El escenario planteado tras el procesamiento de Guillier y otros periodistas ha puesto en evidencia la poca o nula claridad que existe en el mundo político nacional acerca de lo que sustancialmente significa la libertad de expresión e información. Cualquier acción que se emprenda en defensa de la misma debe tomar en cuenta la votación de la Concertación y en especial del PPD en dicho proyecto, la cual fue favorable al mismo.
El proyecto tal como está planteado deja en un pie muy desmedrado dicha libertad -por no decir que prácticamente la elimina-. ¿Cómo pudo pasar esto en democracia? Toda parece una broma de mal gusto, especialmente en el caso del PPD, el partido de la defensa de los ciudadanos, sus derechos y libertades. Pero también puede tener un efecto positivo de sinceramiento, en el sentido de que sirve para reconocer que la clase política chilena del mundo concertacionista no es tan democrática como le gusta aparecer ante la ciudadanía. ¿Otro efecto de arraigado hábito del doble estándar chileno, que no es otra cosa que hipocresía?
Todo derecho humano fundamental, como es el caso del mencionado, termina donde comienza los derechos de los demás. Esta es la doctrina en la que se inspira la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones internacionales existentes sobre la materia. De esto se deduce que ningún derecho, por valioso que sea, puede servir para causar daño a los derechos del resto, ni para ser utilizado como cobertura para cometer delitos o expresar conductas reprochables de ningún tipo, porque desde ese momento el derecho se convierte en un privilegio o artificio para socavar la dignidad de los demás.
El principio en cuestión es más válido aún si se trata de personas que desempeñan una función pública, y especialmente si se trata de un juez. Lo mínimo que debe exigírsele a éste es integridad; esto es: coherencia entre lo que se proclama públicamente como valioso y lo que se hace en la vida privada. Creo que el país merece jueces y autoridades públicas íntegras. Si no se da esa integridad, el espacio para la corrupción ya se ha creado. Este debe ser el principio doctrinario a partir del cual elaborar una estrategia para salir del problema. El derecho a la privacidad no puede servir para esconder la falta de integridad de una autoridad pública, como es un juez.
El PPD debe actuar con absoluta integridad a sus proclamada adhesión a la defensa de los derechos de los ciudadanos, desautorizando cualquier intento por socavarlos. La libertad de expresión e información es un derecho orientado específicamente al ciudadano y no a la autoridad. Sólo en los sistemas políticos «patrimoniales» – que por ser tales son autoritarios- , es decir, en aquellos en que la actividad política es un «negocio privado» de la elite gobernante y el país su parcela de agrado, puede pensarse que una autoridad pública y política, por ser tal, tenga derechos especiales que hacer valer frente a los ciudadanos. No debe nunca olvidarse que el concepto de derechos humanos en la sociedad pos Guerra Mundial II, nace exclusivamente para limitar el poder de la autoridad pública, controlar sus actuaciones, evitar sus abusos. Aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario.
Para enfrentar el problema generado, es necesario retomar una conducta coherente con los planteamientos de defensa del ciudadano y sus derechos. Por lo tanto, lo que está en juego es: o se es coherente o quedamos como patanes hipócritas. Se trata del proyecto de país que el PPD quiere, dando un total respaldo a la libertad de expresión e información iniciando una campaña al respecto. Aquí no puede haber concepciones «ingenieriles» de la política.
El PPD debe manifestar su compromiso irrestricto con la libertad de expresión e información en su concepción más amplia, comprometiéndose desde ya a iniciar proyectos de ley destinados a eliminar las trabas existentes.
(*) Analista político
