Semana clave para la cadena supermercadista controlada por Álvaro Saieh, SMU. La compañía, que acarrea pasivos financieros cercanos a US$ 2.400 millones y pérdidas acumuladas equivalentes a US$ 300 millones, enfrenta una severa crisis y los próximos días son determinantes para su futuro.
Por de pronto, hoy se terminaba el plazo para que la compañía responda al banco Bice el emplazamiento que le hizo el lunes pasado. Esto, a efectos de informar la fecha en que citará a la junta de tenedores de bonos a los que adeuda la mayor parte de los US$ 700 millones que tiene colocados en bonos.
SMU está pisando la cornisa, pues desde el 11 de julio pasado se hizo público que estaba en violación de los covenants acordados con los tenedores de bonos, a los cuales Bice representa. La empresa superó los límites de endeudamiento financiero neto y cobertura de gastos financieros que le pusieron sus acreedores, al reconocer errores en la contabilización del 39 % de sus contratos de arrendamiento y en una cifra cercana a US$ 75 millones (casi $ 39.000 millones).
Fuentes que conocen los detalles de los errores —que están siendo investigados— dicen que una parte importante de los contratos de arriendos cuestionados son con empresas relacionadas, en especial con Corpvida.
Bice le comunicó la semana pasada que si este lunes no es informado de los plazos, ellos mismos llamarán a reunión a los tenedores de bonos para decidir qué pasos tomar. SMU tiene 90 días a partir del reconocimiento de los incumplimientos para solucionar la situación, de lo contrario estará autorizado para acelerar los pagos. Consultados sobre el tema en Bice no quisieron referirse al caso.
SMU también corre contra el tiempo para mejorar la situación de la compañía que derivó en la rebaja de su clasificación por parte de Feller Rate (de BBB- a BB+) el 12 de julio pasado, lo que derivó en el incumplimiento de covenants con bancos acreedores de créditos. La compañía debe en total a este sector otro US$ 650 millones.
Un grupo de bancos, que incluye a Banco de Chile, BCI, BancoEstado, Santander, Scotiabank Chile y HSBC (aunque con este último no incumplió la exigencia de clasificación señalada), aceptó hace algunos días congelar la exigencia de clasificación y le dio una serie de plazos para superarla, cumpliéndose el primero de ellos el próximo 13 de septiembre.
Para solucionar este complejo escenario la compañía dispuso dos grandes líneas de acción.
La primera es un plan de racionalización que incluye la venta de activos prescindibles —entre ellos, el 40 % de Supermercados Montserrat, por el que esperan recaudar US$ 140 millones—, el cierre de 75 locales (tiene unos 670) y la reducción en unos US$ 160 millones de su inversión inmobiliaria al 2014-2015.
La segunda línea es el fortalecimiento del capital de la empresa. Este jueves se deberá votar en junta de accionistas un aumento de US$ 500 millones, respecto del cual sólo habría compromiso de suscribir por parte del grupo Saieh, que es dueño del 39% de la empresa. Southern Cross (17 %) no suscribirá y tampoco lo harían Rendic (13 %) ni Bravo (5 %).
Entre los accionistas restantes figuran algunos fondos de inversión privados (FIP), el más conocido es Synergia, que formalmente es representado por Celfin, pero que fue conformado en 2010 con US$ 160 millones, de los cuales US$ 115 millones fueron aportados por el banco que controla saieh, CorpBanca. El Fondo, que no es considerado relacionado a Saieh por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), ha sido representado en varias de las últimas juntas de accionistas por Álvaro Barriga y Pilar Dañobeitía, ejecutivos de Saieh.
Debido a la resistencia de los accionistas a concurrir al aumento de capital, Álvaro Saieh comprometió públicamente hace diez días que suscribirá su parte y un 25 % adicional de su participación, lo que implica un aporte de US$ 250 millones, aunque en un conference call de SMU hace casi dos semanas, un ejecutivo de la supermercadista indicó que Saieh aportaría hasta US$ 300 millones, existiendo la posibilidad de que el aumento de capital se aprueba sólo por US$ 300 millones y sea Saieh el único aportante, como reconoció ese ejecutivo.
El ánimo no es el mejor en el mercado respecto del futuro de la compañía y el éxito del aumento de capital. SMU tiene plazo hasta la primera quincena de octubre para solucionar sus covenants financieros incumplidos y el aumento de capital podría requerir más tiempo para concretarse completamente si se quiere agregar recursos adicionales a los que pondrá Saieh.
“El mecanismo de aumento de capital será a través de una emisión de acciones en el mercado abierto. De esta manera, el aumento de capital demorará un mayor tiempo, considerando que se hace necesario encontrar inversionistas en el mercado nacional o internacional. Dada la situación actual de la compañía en términos financieros y de resultados, existe incertidumbre en la valorización que pueda lograr la compañía, además del éxito de la operación”, señala la clasificadora ICR en un informe del 17 de julio pasado.
Según ICR, SMU ha hecho dos aumentos de capital entre diciembre de 2012 y marzo pasado por casi $ 75.000 millones, además de un bono internacional en febrero por US$ 300 millones los que debían ser destinados a prepagar deuda. Sin embargo, dice la clasificadora, unos US$ 120 millones fueron a superar las deudas con proveedores, por lo que el pasivo financiero no se ha reducido como se esperaba.
El negocio de la empresa, además, no mejora. Al primer trimestre, el margen Ebitda fue de 3 %, rompiéndola tendencia al alza vista en 2012, y cayendo en doce meses (3,7 % fue en enero-marzo de 2012). Y las ventas cayeron, pese a que se abrieron 55 locales de venta, producto de menor flujo de clientes, lo que se explica, según ICR, por falencias en el mix de ventas derivados de problemas en el abastecimiento de los locales.
Aunque sistemáticamente SMU ha explicado los malos resultados de la compañía como productos de la fusión con Supermercados del Sur en septiembre de 2011, lo cierto es que las actas reflejan autocrítica y admisión por parte de los ejecutivos de que la gestión de la empresa también ha fallado.
El acta de la junta de accionistas del 30 de abril pasado revela que frente a la consulta del economista y accionista Jorge Quiroz, el entonces gerente general, Javier Luck, reconoció que “en el caso de los locales SDS se cometieron ciertos errores en la eliminación de medios de pago, incrementos de precio, surtidos, etc., que impactaron las ventas”. El ejecutivo, quien renunció a la empresa una semana después, dijo en la junta que para contrarrestar estos errores se ha intensificado la actividad promocional regional y local” y aseguró que “es materia de preocupación constante de la administración el desempeño de SDS”.
En las próximas semanas la empresa debe dar a conocer su resultados financiero al primer semestre de 2013 y en él debiera considerarse una revisión de la contabilización de sus contratos de arrendamiento que contenían errores al primer trimestre, fallas que no fueron detectadas por la empresa auditora Deloitte, empresa que ha estado respondiendo consultas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
