El Gobierno de Argentina acusó al juez neoyorquino Thomas Griesa, quien falló a favor de fondos de inversión en un juicio con el país suramericano, de mantener una "insólita prohibición de cobro" que afecta a acreedores de la deuda reestructurada argentina.
El Ministerio de Economía dijo en un comunicado que el juez había convocado para este martes en Nueva York a una audiencia para resolver un conjunto de mociones presentadas hace quince días por Euroclear y Clearstream, el Citibank, el Bank of New York, JP Morgan, tenedores europeos de deuda argentina y los propios fondos querellantes.
Prensa argentina informa que, a pesar de las duras palabras, el Gobierno envió un equipo técnico a Nueva York para intentar negociar una salida.
También Argentina había pedido al magistrado una medida cautelar para que el país hiciera efectivo el pago de un compromiso de deuda con los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, el que debía concretarse el pasado 30 de junio, pero que Griesa frenó por un pedido de embargo solicitado por los fondos querellantes.
La medida cautelar fue denegada, por lo que los fondos girados por Argentina para el pago a los tenedores de bonos continúan inmovilizados en bancos de Estados Unidos.
"El juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro", dijo el Ministerio de Economía argentino.
En la audiencia de este martes, los abogados que representan al Gobierno de Cristina Fernández reiteraron "su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay), remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes", según el comunicado.
Buenos Aires insistió en que pagar a los fondos querellantes, que reclaman bonos en mora desde 2001 por 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, con mejores condiciones –en efectivo y sin quitas– que las aceptadas por quienes adhirieron al canje, violaría la ley argentina y una cláusula legal –denominada RUFO– aprobada en los canjes y que caducará a finales de este año.
"Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles", advirtió el Ministerio de Economía.
Los fondos buitre, según el comunicado, "sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique".
"Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitre tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable", dijo el Ministerio de Economía.
Según la cartera, Griesa "no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que, además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores".
El comunicado recuerda que el pasado 26 de junio, "tal como viene haciendo normalmente", Argentina "realizó el pago del vencimiento de su deuda por un monto de 1.151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY)".
Sin embargo, sostuvo, "el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas", en lo que constituye "un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010".
"Ante esta conducta, los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero", indicó el Gobierno argentino.
Griesa, según el Gobierno de Cristina Fernández, "pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar 'default' (cese de pagos), repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitre".
"Los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes", aseguró.
Cuando un compromiso de pago no se hace efectivo en la fecha de vencimiento, el deudor tiene un plazo de gracia para regularizar el pago antes de ser declarado en cese de pagos técnico, plazo que en el caso de Argentina vence el próximo día 30.
Sin embargo, Buenos Aires se ampara legalmente en que ha hecho el pago al girar el dinero y que si los acreedores no reciben los fondos es por una decisión judicial que le excede.
"Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", insistió el Ministerio de Economía en un comunicado.
Argentina reiteró que "quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables".
