En 2011, mientras el gobierno avanzaba en el cierre del diario La Nación las caras largas no eran generalizadas. Tres de los principales gerentes de Puerto Madero Impresores, la imprenta que pasaba al papel el diario público, el Diario Oficial y hasta hace poco Publimetro, obtenían del directorio de la compañía millonarios aumentos en sus planes de retiro si se quedaban en la compañía.
En diciembre de 2010 se había cerrado el diario en papel y al mes siguiente, el 28 de enero de 2011, el directorio de Puerto Madero, acordaba en forma unánime poner en práctica un plan de retención de ejecutivos que benefició al gerente de producción, al gerente comercial y a la gerente general, María Antonieta Estay.
La causa no era un reconocimiento a la historia del medio que se cerraba después de décadas operando, sino una simple vía para retenerlo por considerarles clave en el proceso que quedaba. El plan elevaba en $ 120 millones el costo de despedir a los tres: de $ 41 millones a $ 163 millones.
Así lo reveló una auditoría realizada por la Contraloría que fue publicada en las últimas horas, pero que está fechada el 18 de diciembre de 2012.
En el documento la entidad dirigida por Ramiro Mendoza revela que el directorio de Puerto Madero justificó la medida dada la importancia de los tres ejecutivos, que a diferencia de otros cinco, no fueron despedidos como parte del proceso de cierre paulatino.
Según explicó la empresa al contralor, estos ejecutivos estaban siendo tentados con otros trabajos y eran necesarios en la empresa. Por este motivo, el costo de despedir a Estay subía de $ 16,2 millones a $ 71,8 millones, casi cinco veces el monto inicial, alza similar ocurrió en los otros dos casos.
Ocho meses después de aprobado en el directorio, el plan se hizo realidad y los ejecutivos se llevarían finalmente $ 178 millones, aunque al descontar impuestos y seguro de cesantía caía a $ 144 millones.
En el mismo 2011, Madero perdía $ 1.690 millones (el peor registro en cuatro años) y reducía sus ingresos a casi la mitad (de $ 9.212 millones a $ 5.616 millones). La improcedencia de tales pagos en medio de una situación tan desmedrada de la empresa fue resaltada por la Contraloría.
La mesa era presidida en ese momento por el también presidente de La Nación, Daniel Platovski, y la integraban, entre otros, Gonzalo Müller (encargado estratégico de la campaña de Laurence Golborne), Carlos Zepeda (actual presidente de TVN), Raimundo Valenzuela, José Miguel Alcalde y Teodoro Wigodowski. Según el informe de Contraloría, el plan de retención fue aprobado en forma unánime por el directorio.
Además de las indemnizaciones, Contraloría detalla una serie de procedimientos poco rigurosos en la gestión de Puerto Madero en los últimos años. En particular, cuestiona la falta de seguimiento a las deudas de los clientes, la imprecisa y tardía provisión de deudas morosas y las extrañas condiciones en que fueron girados dineros de las cuentas de la empresa donde estaban invertidos en fondos mutuos.
Sobre las deudas, revela una desconocida deuda—aunque pequeña para su patrimonio— del actual Presidente Sebastián Piñera de $ 2,1 millones, que mantenía desde 2005. En ese año el empresario, y hoy mandatario, contrató servicios de Puerto Madero y desde entonces no pagaba. Lo hizo a fines de agosto de 2012, en medio de la auditoría, casi siete años después de la facturación.
La deuda del Presidente, que ya había sido provisionada (cubierta) por la empresa, es parte de una lista de más de 40 documentos que fueron señalados por la Contraloría en su informe y que apuntan a deudas por $ 643 millones, de las cuales un 81 % tiene al menos una acreencia con la empresa.
Puerto Madero, al ser una sociedad relacionada de La Nación, delegó en la unidad de contabilidad de esta última la gestión administrativa, por lo que fueron funcionarios de La Nación quienes debieron responder a Contraloría.
Contraloría cuestiona que no haya evidencia probatoria de los clientes que se mantienen provisionados desde el año 2011 y 2005. En la empresa nadie tuvo la información. Aun más, se detectó que no lleva un registro adecuado respecto al detalle de las facturas que están en proceso de cobranza, ni tampoco mantiene un respaldo ordenado de aquellas que no han sido pagadas, “dejando en evidencia que no se lleva un control para exigir su cobrabilidad”.
Igualmente advierte que no hay una buena gestión de la cobranza, lo que se arrastra de varios períodos contables, detectándose que la empresa tardó tres años en castigar las facturas morosas de sus clientes.
Incluso, con algunos clientes La Nación seguía prestando servicios pese a que estaban morosos varios meses, develando la ausencia total de control. Contraloría ni siquiera pudo encontrar algunas facturas, ante lo cual la compañía dijo que estaban “empastadas”; con todo, el servicio no pudo verificar la existencia de documentos que respalden las operaciones informadas por Puerto Madero.
El desorden era tal que en algunos casos cuando se hacían provisiones por deudas morosas, el monto era inferior a lo castigado; es decir, con la provisión hecha por la empresa no se cubría todo lo adeudado a Puerto Madero.
Frente a esto, la administración se dio el lujo de cuestionar “los criterios observados” por Contraloría, aunque esta última lo refutó advirtiendo que no daba ningún antecedente para respaldar su punto.
Puerto Madero, a través de funcionarios de La Nación, también hizo inversiones en fondos mutuos en los bancos Bice y Scotiabank. Al 31 de diciembre de 2011 mantenía $ 85 millones en un fondo mutuo.
En ese mismo año, Contraloría detectó varias inversiones en fondos mutuos y en septiembre el rescate de los mismos, respecto de los cuales no hubo información de los motivos.
Asimismo encontró que hubo rescate de fondos desde cuentas que no eran parte de las cuentas corrientes de Puerto Madero, materia que tampoco fue aclarada por Puerto Madero. Incluso, se hizo el rescate de fondos desde una cuenta del banco Santander, entidad de la cual al parecer la imprenta no era cliente.
Otro rescate, esta vez por $ 100 millones, se hizo desde una cuenta no identificada, respecto de la cual Puerto Madero tampoco clarificó la procedencia. Al final, Contraloría debió acudir a los bancos involucrados para conocer las dudas. En todos los casos, el ente revisor advirtió que la firma no estaba cumpliendo con lo ordenado por la ley.
Más adelante, Contraloría detecta que una de las inversiones en fondos mutuos por $ 100 millones —en abril de 2011— se hizo con la firma de Estay y del gerente general de La Nación, Francisco Feres, a quien le habían sido expresamente revocados los poderes para este tipo de operaciones en un directorio de enero de 2011.
En este caso, la empresa especula con que Bice aceptó la firma de Feres, pues todavía no se concretaba el cambio de poderes.
Estay hizo otras dos inversiones por $ 160 millones solamente con su firma, vulnerando los acuerdos del directorio que ordenaban el uso de dos firmas para ello. “Si el banco cursó la operaciones fue porque estuvo conforme con los requisitos”, respondió Puerto Madero.
Otro ítem de particularidades en la gestión de platas de Puerto Madero fue la inexistencia de contratos para la compra y venta de papel.
En el caso de la compra de papel para impresión, las dudas surgen por facturas de $ 1.252 millones durante 2011 por la compra de papel a la empresa Norske Skog Bio Bío Ltda, sin que hubiera contrato de por medio.
La empresa auditada respondió que Norske le vendía papel para imprimir Publimetro y un contrato con ésta última establecía que Publimetro debía manejar sus requerimientos de papel, sobre la base de su planificación de producción.
Sin embargo, Contraloría recalca que los pagos los hacía Puerto Madero a Norske “no se condice con la respuesta entregada por la administración de la entidad”.
Aun más, cita el propio contrato entre Publimetro y Puerto Madero, para desestimar la explicación de esta última: “Será de cargo del editor el proveer oportuna e integralmente al impresor del papel necesario para la impresión del periódico Publimetro”.
Como si fuera poco, el presidente de La Nación y director de Puerto Madero no presentó en abril 2011 su declaración de patrimonio cuando dejó de ostentar el cargo de presidente de la imprenta. Y adicionalmente, la empresa fue sancionada por vulnerar las leyes laborales al contratar personal en período de huelga.
