La denominada Ley de Fármacos (ley miscelánea que modifica distintos aspectos del Código Sanitario), fruto de una larga discusión en el Congreso Nacional, que no estuvo exenta de polémicas, está pronta a convertirse en Ley de la República.
Como ha salido en los medios, la Ley de Fármacos incorpora variadas normativas que, en términos generales, buscan entregar más información a los consumidores, intentando restablecer uno de los pilares fundamentales para un adecuado funcionamiento de un mercado competitivo. Entre dichas materias, están normas que (i) buscan incentivar la utilización de medicamentos genéricos bioequivalentes; (ii) otorgan la posibilidad de expender los medicamentos que no requieren receta (OTC), al menos, en las góndolas de las farmacias; (iii) conceden la habilitación para establecer un sistema de receta electrónica, que logre un mayor respeto a la condición de venta de los medicamentos, les dé más confiabilidad y las haga trazables.
Muchas de estas materias, como es habitual, deberán ser reguladas en detalle, mediante los respectivos reglamentos que se dicten por parte del Ejecutivo.
Especialmente relevante es el régimen que exista para la receta electrónica, dado que de este va a depender, en gran medida, el respeto a la receta médica en general, pero, especialmente, hará operativa la intercambiabilidad de medicamentos caros por genéricos bioequivalentes de menor precio. Si el régimen de receta electrónica contempla niveles razonables de seguridad (el actual sistema no contempla ninguno), pero no excesivos, que lo harían impracticable, puede que los beneficios regulatorios esperados se logren expresar, mediante mayor competencia y menores precios, generando mayor acceso para la población.
Un buen reglamento, junto con medidas efectivas de fiscalización, puede hacer realmente operativa una ley y permitir que ésta modifique estructuras de mercado y tienda a un funcionamiento socialmente deseable. Por el contrario, un mal reglamento, puede dejar a la ley como “letra muerta”, perdiéndose todo el esfuerzo invertido en su discusión.
Por ello, es fundamental que los reglamentos, que se deben dictar dentro del marco de la Ley de Fármacos, consideren instancias de consulta y participación, reales y efectivas, para que todas las partes interesadas, en igualdad de condiciones, puedan aportar su visión sobre cómo implementar adecuadamente esta ley, de manera que ésta exprese todo su potencial y no sea “jibarizada” por la vía administrativa. Sobre esa base, le corresponderá al próximo Gobierno, balanceando correctamente una visión política de largo plazo con la debida realidad técnica, definir la regulación más adecuada para nuestro país.
Abogado Industria Farmacéutica, LL.M. & Ph.D. y Académico
