La denuncia, que también involucra a 29 civiles, indica que en tres dependencias militares operaba una red que falsificaba documentos y firmas para evitar licitaciones públicas, así como lograr que los servicios fueran provistos por particulares o supuestas sociedades cercanas a los sospechosos.
Las sucesivas remociones de altos mandos militares en Argentina por presuntos casos de corrupción han salpicado al jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, que se ha visto obligado a presentar su renuncia tras confirmarse su procesamiento por malversación de fondos.
Mientras los principales medios de información del país dan este viernes por hecho que la mandataria argentina, Cristina Fernández, ha aceptado la dimisión de Bendini, fuentes de la Presidencia, del ministerio de Defensa y del Ejército consultadas por Efe rechazaron hacer comentarios sobre el tema.
Bendini llegó al máximo grado del Ejército en mayo de 2003, pocos días después de que Néstor Kirchner (2003-2007) asumiera la Presidencia argentina con decididas intenciones de remover de las Fuerzas Armadas a militares involucrados en casos de represión durante la última dictadura (1976-1983).
El general era por entonces jefe de la Brigada Mecanizada XI, unidad militar con asiento en Río Gallegos, capital de la sueña provincia de Santa Cruz, de la que Kirchner fue gobernador hasta asumir la Presidencia.
En abril de 2003, el entonces jefe del Ejército Ricardo Brinzoni había abierto un sumario interno sobre los manejos de fondos de la unidad de Río Gallegos, pero el súbito ascenso de Bendini abrió un paréntesis en la investigación.
Con la llegada de Cristina Fernández, esposa de Kirchner, a la Presidencia, en diciembre de 2007, Bendini fue ratificado al frente del Ejército.
Pese a ser considerado un hombre próximo a los Kirchner, el jefe militar había sufrido en los últimos meses las consecuencias de una auditoría interna encomendada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, con quien Bendini ya no tenía diálogo, según reseña hoy la prensa local.
Esas investigaciones ordenadas por Garré apuntan a presuntas irregularidades en las compras y contrataciones de servicios del Ejército, y por ellas cuatro generales y otros cuarenta militares han sido cesados.
El ministerio de Defensa hizo en agosto dos presentaciones ante la Justicia para que se investigue si efectivamente estos militares incurrieron en un delito, confirmaron hoy a Efe fuentes oficiales.
Según los auditores, han sido detectadas presuntas maniobras fraudulentas en la contratación de servicios «en el mismo período, con idéntico ‘modus operandi'».
La denuncia, que también involucra a 29 civiles, indica que en tres dependencias militares operaba una red que falsificaba documentos y firmas para evitar licitaciones públicas, así como lograr que los servicios fueran provistos por particulares o supuestas sociedades cercanas a los sospechosos.
El presunto fraude cometido en perjuicio del Ejército llegaría a unos 40 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) y el caso es investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Más allá de estas investigaciones, los cambios se precipitaron cuando el jueves trascendió en la prensa que Bendini había sido procesado por la Justicia el martes pasado.
Según versiones de prensa, esa situación no fue informada por el jefe militar al Gobierno, lo que molestó al Ejecutivo y derivó en la solicitud del general de su relevo y pase a retiro.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, aseguró anoche en una rueda de prensa que el pedido del general fue «voluntario», es decir, no inducido por una orden del Ejecutivo.
Paradójicamente, Bendini fue procesado por una causa judicial iniciada a partir del sumario interno ordenado por Brinzoni para indagar sobre el manejo de las cuentas en la unidad de Río Gallegos.
La causa judicial se inició cuando el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal de la ciudad de Río Gallegos, Miguel Ángel Segovia, acusaron a Bendini de haber abierto en abril de 2002 dos cuentas bancarias no oficiales en las que supuestamente depositó recursos que manejó en forma discrecional.
En una de esas cuentas se habrían depositado cerca de medio millón de pesos (unos 160.000 dólares).
Las cuentas, según la denuncia, fueron abiertas por fuera de la contabilidad oficial, sin dar aviso a la Tesorería General de la Nación, algo contrario a los procedimientos de la administración pública.
En mayo de 2007, un juez de primera instancia de Río Gallegos determinó que no tenía pruebas suficientes para procesar a Bendini.
Sin embargo, el martes la Cámara Federal de la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia revocó ese fallo y ordenó su procesamiento sin prisión preventiva por presunto peculado (malversación de fondos públicos), delito para el que se prevén condenas de dos a 10 años.
EFE
