Por Gabriela Clivio, CFA
El caso Cascadas salió a la luz pública a raíz de la discusión sobre las operaciones en bolsa. En esta columna vamos a presentar los hechos, lo normativo y lo ético. En lo personal creo que, más allá de lo sucedido en un caso particular, el verdadero debate debiera centrarse en la importancia de la ética y cómo hacer que los estándares mínimos exigidos lleven a un comportamiento ético de las partes involucradas. Por esta razón, el caso Cascadas no es sólo un tema que afecta a Julio Ponce, sino al mercado bursátil como un todo, a los operadores del mismo, a los accionistas minoritarios y a quienes han sido mandatados para resguardarlos.
Lo que debiera estudiarse son tanto los mecanismos utilizados para transar valores como las prácticas usadas por los intermediarios de valores cuando hay intereses personales involucrados y sería muy positivo que este episodio condujera a cambios importantes. En el marco actual existe la posibilidad de que los remates, las operaciones directas (OD) y las órdenes cumplan con la normativa y, sin embargo, no sean éticos. La misma opinión ha sostenido el Sr. Enrique Barros, ex presidente del Colegio de Abogados, quien recordó que las formulaciones de cargo reconocen que las operaciones bursátiles analizadas cumplieron con todas las formalidades del caso. Dado que las operaciones cumplieron con la normativa y llevaron un cuantioso daño a los accionistas minoritarios, es necesario realizar cambios en los estándares y el verdadero debate es un debate ético.
Dicho esto, y para quienes no estén familiarizados con el caso en particular, lo que se cuestiona la SVS son las operaciones realizadas entre los años 2009 y 2011, a través de remates, operaciones en rueda y operaciones directas (OD) con y/o sin difusión.
A modo general, los clientes de la Bolsa de Comercio realizan operaciones a través de remates de acciones u Operaciones Directas conocidas como OD. El 95% de las operaciones se realizan a través del sistema de Telepregón. Los remates de acciones se anuncian con una anticipación no menor a 20 horas hábiles y se adjudican al mejor postor.
Los OD, por otro lado, se realizan diariamente, pero no son importantes en monto, se utilizan para operaciones que no superan las UF300 mil UF. Ambos tipos de operaciones deben ser difundidos, salvo en el caso de las OD que no superan las UF30 mil si se trata de títulos con presencia bursátil y su precio en la OD es mejor que el de la mejor transacción vigente en ese momento. Uno de los temas es que, como las OD pueden ser divisibles o indivisibles, existe la alternativa de dividir las órdenes de forma tal que se evite la difusión al no superar las UF30 mil.
Una de las soluciones puede pasar entonces por transparentar o difundir todas las OD independientemente del monto involucrado. En el caso Cascadas, la SVS describe transacciones que fueron visibles en el Telepregón durante tres minutos y otras que se hicieron sin difusión. De acuerdo al dictamen de la SVS, en el caso de las ventas de acciones SQM-B realizadas mediante OD, la contraparte fue principalmente alguna de las sociedades pertenecientes al Sr. Roberto Guzmán, abogado y asesor de Julio Ponce, previo paso por la cartera propia de una corredora de la plaza. La SVS también menciona que, en diciembre de 2009 y marzo y abril de 2010, se transaron mediante OD títulos con la finalidad de generar utilidades contables que permitieran repartir dividendos a la sociedad controladora Oro Blanco y también denunció la realización de remates de acciones de Oro Blanco y Calichera A, a precios que podrían entenderse como bajo mercado y “con una difusión que, si bien cumplió las reglamentaciones bursátiles, no habría sido acorde con el objetivo de maximizar la captación de recursos derivada de dicho proceso, dados los montos a rematar, actuando ello como una barrera para la intervención de potenciales inversionistas”. Estos remates, de acuerdo a la SVS, fueron suscritos por sociedades controladas por relacionados o por el propio Ponce.
Como queda claro dado lo anterior, el caso Cascadas ha nuevamente levantado dudas acerca del funcionamiento del mercado de capital local, al igual que lo sucedido en el segundo semestre del año pasado con la protección de los accionistas minoritarios frente al aumento de capital anunciado por Enersis. Luego de conocerse la formulación de cargos son varios los actores cuestionados.
Lo positivo es que el Comité de Buenas Prácticas ha anunciado que analizará eventuales cambios normativos en lo referente a las OD, y a los potenciales conflictos de interés de las corredoras de bolsa y sus relacionados. Quizás nos acerquemos al ideal en el que cumplir con lo normativo sea también ético.
