La enseñanza que nos deja este episodio es que hay que desterrar para siempre la lenidad funcionaria y la obsecuencia ante los poderosos. Gobernar es algo muy serio y percibimos que el comportamiento laxo de nuestras autoridades nos está llevando al despeñadero.
El Parque Las Américas (30 hectáreas) es un área verde de uso público que está localizado en la ribera sur del río Mapocho, entre las instalaciones deportivas del Instituto Nacional y el edificio de la Cepal en la comuna de Vitacura. Antiguamente, cuando era bastante más extenso, se denominaba Parque de la Empresa de Agua Potable de Santiago.
En la década de los sesenta se empezaron a edificar las viviendas unifamiliares (de uno y dos pisos) de la zona colindante del parque hacia el oriente, en el entendido de que tales casas iban a estar localizadas enfrente de una magnífica área verde administrada por la poderosa municipalidad de Las Condes (la comuna de Vitacura existe solo desde 1992). La norma de edificación de ese sector era densidad baja, lo que significa una media de 60 habitantes por hectárea. La expectativa de vivir enfrente de un parque y con una densidad reducida hizo subir automáticamente los precios de transacción de los sitios y de los bungalows.
En 1988 la autoridad ejecutiva (gobierno de Pinochet) decidió vender 6 hectáreas del parque y para ello tuvo que modificar su uso de suelo con el fin de interesar a los posibles compradores. Así fue como un par de grupos económicos, a través de 2 isapres controladas por ellos, las adquirieron y las dejaron en «engorda» hasta 1998, año en que obtuvieron un permiso de construcción (NÅŸ 202/98) para 18 torres habitacionales de hasta 25 pisos. Vale decir, los vecinos aludidos en el párrafo anterior tenían que cambiar de vista y su futuro era tener enfrente de sus antejardines una alta cortina de concreto con un aumento desmesurado de los flujos vehiculares, derivados de una densidad de 800 habitantes por hectárea.
Dado que -sin sus consentimientos- les cambiaron las reglas del juego, tales vecinos se organizaron para hacer valer sus derechos adquiridos y con ese propósito hicieron gestiones ante la municipalidad sin obtener respuesta. Ante tal indefensión recurrieron a nuestra agrupación para que los ayudáramos y así fue como el 4 de marzo de 1999 nos reunimos con el diputado y arquitecto Patricio Hales para analizar el proyecto inmobiliario. En 2 horas de conversaciones llegamos a la conclusión que era absolutamente nulo porque -entre otras razones- no respetaba la densidad establecida en la regulación urbana del sector y porque los edificios proyectados excedían la altura máxima permitida.
Teniéndose en cuenta que el jefe directo del director de obras de Vitacura es el seremi de Vivienda y Urbanismo, recurrimos a éste algunos días después para que -ejerciendo sus atribuciones- anulara el permiso viciado. Se nos tramitó por varios meses y observamos en él una tendencia a no querer asumir responsabilidades. Ante esta lamentable realidad recurrimos al diputado Nelson Ávila, quien denunció públicamente el ilícito, el 26 de noviembre de 1999. Nadie se dio por aludido y aquí no ha pasado nada.
Posteriormente, y dado que las autoridades públicas estaban mudas, nos vimos forzados a recurrir a la Contraloría General de la República, hecho que motivó al seremi a adoptar una posición y así fue como el 14 de enero de 2000 dicho funcionario dispuso por escrito que «se determina que el permiso de edificación mencionado (202/98) está mal otorgado y, por lo tanto, esa Dirección de Obras Municipales (la de Vitacura) debe disponer las medidas pertinentes.» Este eufemístico lenguaje significaba que dicho permiso estaba viciado y por lo tanto era nulo. Dicho seremi, para no ser menos, al igual que nosotros y los vecinos, también elevó los antecedentes a la Contraloría.
Mientras tanto, nos reunimos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, expresándole que era contraproducente que la inmobiliaria hubiera decidido iniciar faenas en circunstancias que se estaba violando la ley, nos respondió que iba a analizar la situación. El 2 de agosto de 2000 fuimos recibidos con los vecinos perjudicados, por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, la que nos escuchó con mucha atención y quedó de estudiar el caso. Ni el flamante ministro, ni los honorables diputados nos dieron a conocer el resultado de sus sesudos «estudios».
El 20 de noviembre de 2000 se emite el dictamen NÅŸ 44492 de la Contraloría en el cual reconoció «…vulneraciones a la normativa aplicable en la especie», señalando que «en consecuencia, el permiso de edificación N° 202, de 1998, de la Dirección de Obras de Vitacura, al autorizar la construcción de edificios de 13, 15, 16 y hasta 25 pisos en los lotes 3D3 y 3D4, vulnera lo previsto en los artículos 5° y 9° de la Ordenanza Local, los que permiten la edificación de hasta 2 pisos en los sectores de densidad baja y 4 pisos en los de densidad media, sobre los cuales se encuentran los referidos lotes».
Es decir, la Contraloría reconoció las ilegalidades, sin embargo, dado que este hecho, «podría comprometer la responsabilidad extracontractual del órgano administrativo (la Municipalidad de Vitacura) que emitió el acto irregular, pues dicho actuar por ser viciado y ocasionar un daño, configuraría una especie de mal funcionamiento del servicio que haría procedente el pago de una indemnización», sostuvo que el permiso no podía ser invalidado (¿?).
A raíz de esa curiosa conclusión del ente fiscalizador, los vecinos iniciaron un juicio de nulidad de derecho público, el cual fue resuelto el 30 de abril pasado por sentencia del 14ÅŸ Juzgado Civil de Santiago, acogiéndose la nulidad del permiso en cuestión. Cuando los vecinos recientemente dieron a conocer esta sentencia de primera instancia, la inmobiliaria, el municipio y el Ministerio de Vivienda, concertadamente, quisieron bajarle el perfil a la contundencia del fallo, argumentando que «se trataba de errores administrativos» que se iban a solucionar en breve plazo. Ellos saben que nos es así, pero había que «tranquilizar al mercado».
¿Qué va a suceder, ahora?
La inmobiliaria y la municipalidad, tomados de la mano, van a apelar a la Corte de mayor nivel y ésta, en unos años más, va a fallar y lo más seguro es que se llegue a la Corte Suprema.
Si los «servidores» públicos del municipio y del ministerio respectivo hubieran actuado tan pronto se les informó acerca de los vicios del permiso, en este momento no existiría el tremendo conflicto que la opinión pública ha estado conociendo. Estas cosas suceden porque las autoridades no se identifican con los intereses de los vecinos y cuando éstos llegan a aquellas, se les tramita hasta conseguir que se aburran de reclamar. Este maquiavélico comportamiento les ha dado muy buenos resultados, pero en el caso relatado, se encontraron con gente instruida (los vecinos) que conoce sus deberes y derechos.
La enseñanza que nos deja este episodio es que hay que desterrar para siempre la lenidad funcionaria y la obsecuencia ante los poderosos. Gobernar es algo muy serio y percibimos que el comportamiento laxo de nuestras autoridades nos está llevando al despeñadero. Instamos al Ministerio de Vivienda a que lleve a cabo una reingeniería de verdad para que la ciudadanía recupere la confianza tanto en él, como en las direcciones de obras municipales.
Buen ejemplo de civilidad han dado los vecinos del Parque Las Américas de Vitacura.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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