Ocupando la metáfora marítima, tan argüida por los funcionarios ministeriales en sus visitas a las escuelas, el Estado ha perdido su “hoja de ruta” o ha soltado el timón.
Las editoriales del 5 de mayo de los diarios La Segunda y La Tercera, con un tono de airada melancolía, denunciaron que los diputados de la Concertación habían cedido ante las presiones corporativistas del Colegio de Profesores y funcionarios del Ministerio de Educación, y que al votar en contra del proyecto se habría vulnerado aquel consenso político que tantos éxitos había tenido, entre ellos la promulgación de la Ley General de Educación. La confianza o complicidad de la clase política ha sido traicionada.
Si intentamos entender este naufragio, podemos al menos encontrar dos explicaciones. De un lado, razones políticas, en el sentido de la correlación de fuerzas y ejercicio de poder, y de otro, razones de política pública y su andamiaje técnico asociado a los derechos sociales.
La superficie
Los 49 votos en contra de diputados de la Concertación a los aspectos medulares del proyecto de Ley, revelan un momento de reacomodo y demostración de fuerza de este sector. Se perfila el ejercicio del conocido bloqueo de proyectos tan típico de nuestro sistema político binominal de exclusión. ¿Cuánto fundamento hay en esta votación? Es una incógnita, aunque la historia de la década ha mostrado que la Concertación se ha caracterizado por un vacío notable de proyecto en el ámbito educativo. Pero ha habido un segundo movimiento de superficie. El Ministro de Educación Joaquín Lavín ha convocado a doce expertos en educación. Tres ex ministros de educación (PDC) –dos de ellos sostenedores de escuelas particular subvencionadas-, una ex subsecretaria del ramo, un ex vocero de gobierno y actual integrante del directorio de la Fundación Chile, la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, dos alcaldes, un ex rector de la Universidad Católica, y dos directoras –Liceo n°1 y Colegio Alemán-. ¿No hay aquí intereses corporativos? ¿No han estado varios de estos nombres ligados a la privatización masiva del sistema educativo, y su consiguiente segregación socioeconómica y cultural? ¿No hay aquí nombres asociados a la defensa del lucro y selectividad en educación? ¿Por qué no están representadas las Universidades con carreras de Pedagogía, el Colegio de Profesores, los estudiantes universitarios, los alumnos y alumnas de enseñanza media, los liceos técnico-profesionales, los asistentes de educación, los padres y apoderados…? La estrategia imita la triste omisión que tuvieron estos sectores durante los gobiernos de la Concertación.
El fondo
Si nos sumergimos en los 113 artículos del proyecto y 11 artículos transitorios, podemos entrar en el terreno que silenciaron los editoriales de los diarios, usando el atractivo slogan de la “calidad de la educación” como un bien superior a conseguir, negando la posibilidad de disentir en relación a su contenido. Para no abrumar al lector, intentaré ser sintético, al decir que el proyecto presenta, al menos, las siguientes problemáticas graves:
a) Se inscribe y obedece al marco constitucional neoliberal heredado desde la dictadura. En este sentido, el proyecto sigue actuando bajo la lógica de la igualdad de trato entre lo (que queda de lo) estatal y lo privado, estableciendo incluso mayores requerimientos al sistema estatal de educación. ¿Cómo puede ser sancionada una municipalidad por falencias reiteradas encontradas en una escuela? ¿Las escuelas públicas pueden cerrarse? ¿No es eso renunciar a la posibilidad de una educación pública? Aquí reaparece el recuerdo funesto de la reforma constitucional no aprobada durante el gobierno de Bachelet, que protegía el derecho a la educación. En el proyecto en cuestión, el derecho a la educación queda reducido a una acepción torcida: el derecho a un no cobro económico abusivo. Se hace evidente la necesidad urgente de generar un ideario educativo público, y construido públicamente.
b) Se vacía de funciones al Ministerio de Educación. El sentido común no está errado cuando apela a la responsabilidad del Ministerio en el devenir de la educación, claramente este proyecto atenta contra ese principio, generando entidades paralelas, sin clara coordinación, y donde no se identifican responsabilidades políticas. El Mineduc queda disminuido al diseño de programas, extirpándosele el deber de generar políticas educativas universales. El paso que se debió dar era justamente al contrario, fortalecer el rol del Mineduc, el cual no ha logrado superar su minimización impuesta por la dictadura y luego por el consenso durante los gobiernos democráticos.
c) Se continúa privatizando. En Chile y en el mundo la privatización se ha opuesto a la idea de responsabilidad social y pública. Luego del terremoto hemos tenido claros ejemplos en esta línea. El proyecto de ley supone la posibilidad de tercerizar la ejecución de las acciones de la Agencia y la Superintendencia, difuminándose la posibilidad de ejercer controles desde el Estado, el cual queda como una especie de coordinador de entidades privadas con fines de lucro.
d) Se afirma la educación concebida como un servicio, no un derecho. En el proyecto se habla de usuarios y de su satisfacción, de liderazgo democrático y de una hipertrofiada necesidad de informar y rendir cuentas nominaciones propias de la jerga empresarial, que obvian el componente ciudadano de las escuelas. Es deber de las instituciones escolares generar mecanismos democráticos de acceso y permanencia de su alumnado (no selección), y de gestión (elección de los directores, y resolutividad de los consejos escolares, entre otras medidas posibles). En un sistema educativo democrático la información no es un fin en sí misma, sino que está en función de un proyecto educativo de país y de escuela-.
Cuando amaine la tormenta veremos si nos quedamos aún en la discusión de superficie y de sus salidas de consenso, o se generarán las condiciones para un debate de fondo, que debe incluir a todas nuestras escuelas y sociedad.
