PAÍS
El turismo como laboratorio: Kast acelera su primera reforma a las 40 horas
La Moneda sostiene que la fórmula favorecerá el empleo formal y la conciliación, mientras la CUT, el PC y parlamentarios opositores advierten que aumentará el control empresarial sobre el tiempo, debilitará la negociación sindical y podría reducir el pago de horas extraordinarias.
El Gobierno de José Antonio Kast eligió al turismo para estrenar su primera reforma estructural a la Ley de 40 Horas. El próximo martes 4 de agosto —mismo día en que se retoma la votación de la Ley Miscelánea en el Senado—, la Comisión de Trabajo de la Cámara retomará el proyecto que amplía los mecanismos de adaptabilidad y crea un régimen especial para hoteles, restaurantes, bares, casinos y operadores turísticos.
La nómina de invitados anticipa el tono de la jornada. Comparecerán el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; el director nacional del Trabajo, David Oddó; y los presidentes de Fedetur, Achiga y Hoteleros de Chile. En la citación conocida hasta este lunes no aparecen organizaciones sindicales.
La Moneda llegará así acompañada por los gremios directamente interesados en una iniciativa que entrega a las empresas turísticas mayor margen para distribuir turnos y descansos según las temporadas altas y bajas. Que esa flexibilidad produzca más empleo formal, reduzca la rotación o mejore las condiciones laborales es —según comentan fuentes de Palacio— la expectativa del Gobierno y del sector empresarial, pero todavía no un resultado acreditado.
El promedio se mantiene, pero cambian las reglas
Desde el Ejecutivo defienden que el proyecto no elimina las 40 horas, no modifica el calendario que reducirá la jornada a 40 horas en 2028 y tampoco crea una nueva jornada ordinaria de 52 horas. Lo que cambia —explican— es el período utilizado para calcular el promedio.
Actualmente, la distribución puede acordarse en ciclos de hasta cuatro semanas. La propuesta los extiende a 16 semanas como régimen general y hasta 52 semanas —un año— en el turismo. En otros sectores, alcanzar ese ciclo anual requerirá negociación colectiva; en las actividades turísticas podrá pactarse directamente entre empleador y trabajador.
La iniciativa mantiene un máximo de 45 horas ordinarias semanales. El total podría alcanzar 52 al sumar horas extraordinarias, posibilidad que ya existe. Las 52 semanas, en cambio, corresponden al nuevo período anual durante el cual podrán compensarse semanas más intensas con otras más livianas.
Esa diferencia se convirtió rápidamente en el principal campo de batalla comunicacional.
El jefe de la bancada de diputados RN, Diego Schalper, acusó a las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo de divulgar información falsa al afirmar que el Gobierno pretende extender la jornada a 52 horas. “Menos fake news y más trabajo constructivo”, emplazó a través de un comunicado la semana pasada.
Desde la oposición reconocen que Schalper tiene razón en que el proyecto no crea un nuevo máximo semanal de 52 horas. Pero enfatizan que su afirmación de que no se modifica “nada” elude el fondo: la propuesta amplía los ciclos, reduce la intervención sindical y permite concentrar el trabajo durante períodos considerablemente más extensos.
Y es que el régimen turístico autoriza, además, hasta doce domingos consecutivos de trabajo una vez al año, frente a los ocho permitidos actualmente. Aunque se conserva el número total de descansos anuales, una persona podría pasar cerca de tres meses trabajando todos los domingos.
La CUT concentró allí sus críticas. Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la central, advirtió que las 40 horas fueron conquistadas para “trabajar menos y vivir mejor”, no para que el tiempo de las personas quede organizado según los ciclos productivos de las empresas.
También cuestionó que el Gobierno invoque la conciliación laboral y familiar mientras impulsa jornadas menos previsibles. “Sin una verdadera red de cuidados, la flexibilización laboral termina siendo pagada principalmente por las mujeres trabajadoras”, sostuvo.
Desde el oficialismo se defiende exactamente la tesis contraria. Schalper aseguró que la adaptabilidad puede entregar mayor versatilidad a las pymes y a las madres trabajadoras. Gobierno y sindicatos utilizan así a las mismas mujeres para sostener conclusiones opuestas: unos prometen más conciliación; los otros advierten mayor disponibilidad para las empresas.
“Las 40 horas no se tocan”
El Partido Comunista elevó la disputa al terreno político. “Las 40 horas no se tocan”, declaró este lunes a través de redes sociales, acusando a Kast de contradecir su promesa electoral de mantener la reducción de jornada.
En el Congreso, Gael Yeomans y otros diputados opositores sostienen que el Código del Trabajo ya contiene suficientes herramientas de adaptabilidad. La parlamentaria del Frente Amplio acusa que el Gobierno no ha demostrado que flexibilizar las jornadas genere nuevos empleos y advierte que los ciclos largos podrían reemplazar horas extraordinarias actualmente remuneradas.
La oposición también presentó una moción para fortalecer el cumplimiento de contratos, cotizaciones y obligaciones laborales. Sin embargo, esa iniciativa no bloquea directamente el proyecto gubernamental ni impide los ciclos anuales.
Encuesta Nacional de Empleo
La Moneda busca sostener su ofensiva en la crisis de empleo. Antes de la sesión del 4 de agosto tendrá dos hitos para reforzar ese relato. Este viernes 31, el INE publicará la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre abril-junio. Ese mismo día, el Ministerio del Trabajo realizará su Cuenta Pública Participativa.
Un nuevo deterioro de las cifras facilitaría al Gobierno presentar la adaptabilidad como una respuesta urgente. Pero no resolvería la pregunta que marcará la tramitación: si el ciclo anual permitirá crear empleos formales o servirá principalmente para cubrir las temporadas altas con mayor disponibilidad de los trabajadores ya contratados.
Kast no pretende borrar las 40 horas del Código del Trabajo. Su apuesta es conservar el promedio y cambiar la forma de administrar el tiempo. El turismo será el primer laboratorio; el resultado político determinará si la fórmula puede extenderse después al resto del mercado laboral.
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