“De acuerdo con los antecedentes analizados hasta el momento por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio, como resultado de las maniobras anteriormente descritas fueron incorporados como gasto a la contabilidad de las empresas aludidas un total de 258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236”, reza uno de los párrafos del comunicado que dio a conocer el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de una nueva denuncia por uso de boletas de honorarios falsas en empresas del grupo Penta.
Y si bien en ninguna parte del texto dado a conocer por el SII se detallan antecedentes que hagan pensar en una arista política, estas líneas se entendieron como la luz verde que tendrá el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, para investigar eventuales irregularidades en la entrega de platas a campañas; una línea que no apunta al año tributario 2009-2010 –como el resto del caso Penta– sino que a la contienda electoral reciente.
Una prioridad que se definió en La Moneda es no dejar espacio para que se acuse algún tipo de presión indebida o que los afectados por la arista política del Pentagate se victimicen alegando “persecución política” de parte del gobierno. De hecho, fue el propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien enfatizó en la autonomía del Servicio: “El SII es una institución absolutamente seria, es una institución fiscalizadora y una vez más demuestra que actúa cuando corresponde. Ni antes ni después. Las instituciones en Chile funcionan, ése es un patrimonio que tenemos. En este caso y en otros, el SII va a realizar, conforme al marco vigente y jurídico, las acciones que correspondan”, dijo Arenas.
Sin embargo, la arista política del caso Penta fue tratada y acordada en reuniones al más alto nivel en Palacio esta semana y la demora del Servicio de Impuestos Internos en presentar la querella, señalan fuentes de La Moneda, respondió a la necesidad de armar una presentación sólida a la Fiscalía de Alta Complejidad, que no se caiga a mitad de la investigación.
La información que se maneja en privado en el gobierno es que efectivamente está detectado y comprobado el “núcleo duro” que operó en los financiamientos ilegales de campañas y que el objetivo es “establecer” y “demostrar” la red que operaba, precisamente para evitar que el hilo se corte por lo más delgado, como secretarias, choferes y otros funcionarios que hayan participado como intermediarios, sin que respondan los principales responsables.
Por lo mismo, el formato y contenido de la nueva denuncia que ayer formalizó el SII está a tono con esa estrategia definida en Palacio, en cuanto a resguardarse de posibles acusaciones de persecución política, considerando que Impuestos Internos es un órgano estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda.
La denuncia del SII le permite al fiscal Gajardo que investigue y, por tanto, cite a declarar a quien estime conveniente según los antecedentes que se manejan.
Ese punto, recalcaron en el gobierno, es clave, porque así los nombres de políticos que sean citados surgirán desde la Fiscalía y no de algún órgano vinculado al gobierno. Es la razón por la que la denuncia que se conoció públicamente no citaba específicamente a ninguno de los nombres involucrados hasta ahora en los trascendidos de prensa.
En tanto, fuentes de la Fiscalía Nacional señalan que la denuncia del Servicio es clara: va contra Penta, sin perjuicio de que la investigación dé frutos y que posteriormente se apunte a las campañas y que originen nuevas acciones del Servicio. “La acción apunta claramente a Penta, no contra quienes emitieron boletas, por lo que, si alguien cree que desde mañana empezará un desfile de políticos por la Fiscalía, está muy equivocado”, agregan.
La denuncia del SII
El SII confirmó ayer la denuncia ante la Fiscalía contra seis sociedades y por primera vez involucra al holding madre del grupo Penta, Empresas Penta, que controlan Carlos “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Junto con ello, ataca a otras cinco firmas, tres de ellas de propiedad de Bravo: Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda. Las dos primeras ya habían sido motivo de denuncias previas del Servicio, por devoluciones de impuestos fraudulentas, el 28 de julio pasado. Las mismas fueron parte de nuevas denuncias hechas el 26 de agosto, esa vez por el uso de boletas falsas para reducir su base imponible.
A igual que Perkita, de Bravo, esta vez el SII innova denunciando al holding Empresas Penta, pero agrega una sociedad de Carlos Alberto Delano, Inmobiliaria Duero Ltda., por los mismos delitos vinculados con boletas y facturas falsas para reducir la base tributaria.
Pero no sólo eso. El SII involucra esta vez también a la filial del Banco Penta, la corredora de bolsa Penta, acusándola de haber entregado facturas a Empresas Penta, por servicios y asesorías por $ 2.000 millones (entre 2009 y 2010) que nunca se realizaron. Según el grupo, dichos trabajos sí se efectuaron.
En esta línea, además, el Servicio señaló que la acción está dirigida contra “personas que, de acuerdo a los antecedentes obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas, según el caso, las que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas individualizadas, por trabajos o servicios que no se realizaron o prestaron, hecho sancionado como delito en el inciso final del mismo artículo 97 N°4, ya citado”.
Aquí se hallaría parte de altos ejecutivos del grupo, posiblemente familiares, y eventualmente podrían incluir boletas o facturas ligadas a algunos candidatos. El SII no los individualizó, pero dijo que usará sus facultades. En todo caso, la Fiscalía podría indagar mayormente sobre el rol de las personas que estarían involucradas en dichas operaciones.
