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Justicia argentina suspende 82 artículos de la reforma laboral de Milei tras recurso de la CGT
La resolución responde a una acción presentada por la principal central sindical del país y deja en suspenso varios de los puntos más controvertidos de la reforma, en medio de una creciente disputa entre el Gobierno y los gremios por el alcance de los cambios laborales.
La justicia argentina dio un duro revés a la agenda económica del presidente Javier Milei, tras suspender de forma cautelar 82 de los 218 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada por el Congreso en febrero pasado. La medida fue dictada por el juez Raúl Ojeda en respuesta a un recurso presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país.
En su resolución, el magistrado consideró válidos los argumentos del gremio, que advertía que la reforma introducía cambios de carácter regresivo y permanente que vulneraban derechos fundamentales como la protección frente al despido, la libertad sindical y el principio de progresividad laboral. “Con el dictado de la cautelar ambas partes procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social”, dijo Ojeda en el texto del fallo.
Al tratarse de una medida cautelar, la suspensión es provisoria y puede ser apelada por el Estado, por lo que no implica la anulación definitiva de los artículos cuestionados.
Entre los puntos que quedan temporalmente sin efecto figuran algunos de los más controvertidos de la reforma. Entre ellos, las restricciones al derecho a huelga mediante limitaciones a las asambleas, las sanciones a conductas gremiales que podían llegar a retirar la personería jurídica de los sindicatos, y la eliminación del principio jurídico conocido como “in dubio pro operario”, que obliga a los tribunales a fallar a favor del trabajador en caso de duda.
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— C5N (@C5N) March 30, 2026
También quedaron suspendidos los artículos que clasificaban a los trabajadores de plataformas digitales como independientes, la derogación de la ley de teletrabajo, y las modificaciones al régimen de indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y negociación colectiva.
No es la primera vez que la ley enfrenta obstáculos judiciales. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ya había conseguido previamente la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y el financiamiento sindical, mientras que al menos cinco jueces locales habían rechazado por separado el artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.
El Ministerio de Capital Humano de Argentina anunció en un comunicado que “Rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.
El gobierno de Milei presentó la reforma como un pilar de su programa de transformación hacia un modelo de libre mercado, argumentando que el esquema laboral vigente desincentiva la contratación formal y alimenta la informalidad, que afecta a cerca de la mitad de los trabajadores argentinos. Los sindicatos y la oposición, en cambio, sostienen que los cambios precarizarían las condiciones de trabajo y erosionarían derechos conquistados históricamente, postura que ha movilizado a miles de personas en las calles desde que la ley fue aprobada.
