Impuesto corporativo, contribuciones y recaudación fiscal abren debate entre exministros de la DC

El ingreso de la batería de 43 medidas legislativas del gobierno para reactivar la economía y reconstruir Valparaíso, Ñuble y Biobío abrió un intenso análisis entre los expertos de la Democracia Cristiana. El foco de discusión apunta al anuncio de rebaja al impuesto de primera categoría, exención de contribuciones sin tope y a las fórmulas para retener la recaudación fiscal.

Dos exministros DC de Economía, Alejandro Ferreiro y Jorge Rodríguez Grossi, ya han fijado las principales luces y sombras del proyecto anunciado en cadena nacional por el Presidente Kast. Aunque ambos coinciden en la necesidad de tener un mayor crecimiento económico, divergen profundamente en el “cómo” y en sus consecuencias fiscales.

Mientras Rodríguez Grossi (ministro en el segundo gobierno de Bachelet) dice a El Mostrador que “ve en el plan una oportunidad de oro para recuperar el dinamismo perdido”, Alejandro Ferreiro (ministro en el primer gobierno de Bachelet) levanta banderas amarillas sobre la sostenibilidad del presupuesto público y la justicia social de las medidas inmobiliarias, entre otros reparos.

“La reforma de Alberto Arenas tuvo efectos adversos en los niveles de crecimiento”

Ambos economistas coinciden en una crítica al sistema impositivo actual implementado en 2014 y apoyan la reintegración total del sistema tributario.

Para Rodríguez Grossi, alcanzar el 100% de reintegración hacia el año 2031 es un “buen propósito” que despeja la caricatura de los “impuestos a los ricos”, argumentando que es una medida eficaz para la distribución de ingresos a través del fomento a la inversión.

Ferreiro coincide en este punto, proponiendo volver a un sistema integrado para favorecer la reinversión de utilidades y corregir lo que califica como el “fracaso” de la reforma del exministro de Hacienda Alberto Arenas.

“Yo creo que la reforma de Alberto Arenas (PS) tenía ciertos supuestos de lo que se iba a recaudar, y que no lo recaudó. Y  creo que, lamentablemente, sí tuvo efectos adversos en los niveles de crecimiento, los niveles de inversión y, finalmente, de crecimiento del país. Entonces, no se recaudó lo que se esperaba, y, sin embargo, se pagó un costo alto en materia de crecimiento y empleo finalmente”, sostiene Alejandro Ferreiro sobre el extitular de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet.

Rebaja del impuesto corporativo: en el ojo del debate

Sin embargo, la rebaja del impuesto corporativo (Primera Categoría) del 27% al 23% genera la primera diferencia relevante.

Rodríguez Grossi defiende la medida como una herramienta para mejorar la rentabilidad de los proyectos y atraer capitales. Su tesis es optimista: la menor recaudación por tasa se remediará con el aumento del producto. Si el PIB crece con fuerza, la recaudación total subirá no por cobrar más, sino porque la base económica será más grande.

“¿Se remedia con un aumento del crecimiento económico? Esa es la gran pregunta. Va a haber gradualidad, anuncia el documento, pero, efectivamente, hay una duda que uno no puede responder con 100% de seguridad. Depende de cuán atrayente sea Chile en adelante para los inversionistas. Si el crecimiento del producto se duplica, sí debiéramos ser capaces de aumentar fuerte la recaudación. Y eso ayuda a los propósitos sociales que tenemos”, dice Rodríguez.

Alejandro Ferreiro se muestra escéptico frente a esta “fe” en el crecimiento. Citando diversos estudios de elasticidad, en conversación con El Mostrador advierte que el crecimiento solo compensa entre un 40% y 50% de lo que se deja de recaudar por bajar impuestos. Para él, unir la sostenibilidad fiscal a metas como el control de gastos ministeriales o de licencias médicas es una apuesta incierta que agudizaría el déficit.

“Los puntos más débiles me parece que son dos. Uno, concentrar buena parte del incentivo en rebajas tributarias solo puede agudizar a corto plazo el desequilibrio fiscal o el déficit fiscal. No hay mecanismo de compensación por la vía de otros ingresos tributarios, sino por expectativas de control de gastos, licencias médicas y otros asuntos que tienen un rendimiento menor, que todos los gobiernos lo intentan y pocos lo consiguen. El pendiente de este paquete de medidas es la compensación fiscal para no agudizar el mismo desequilibrio o déficit fiscal que este gobierno considera que son los grandes problemas de las finanzas públicas”, dice Ferreiro.

Contribuciones: el punto de mayor divergencia técnica y política

Donde la distancia entre ambos se vuelve insalvable es en la propuesta de eliminar las contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años.

El economista Jorge Rodríguez apoya la medida, aunque con matices técnicos. Reconoce que es un tema sensible y sugiere que debería tener “cuotas máximas” o topes que no aparecen en el documento original, para evitar beneficiar situaciones que no requieran apoyo estatal.

El economista Ferreiro es implacable. Califica la medida como “derechamente regresiva e injustificable”. Y agrega: “Me parece llamativo y a mí muy contraproducente proponer la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda, incluso para mayores de sesenta y cinco años. Hay que pensar en la progresividad. Las viviendas que pagan contribuciones son pocas, son las de mayor avalúo fiscal. No estamos precisamente frente a la clase media, sino a la clase alta y media alta. Creo que eximir de esto va a generar problemas a los municipios más pobres”.

La propuesta alternativa del exministro es un pago diferido que se haga efectivo solo cuando la propiedad se venda o se herede.

“Permisología”: de dos años a seis meses

El exministro Rodríguez Grossi pone un énfasis especial en la seguridad jurídica y la desburocratización. Valora que la invalidación de permisos sectoriales baje de dos años a solo seis meses, otorgando certeza a quienes invierten.

También califica como “correcto” el reembolso de costos de estudios ambientales a inversionistas cuyos proyectos fueron aprobados y luego rechazados arbitrariamente. Para él, la simplificación administrativa es clave para bajar los costos de los proyectos sin descuidar el medio ambiente.

“Hay una medida muy importante que tiene que ver con la simplificación administrativa del trámite de proyectos, que lo que hace es bajar los costos en que incurren los inversionistas al tramitar el proyecto (…). Para simplificar la función burocrática que tiene el estado de vigilar que los proyectos sean lo mejor posible y lo menos dañino posible. Y eso yo creo que hay que apoyarlo”, dice Jorge Rodríguez.

El exministro Ferreiro, si bien valora el impulso a la inversión y el subsidio al empleo formal (punto en el que coincide plenamente con Rodríguez Grossi), sugiere que para equilibrar la balanza fiscal se debería considerar incluso subir un punto el IVA. Argumenta que, aunque es un impuesto proporcional, el gasto de lo recaudado es altamente progresivo y beneficiaría a los más vulnerables, a diferencia de las exenciones inmobiliarias.

Los factores políticos y la estabilidad

Rodríguez Grossi cierra su análisis con un llamado de urgencia al mundo político. Sostiene que para terminar con la cesantía el crecimiento es “indispensable” y que esto requiere una “tranquilidad y acuerdo social” que Chile ha perdido. Advierte que la batalla política donde la oposición intenta frenar todo lo que beneficie al gobierno de turno ahuyenta la inversión extranjera, la cual busca “estabilidad en políticas económicas” y “seguridad jurídica”.

Ferreiro concuerda en que el Gobierno no puede permitirse un rechazo en el Parlamento, pero insiste en que la negociación debe incluir correcciones para no “destruir el equilibrio fiscal”, al que considera una prioridad nacional.