiva. Los atributos organizacionales más cuestionados – de acuerdo al Modelo de Reputación Corporativa de INC – son compromiso con la comunidad, medidas para prevenir la corrupción, y honestidad y transparencia.
Los aspectos más criticados por la ciudadanía en relación al quehacer de las empresas y su influencia en este conflicto son: su percepción de un aporte nulo a la dignidad de las personas (39%), la colusión y evasión de impuestos por parte de los privados (25%), el nivel de corrupción entre las organizaciones y los funcionarios públicos (21%), y el débil rol fiscalizador que posee el Estado frente a su desempeño (15%).
“Cualquier organización, autoridad, líder, pública o privada, que se precie de tal; debe tener hoy un imperativo ético-moral y ser un ejemplo de cómo hacer las cosas. Los líderes y organizaciones del futuro serán reputados o simplemente no lo serán frente a los nuevos estándares y expectativas sociales” explica el general de INC Inteligencia Reputacional, Diego Fuentes.
En cuanto a las menciones positivas, la ciudadanía valora principalmente a las empresas y su aporte al país como pilar fundamental al desarrollo económico en particular las pequeñas y medianas empresas (40%), el cuidado del medioambiente (25%), la disminución de la brecha salarial y la incorporación de las mujeres en puestos clave (20%), la inclusión de las personas que viven en situación de discapacidad (10%), y de otras minorías (5%).
“Hay una falta de confianza ciudadana en el empresariado que le da un valor único a la reputación, como un activo que los enfrenta al desafío de gestionarla de manera inteligente en sintonía con las personas; ya que podría ser la única alternativa para obtener la valoración social necesaria asegurar su desarrollo sostenible”, concluye Fuentes.
