Es aún más llamativo si se considera que en muchos países, comenzando por EE.UU., la modernización de la gestión del Estado comenzó precisamente por el sector defensa.
El martes 20 de abril, el ministro de Defensa expuso en la Cámara de Diputados la agenda de su cartera para el año 2010, y el 21 de Mayo, el Presidente de la República en su mensaje anual al Congreso Pleno, planteó las tareas prioritarias para la defensa durante su mandato. Estos dos hitos determinan además la agenda legislativa -tarea del Congreso-, y dan la orientación para el trabajo de proposición y evaluación de las correspondientes políticas públicas, tareas académicas y políticas para los Centros de Estudio y Comisiones de Defensa de los Partidos.
Los temas de la agenda ministerial se concretan en nueve tareas: dictación del Reglamento interno del Mindef. Continuación del proceso de modernización. Modernización de la carrera militar. Modificación del sistema de financiamiento de la defensa. Sincronización de la Política de Defensa y la Política Exterior. “Adecuación” de la industria militar. Creación de una estructura para la administración del satélite. Modificación de la justicia militar y la Reconstrucción.
[cita]Es aún más llamativo si se considera que en muchos países, comenzando por EE.UU., la modernización de la gestión del Estado comenzó precisamente por el sector defensa.[/cita]
De esta lista, cuatro tareas no hacen al fondo de la función defensa, sino a otros aspectos importantes, pero complementarios de la misma: la reconstrucción, importante, pero circunstancial y accesoria respecto a la misión central y permanente de las FFAA; la modificación de la justicia militar, tarea inicialmente importante para la Concertación, cuya urgencia fue reduciéndose hasta llegar a ser necesaria más que nada para dar cumplimiento a compromisos internacionales; la administración del satélite, que no da para tarea ministerial y la “adecuación” de la industria militar, lo que sea que ello signifique, empujada por los daños producidos por el terremoto y tampoco prioritaria.
Las otras cinco tareas están directamente relacionadas con la primera de ellas: la puesta en marcha de la nueva organización del Ministerio de Defensa.
Ninguna de ellas podría materializarse con eficacia y seriedad sin que la nueva orgánica se encuentre operativa y en marcha, apoyada en una reglamentación clara y completa y dotada del personal en cantidad y calidad apropiado para ello.
En efecto, el proceso de modernización, que es mucho más que continuar la adquisición de equipos y sus elementos complementarios, requiere liderazgo político del ministerio, planificación política y militar conjunta, determinación de capacidades estratégicas, determinación de objetivos de desarrollo de fuerzas, capacidad de definición y selección de alternativas técnicas, definición de programas y estructuración de presupuestos, y de objetivos de capacidades operativas y de entrenamiento y de medidas de evaluación de todo el proceso, es decir de gestión y sobre todo, de control de gestión.
Parece evidente que la implantación del Sistema Plan – Programa – Presupuesto (Sistema PPP), en aplicación en todos los ministerios de Defensa de los países desarrollados desde hace ya medio siglo, y de un probado sistema de control de gestión, deberían ser las tareas prioritarias y centrales de esta etapa.
La modificación de la carrera militar es un problema del que viene hablándose ya largos años y que parece estancado por el equilibrio alcanzado en la negociación entre los diversos intereses corporativos involucrados. En este sentido, de no mediar una intervención externa potente, se continuará aspirando a cambiar un modelo de administración de personal ya más que obsoleto, mediante pequeñas modificaciones a lo existente. Este es, de todas maneras, un elemento crítico pero subordinado a otras decisiones previas.
La modificación del sistema de financiamiento de la defensa, por su parte, no podría ser efectuado con seriedad sin contar con la capacidad de gestión anteriormente señalada. Sería una irresponsabilidad entregarle al ministerio tareas numerosas y complejas sin dotarlo previamente de los medios orgánicos, humanos y de procedimientos de administración y gestión para hacerse cargo y llevarlos a cabo eficientemente. Esto es particularmente crítico si se considera que la nueva ley del ministerio es explícita en cuanto prohíbe incorporar nuevo personal. Esta es una limitante imposible, ya que si al ministerio se le aumentan sustancialmente las tareas en volumen y complejidad y simultáneamente no se le permite aumentar y mejorar la calidad de su planta profesional, se están sembrando las semillas de un problema futuro.
Es sabido que la premura y dificultades habidas para llegar a la aprobación de la ley orgánica del Ministerio de Defensa dejó numerosos cabos sueltos en su articulado, que difícilmente podrían ser resueltos sólo mediante el reglamento de dicha ley, por lo que, muy probablemente, se requerirán modificaciones legales. Así, lo primero sería identificar dichos déficit y luego proceder con las modificaciones legales, proceso que de por sí toma tiempo.
En breve, parecería que lo primero y urgente es trabajar en la organización ministerial, corregir los déficit de la ley, dotar al ministerio de la cantidad y calidad de profesionales correspondientes a sus nuevas tareas y responsabilidades, crear un sistema de administración y gestión a la altura de la magnitud de los recursos humanos, materiales y financieros que administra ese ministerio y sólo después comenzar a asumir las nuevas obligaciones. Que no se diga que se trata de conocimientos exclusivos de funcionarios ya cansados y sin entusiasmo tras veinte años de “asesorías” o que hay déficit de especialistas, ya que estas técnicas de gestión son conocidas por miles de jóvenes profesionales chilenos.
El Mensaje Presidencial, más escueto aún, señala sólo dos tareas para el Ministerio de Defensa: modificación del sistema de financiamiento y modernización de la carrera profesional.
Sorprende que en un gobierno que se autodefine por su dedicación a la gestión, que intenta diferenciarse de los anteriores por su excelencia administrativa y que se aplica con entusiasmo a esta tarea en todo el resto del aparato estatal, este término, gestión, no haya sido incorporado al vocabulario ni a la práctica ministerial de la defensa. Es aún más llamativo si se considera que en muchos países, comenzando por EE.UU., la modernización de la gestión del Estado comenzó precisamente por el sector defensa, con la implantación del sistema PPP ya señalado.
